Luego del histórico rechazo a dos pliegos de jueces de la Corte Suprema, un plenario de comisiones del Senado comenzó este miércoles con el debate de una serie de proyectos que plantean una ampliación de los miembros del máximo tribunal, actualmente compuesto por 3 de sus 5 integrantes.

La discusión estuvo motorizada desde el interbloque Provincias Unidas, con la cordobesa Alejandra Vigo como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y con el salteño Juan Carlos Romero, aliado del oficialismo, sumando una iniciativa en los últimos días.

El tema no es nuevo: durante el gobierno del Frente de Todos se aprobó una media sanción -que después perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados- por la cual se ampliaba la Corte a 15 miembros, impulsada entonces por el kirchnerismo.

Tras la derrota en el Senado con Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla (que había jurado y luego renunció), el gobierno de Javier Milei decidió no enviar en lo que resta del año otras propuestas para completar el máximo tribunal. Tales nombramientos requieren de los dos tercios de los votos.

Durante la reunión, desde La Libertad Avanza tomó la palabra el riojano Juan Carlos Pagotto, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. El senador pidió “escuchar todas las voces” y traer expertos. Fue en la misma línea que lo expuesto por Vigo, quien arrancó aclarando que la reunión sería informativa y las próximas también.

La cordobesa sostuvo que se trata de “un tema que es sumamente importante” y, por eso, se tomarán “el tiempo” para analizar los ocho proyectos en carpeta, con invitados -entre ellos del Poder Ejecutivo-, y “debatir todo el tiempo que haga falta” para “llegar a un consenso para un dictamen final”.

Con matices, las distintas iniciativas buscan aumentar el número de cortesanos en 7, 9 y hasta 15. Además, se plantea establecer el cupo/la paridad de género y la representación federal.

Los proyectos corresponden a Silvia Sapag (UP), Nora del Valle Giménez (UP), Flavio Fama (UCR), Juan Carlos Romero (LPU), Alejandra Vigo (LPU), Lucila Crexell (LPU) y Mónica Silva (JSRN).

Al hacer uso de la palabra, Romero consideró que “el hecho que haya ocho proyectos implica la importancia del tema” sobre el cual “debería surgir un consenso que permita tener un dictamen”. “Este no es un proyecto jurídico, sino político”, aseveró y apuntó que, por lo tanto, “requiere del diálogo y del consenso”.

El salteño lamentó que “tengamos sin cubrir hace más de una década el procurador general” y “cientos de cargos que están pendientes”. “Necesitamos que estén cubiertos los cargos en todos los niveles de la Justicia”, expresó y admitió que “el hecho que esto esté pendiente no es más que la falta de consenso”.

El legislador del interbloque Las Provincias Unidas reivindicó que “la Constitución en el ‘94 agravó muchas designaciones, exigiendo los dos tercios”, pero “en esa década había partidos políticos fuertes y sólidos, que lograron acuerdos para alcanzar esa reforma”. “Hoy, después de dos décadas de grieta y fracaso de la política en lograr consensos, tenemos estas falencias”, observó.

En su alocución, Romero se refirió al “riesgo de vivir con conjueces tomando decisiones”, lo que hace que aumente “la dilación de la resolución” y “lo más grave” -opinó- es que “al ser gente que viene de otros tribunales, puede llegarse a cambiar la jurisprudencia histórica que tiene la Corte en muchos temas”.  “Esto sí trae inseguridad jurídica; algunos dicen que aumentar el número también. Pero más grave que aumentar el número es que se pierda una línea de trayectoria en los fallos que nos haga previsibles”, argumentó.

Finalmente, el senador aliado del oficialismo advirtió que “de nada sirve aprobar una ley si no hay voluntad política de las fuerzas mayoritarias de lograr un consenso de los dos tercios”. “En algún momento todas las fuerzas debemos entender que si no hay consenso no habrá cobertura de cargos”, cerró.

Por su parte, el senador radical Pablo Blanco manifestó: “Me parece muy importante que discutamos si la Corte Suprema tiene que ser cinco, siete o nueve, pero a mí lo que me preocupa es que últimamente este Senado se esté juntando pura y exclusivamente por temas que nos interesan a la clase política”.

“Es importante que tengamos Auditoría General de la Nación, que hace 30 días está vacante y es una vergüenza que un Gobierno que se dice defensor de las auditorías no facilite la discusión para el cumplimiento de la ley. Pero es mucho más importante discutir la problemática que está teniendo la gente con discapacidad, con los créditos UVA…”, remarcó.

Desde Unión por la Patria, el jefe del interbloque, José Mayans, coincidió con Romero en que “esta es una discusión del sector político”. “El Poder Judicial tiene una crisis tremenda porque no tiene credibilidad en el pueblo argentino. Más del 90% no cree en la eficacia, eficiencia e imparcialidad de la justicia”, dijo.

El formoseño cargó luego contra los jueces de la Corte, de quien consideró que “no están a la altura de las circunstancias” y cometen “una violación permanente de la Constitución Nacional”. En esa línea, recordó que “el Consejo de la Magistratura está basado en una ley que está derogada. La Corte declaró inconstitucional la ley y puso en vigencia una que estaba derogada”.

“Son jueces ineptos, corruptos y no merecen el cargo de juez de la Corte”, disparó y señaló que “no tenemos Presupuesto Nacional, no tenemos política cambiaria, no tenemos política monetaria, política fiscal, ni impositiva, previsional, educativa, de salud, de seguridad, de defensa, de control de la deuda, de relación con los estados provinciales. Y tenemos una Corte que ante cualquier reclamo mira para otro lado”.

Mayans aseguró que desde su bloque están “dispuestos a un diálogo institucional” y “a reparar lo que haya que reparar con fuerza de ley”, pero subrayó: “Hay que terminar con las mezquindades, sino vamos a terminar con la Patria misma”.

“Me cuesta creer cuando escuchamos que hoy está todo mal y nadie se hace cargo de todo lo que viene pasando”, reclamó el jefe de la UCR, Eduardo Vischi, quien recordó que en cuanto a la designación de jueces, el peronismo “manejaba las decisiones de este Senado desde el ‘83 hasta hace dos años”. En ese sentido, criticó que “las instituciones sean buenas si están de acuerdo con lo que pienso y si no las empiezo a mancillar con denuncias”. “La sociedad no quiere ver la discusión partidaria”, afirmó el correntino y pidió que “primero hagamos lo que hay que hacer” con el nombramiento de auditores en la AGN.

Muy dura contra el funcionamiento de la justicia, la kirchnerista Silvia Sapag hizo referencia a las marchas de los jubilados de cada miércoles ante el Congreso, donde “no hay ningún juez que los defienda; no hay un solo juez que venga un miércoles acá a ver lo que sucede”. “Esto de no tener justicia en nuestro país pasa hace mucho tiempo. En la dictadura, ¿dónde estuvo el Poder Judicial?”, planteó y aseveró: “Desde allí a ahora el Poder Judicial no existe, o está viciado”.

La neuquina habló de “un poder monárquico, el poder mejor pago, donde esconden lo que ganan” y “eso los transforma en coimeados”. “La degradación es total y esto ha ido in crescendo desde los tribunales más bajos a la Corte Suprema”.

Sobre una de sus iniciativas, que propone la paridad de género, Sapag dijo que “esto sigue siendo importante”, pero “hay otras cosas tan graves…”.

Romero recogió el guante y pidió debatir de cara “al futuro” y “no al pasado”. “El barro que tiramos contra las instituciones nos vuelve como un boomerang a todos”, resaltó y defendió que la justicia que tenemos es “la misma justicia que condenó represores y en las últimas dos décadas a corruptos”.

En idéntico sentido, Pagotto indicó que esta discusión “requiere de una seriedad y objetividad que nos impida tener una mirada tan subjetiva y despojarnos de todo tipo de militancia”. “Tenemos que buscar que la administración de justicia funcione y hace mucho tiempo no funciona”, señaló, pero insistió en “escuchar todas las campanas” y “despojarse de las cuestiones ideológicas”.