El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley para derogar la prohibición de allanamiento de domicilios particulares y comerciales de los funcionarios públicos en el marco de investigaciones judiciales, excluyendo los despachos oficiales, de todos los funcionarios comprendidos en la Ley de Fueros sancionada en el año 2000.

“Nuestra propuesta tiene como objetivo acelerar las causas judiciales que involucran a funcionarios públicos, diputados y senadores nacionales y que éstos no tengan tiempo de eliminar pruebas que los involucren en casos de corrupción y otros”, señaló.

Para el bonaerense, "la prohibición de allanar domicilios particulares y comerciales de los funcionarios no sólo obstaculiza el accionar del Poder Judicial, sino que erosiona la confianza en las instituciones y en el orden jurídico”.

“Los fueros están para proteger al funcionario de una persecución política o judicial que lo priven de la libertad sin una condena, pero no para evitar que la justicia busque pruebas durante el proceso judicial en los ámbitos que crea conveniente”, sostuvo.

Finalmente, el legislador argumentó: “Queremos darle herramientas a la Justicia para que pueda investigar y allanar sin trabas de parte de la corporación política, pero preservando los despachos oficiales del funcionario público".