Durante una reunión informativa de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, presidida por Daniel Arroyo (UP), se debatió este lunes sobre una eventual norma que fortalezca a las cooperativas que trabajan en la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

En primer lugar, Mariana Pacheco, de la cooperativa de inclusión socio-laboral La Huella, expresó: "¿Por qué debería haber cooperativas que brinden accesibilidad a las personas con discapacidad y por qué debería haber normativa? Cinco millones de personas viven con algún tipo de discapacidad en Argentina". De ese total, que cuenta con CUD, "el 82,5% no tienen trabajo" entre 18 y 64 años, según datos de la ANDIS de marzo de 2023.

"Este porcentaje es mayor en el caso de la discapacidad psico-social e intelectual, población que sin trabajo tiende a aislarse y aumentan sus síntomas", agregó.

Pacheco resaltó que "el cooperativismo ya en otros países ha mostrado capacidad para brindar accesibilidad a estas poblaciones" y habló de "modelos exitosos" en Italia y España. En ese sentido, indicó que "este modelo demanda instrumentos normativos apropiados".

"La persona trabajando disminuye el gasto en asistencia y medicamentos, conlleva efectos terapéuticos y bajan los casos de reiteraciones", aseguró.

Por su parte, Susana Fígaro, de la cooperativa de inclusión socio-laboral Abriendo Caminos, manifestó que "la importancia de la inclusión y la accesibilidad laboral en la sociedad y las experiencias de las cooperativas pueden jugar un papel fundamental en el desarrollo de estos valores y de las personas con discapacidad".

Asimismo, abogó por tomar "iniciativas sustentables" y declaró que el compromiso para "trabajar en conjunto" y "crear un marco legal adecuado".

Gustavo Sosa, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, detalló los antecedentes normativos sobre el cooperativismo de inclusión laboral y consideró que, en una eventual norma, se debe "reconocer a los múltiples actores que integran estas entidades, por eso una cooperativa de inclusión laboral es disruptiva respecto a una cooperativa de trabajo; aquí tenemos personas que están trabajando, personas que están acompañando, familias, y entidades públicas y privadas".

Sobre los beneficios que tendría que contemplar, subrayó los de carácter impositivo, no sólo sobre el impuesto a las Ganancias, sino también sobre débitos y créditos y el IVA. "Es interesante pensar un mecanismo para que puedan recibir donaciones", sumó.

A su turno, Rodolfo Tolosa, de la Federación de Cooperativas y Mutuales del Turismo, sostuvo: "Convivimos con innumerables mitos y prejuicios asociados a las personas con discapacidad, mitos que generan una brecha, limitando el desarrollo vital de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades ya sea laboral, educativo o de convivencia".

Desde la entidad que representa se "propicia un espacio que responda a la necesidad de las personas dentro del sector turístico", ya que "las personas viajan a donde pueden, no a donde quieren". "Hay que lograr la accesibilidad e igualdad de oportunidades en la industria turística", aseveró.

Marcelo Betti, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Banco Credicoop, valoró que "en las cooperativas tenemos un lugar privilegiado, porque allí no es el fin de lucro, la maximización de la utilidad lo que motiva su naturaleza, sino que se buscan satisafacer necesidades humanas". Además, hizo referencia a que las cooperativas son mencionadas en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde "se insta a los estados a promover cooperativas que fomenten el empleo de personas con discapacidad".

Entre los oradores, participó de la reunión Eugenia Pomazán, secretaria de Coordinación y Fortalecimiento Familiar del gobierno de Córdoba, quien habló de los programas para las cooperativas y uno de ellos con el cual alcanzaron a "15 mil personas con discapacidad". "Esta política responde a una demanda histórica de las organizaciones sobre el financiamiento o fortalecimiento, mejor dicho, por fuera de un sistema prestacional. Un fondo en 2024 de 1.300 millones de pesos y este 2025 triplicado, más de 3.000 millones de pesos; se siguen fortaleciendo propuestas de inclusión laboral y social de las personas con discapacidad", apuntó.

Y añadió: "Celebramos iniciativas que intentan construir respuestas concretas a aquellas organizaciones que con mucho esfuerzo intentan salir de un modelo asistencial hacia uno de dignificación de sus miembros".

En tanto, Raúl Lucero, director de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la provincia de Buenos Aires, aseguró que actualmente la situación de los adolescentes y jóvenes con discapacidad "es una gran preocupación", no sólo por su terminalidad educativa sino su inserción laboral posterior.

El funcionario reivindicó el programa de Talleres Protegidos, uno de los más históricos, pues surgió antes que la Convención misma. Se trata de "espacios para iniciar la formación y ser un lugar de resistencia a la alternativa terapéutica", indicó. Y precisó que "la provincia hoy contiene a 176 Talleres Protegidos", siendo Buenos Aires "la única provincia que acompaña con una beca".

Lucero abogó por "normas que equiparen oportunidades, que compensen la justicia social, que se piensen con las personas con discapacidad. Acá hay un gran desafío".