Se trata de un proyecto que no puede llegar nunca a buen puerto. La OPC intentó echar luz sobre los costos de su implementación y reveló los resultados de su trabajo.
Se trata de un proyecto demandado por todos los sectores, bastante transversal en cuanto a quienes abogan por su aprobación, pero una y otra vez el tema queda en el camino. Ya ha obtenido dictamen y ha perdido estado parlamentario.
Hablamos del proyecto de trazabilidad de la pesca, que tuvo dictamen en Diputados el 16 de noviembre de 2022, pero no llegó al recinto y perdió estado parlamentario a fines de ese año. Razón por la cual, y ante el consenso que tiene el tema, fue reflotado el 13 de junio de 2023 para que se le volviera a dar dictamen en el seno de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios a una iniciativa que unificaba entonces proyectos impulsados por el peronista Carlos Selva y la radical Ximena García, ambos ya exdiputados.
Pero si bien se especuló con la incorporación del tema en las sesiones posteriores, eso no sucedió, por lo que en el mes de octubre de ese año se pidió durante una sesión un apartamiento del reglamento para sumarlo al temario de esa jornada. Terminaron aprobándolo con las ¾ partes de los diputados presentes, pero al finalizar la sesión había sido el único tema que se quedó sin tratar: se cayó el quórum justo cuando trataban de abordarlo.
El año pasado los intentos de dictaminar fueron vanos en ambas cámaras y el pasado 21 de mayo un plenario de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo sustentable, y de Justicia y Asuntos Penales del Senado fracasó por falta de quórum en su intento por tratar el tema. Ahora dicen que será puesto en agenda.
La novedad es que la Oficina de Presupuesto del Congreso acaba de dar su informe sobre esta iniciativa que tiene por objetivo crear el Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura con el fin de garantizar el adecuado control de cumplimiento de las normas de salubridad, seguridad y sostenibilidad del recurso pesquero.
El costo fiscal de la medida viene asociado principalmente con la implementación de un software para utilización en dispositivos electrónicos por parte de los operadores que intervengan en cualquier momento de la cadena de comercialización.
Sin embargo el informe de la OPC concluye que por falta de información precisa no es posible estimar el impacto fiscal de los estímulos a productores y comercializadores de productos de pesca y acuicultura como tampoco el ingreso por presuntas multas a aplicar en el futuro que compensarían ese gasto.
Carácterísticas del proyecto
El proyecto de ley crea el Sistema Argentino de Trazabilidad de los proyectos de la pesca y de la acuicultura con destino al mercado interno y de exportación, con el fin de garantizar el adecuado control de cumplimiento de las normas de procedencia, salubridad, seguridad, competencia y sostenibilidad del recurso pesquero.
El impacto fiscal que demandaría la aprobación del proyecto de ley deviene de la aplicación a los artículos 8 y 12, que reportan mayores gastos. En el caso del primero, refiere a la implementación de un software para utilización en dispositivos electrónicos a los fines de almacenar los datos que se cargarían en el Sistema Argentino de Trazabilidad, que llevará a cabo la autoridad de aplicación.
El artículo 12 establece el establecimiento de una o varias líneas de crédito para el apoyo financiero de los operadores alcanzados por la ley, a efectos de la implementación de los sistemas requeridos. El mismo será llevado a cabo por el PEN a través de la banca pública.
En cuanto a mayores ingresos, se refiere al artículo 15, que establece la aplicación de multas de entre $100.000 y $100.000.000 en caso de sanción por infracciones.
La OPC indica respecto al financiamiento de los mayores gastos previstos en el proyecto que el artículo 11 dispone que para la puesta en marcha del Sistema de Trazabilidad, el Poder Ejecutivo establecerá por tres períodos consecutivos en el presupuesto nacional una partida específica que garantice la implementación de los procesos, sistemas y tecnologías que requiera su funcionamiento, lo que incluye, por ejemplo, la implementación del software. La magnitud de dicha partida dependerá de la reglamentación que haga el Poder Ejecutivo, por lo que la Oficina de Presupuesto del Congreso no cuenta con información necesaria para estimar el costo que conllevaría su desarrollo.
No obstante, aclara la OPC, a los fines de dimensionar el costo que podría llegar a demandar la adquisición del software y su posterior mantenimiento dentro del presupuesto nacional, presentó una serie temporal con la ejecución de las partidas del gasto que están destinadas a la adquisición de actores intangibles (programa de computación) y al mantenimiento de los sistemas informáticos de toda la administración nacional.
Según los datos brindados por la OPC, se observa un comportamiento relativamente homogéneo a lo largo de los años. En el promedio del período, las partidas asociadas a adquisición y mantenimiento de programas de computación, representan el 0,05% de la ejecución total del gasto de la Administración Nacional con mínimos en 2020 y en 2024 que llegaron a 0,03%. Dada la naturaleza de las partidas vinculadas con la adquisición de activos (erogación por única vez) y su posterior mantenimiento, podría inferirse que la adquisición del software para poner en funcionamiento del Sistema de Trazabilidad no modificará sustancialmente la proporción observada de dichas partidas sobre el total del gasto ejecutado. En 2025, el presupuesto asignado fue de $60.344 millones se corresponde con 185 programas presupuestarios, lo que arroja un promedio de $326 millones por programa.
Por otra parte, en cuanto al apoyo financiero a los operadores a través de líneas de créditos, cuya forma de implementación no se conoce aún y a la aplicación de multas por eventuales sanciones, que podrían derivar en mayores ingresos, la estimación de un impacto fiscal requeriría de la realización de una gran cantidad de supuestos acerca de las decisiones fiscal requerida de la realización de una gran cantidad de supuestos acerca de las decisiones y acciones adoptadas por los operadores que intervengan en cualquier momento de la cadena de comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura (captura, crianza, acopio, elaboración, manufactura, congelado, empaque, acondicionamiento, transporte distribución mayorista, comercialización importación y exportación, entre otras), que la Oficina de Presupuesto del Congreso no está en condiciones de realizar.