Salió al cruce así de una información publicada este fin de semana en la que según la cual el espionaje alcanzaría a periodistas, economistas, académicos o ciudadanos críticos del Gobierno.
Luego de que trascendiera este fin de semana la aprobación por parte de la SIDE de un Plan de Inteligencia que abriría las puertas a tareas de espionaje interno, el Gobierno salió al cruce este domingo con un duro comunicado.
La Oficina del Presidente desmintió las versiones periodísticas afirmando en cambio que el actual es “el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos”. Según el comunicado, el presidente Javier Milei “ordenó reconstruir el Sistema de Inteligencia Nacional, destruido por las anteriores administraciones en su afán de saldar internas políticas abusando de sus recursos”.
“El Plan de Inteligencia Nacional es un documento secreto que establece los lineamientos del Sistema de Inteligencia para promover los intereses estratégicos de la Argentina. Al mismo solo tienen acceso el presidente, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso de la Nación”, agrega el texto de la Oficina del Presidente de la Nación.
Según publicó La Nación este fin de semana, el documento elaborado bajo la conducción de Sergio Neiffert, define los ejes estratégicos de inteligencia del país. Reafirma prioridades como la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la defensa de intereses en el Atlántico Sur y la Antártida. Sin embargo, también incluiría formulaciones ambiguas que habilitarían tareas de espionaje interno.
Entre sus puntos, el PIN permite recabar información sobre quienes “erosionen la confianza” en funcionarios encargados de la seguridad nacional o en las políticas económicas del gobierno. Esto podría alcanzar a periodistas, economistas, académicos o ciudadanos críticos de Javier Milei, de Patricia Bullrich o de Luis Caputo. Su vaguedad genera preocupación por una posible vigilancia sobre voces disidentes.