El diputado nacional Julio Cobos señaló que “recientemente, la Dirección Nacional de Vialidad firmó un acuerdo con la provincia de Mendoza, para transferir durante un lapso de tres años el mantenimiento y conservación de algunos tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143. Fiscalía de Estado analizó el convenio y si bien dio su aval legal, realizó una advertencia respecto del posible perjuicio que el actual esquema de asignación de recursos nacionales puede perjudicar a la provincia y plantear una situación de inequidad con el resto de los estados provinciales”, y agregó “de ser así, es fundamental que Mendoza realice los reclamos correspondientes al Gobierno nacional para defender los derechos de los mendocinos”.

El legislador radical explicó que “en virtud de la observación formulada por la Fiscalía de Estado de Mendoza respecto al régimen fiscal vigente, que podría perjudicar tanto a nuestra provincia como a otras jurisdicciones, es importante aclarar el origen de parte del presupuesto de Vialidad Nacional” y agregó, “una porción significativa de dicho presupuesto proviene de impuestos específicos sobre los combustibles, particularmente del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, creado por ley en 2002. Estos tributos tienen una asignación específica: deben destinarse al mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial a través del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte”.

“De acuerdo con el Decreto 976/01, el 28,58% de lo recaudado por estos impuestos debe aplicarse al financiamiento de obras viales dentro del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). El impuesto está compuesto por alícuotas y montos fijos que se actualizan mensualmente en función del precio del combustible”, señaló Cobos y agregó “estos recursos son recaudados por el Gobierno Nacional, pero no están siendo girados a la DNV por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, como corresponde por ley. Cabe recordar, además, que el desvío de fondos constituye un posible delito y una doble injusticia: es injusto que las provincias, que ya han cedido parte de su coparticipación mediante esta afectación específica, deban además utilizar recursos propios para financiar obras que no son de su competencia directa”.

El diputado explicó que con este pedido “queremos advertir que si el Gobierno Nacional no está transfiriendo estos fondos conforme lo establece la normativa vigente, y les está dando un destino diferente, corresponde exigir el cumplimiento de la ley. De lo contrario, debería derogarse la asignación específica, permitiendo así que esos recursos regresen directamente a las provincias”.

“Según lo manifestado por distintas entidades gremiales, entre enero y diciembre de 2024 la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos fue de 2.520.915 millones de pesos. En el primer bimestre de 2025, de los 600.000 millones de pesos recaudados por el mismo concepto, solo se transfirieron 18.000 millones a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), cuando deberían haberse transferido 86.000 millones conforme lo establece el Decreto 976/01, que reglamenta la Ley 23.966. Esto significa que se giró apenas el 20,96% de los fondos que le corresponden al organismo”.

Finalmente, Cobos dijo esperar “que el Ejecutivo Nacional dé respuestas para saber si se está perjudicando a las provincias y que la SIGEN y la AGN intervengan. La realidad es que esta política de abandono de la obra pública del gobierno nacional afecta seriamente a la infraestructura de las provincias, aumenta considerablemente los costos logísticos por el aumento de los seguros, afecta a la seguridad vial de millones de usuarios que transitan día a día y atenta contra el federalismo”.