El oficialismo llegó a la reunión informativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales con la intención de suscribir despacho, pero le faltó una firma. Reclamo del radicalismo díscolo y ausencia de Encuentro Federal.
Fotos: HCDN
Aunque se anticipó como una reunión informativa, en la que efectivamente se escucharon a especialistas, en el arranque del encuentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados este miércoles, el oficialismo intentó empujar la firma de un dictamen para reformar la composición de la Auditoría General de la Nación y la duración de los mandatos de los auditores. Finalmente, no tuvo éxito.
El bloque de La Libertad Avanza podría haber contado con el apoyo de sus aliados del Pro, UCR e Innovación Federal, al igual que la CC en esta ocasión, pero lo cierto es que le faltaba una firma para poder habilitar un dictamen: requería 17. Además, fue clave la ausencia de los representantes de Encuentro Federal Juan Brügge y Margarita Stolbizer, y el rechazo desde el radicalismo díscolo.
El presidente de la comisión, el libertario Nicolás Mayoraz, explicitó en el comienzo “la intención de hacer un dictamen para modificar la Ley de Administración Financiera en lo que tiene que ver con la integración del colegio de auditores, la duración de sus mandatos y la forma de elección”, independientemente de que más adelante se avance con una reforma integral de la Ley 24.156.
Al cruce salió rápidamente el jefe del bloque Democracia para Siempre. “No había ninguna intención, por lo menos hasta esta mañana, de que se dictamine. Hay un infierno de proyectos presentados en distintos sentidos por distintas bancadas”, apuntó Pablo Juliano, que habló luego de Leopoldo Moreau, quien argumentó los motivos por los que Unión por la Patria se retiraría de la sala. El principal de ellos, el fallo de la Corte contra Cristina Kirchner.
El bonaerense reprochó que se buscaba “dictaminar sobre tres artículos que reducen la conversación a cargos” y exhibió el borrador que había circulado. De acuerdo con ese texto, al que accedió parlamentario.com, se propone pasar de un colegio de 7 auditores a 9, con un presidente -de la principal oposición, como establece la Constitución- y cuatro representantes por cada cámara del Congreso.
Actualmente, desde el año pasado están pendientes las tres designaciones por Diputados, mientras que las del Senado vencieron a fines de marzo pasado y tampoco se resolvieron.
Además, se busca acotar el mandato de los auditores de 8 a 4 años y se establece que deberán percibir una remuneración equivalente a la de un legislador nacional, aunque hoy día un senador gana el doble que un diputado.
Igualmente, con este cambio, el oficialismo mostró que modificó la propuesta que había planteado en su proyecto el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que pretendía quitarle una silla al Senado, desde donde destrozaron esa iniciativa.
“Qué mal gusto que tiene este debate. ¿Escondiendo las cartas en el propio Congreso de la Nación? Al otro día de que fue condenada una expresidenta de la Nación, justamente porque lo que tiene que funcionar son los órganos de control”, lanzó Juliano y le avisó a LLA que “no cuenten con Democracia para Siempre para esta conversación”.
El radical agregó: “Los que firmen esto son cómplices de que los organismos de control miren para el costado. Van camino a cometer otro fracaso, a meter la pata si el debate de un órgano de la Constitución Nacional está sesgado y reducido”. “Están buscando repartir cargos para garantizar impunidad”, denunció y rechazó que se estén “haciendo trampas entre bambalinas”. “Es una vergüenza lo que está pasando”, sumó.
Finalmente, tras la exposición de los especialistas, Mayoraz consideró que entre los proyectos “hay coincidencias importantes” y la idea es “trabajar sobre ejes temáticos” para “ver si podemos arribar a un dictamen común”. “Es difícil, pero hay que llegar a algo que se pueda discutir oportunamente”, completó.
Hacia el cierre, la diputada del Pro Silvana Giudici afirmó que “es necesario que podamos volver a convocar a la comisión para avanzar con este dictamen”. “Si uno lo toma a la ligera parecería que es solo una cuestión de cargos, pero para mí es una cuestión de destrabar una barrera”, opinó.
La bullrichista señaló que la elección de los auditores estaba planteada “para un sistema bipartidario” pero “ante la fragmentación política actual y las nuevas características del Congreso hace falta que lo adecuemos”. “Lo peor que podemos hacer es quedarnos inmóviles y quedarnos sin auditores”, completó.
En tanto, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, consideró que “la situación en la que estamos es crítica y los auditores de esta Cámara hace más de un año que no están nombrados; y todos los gobiernos necesitan auditorias, el que pasó, el actual y el que venga”.
Desde DpS, Carla Carrizo pidió que “no solamente se resuelva la integración”. “Es importante no solamente pensar en cómo se integran, sino cómo funcionan, porque no importan cuántos integrantes tengamos si los mecanismos de control funcionan mal”, sostuvo.
Por su parte, la libertaria Mercedes Llano mostró una disidencia con la propuesta: “Tenemos que darle una clara señal a la sociedad que hay una voluntad política de desterrar los privilegios y los abusos, por eso, en ese sentido, entendemos que este proyecto debería determinar con contundencia y nitidez cuál será la remuneración de los auditores”.
Otra de las que habló en el cierre fue la diputada macrista Silvia Lospennato, quien pidió que la comisión abra el debate sobre una modificación de la Ley de Ética Pública, tema que “está entre los compromisos que Argentina asumió con el FMI”; y también la eliminación de la figura del parlamentario del Mercosur para que se vuelva “a la elección indirecta”. “Es un gasto grande que pagan todos los contribuyentes argentinos para una función casi inexistente”, planteó.
Unión por la Patria no participó de la reunión
En el comienzo, los diputados de Unión por la Patria se sentaron en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja para retirarse inmediatamente después de la intervención de Leopoldo Moreau, el primero en hablar.
El radical K argumentó que no participarían de la reunión por el operativo de seguridad desmedido en los alrededores del Congreso, la detención del dirigente Juan Grabois el pasado sábado y, principalmente, el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a prisión de Cristina Kirchner.
“Desde nuestro espacio venimos advirtiendo que la Argentina sufre una peligrosísima escalada hacia el autoritarismo, cuyo objetivo es romper el pacto democrático que se fundó en 1983 y se fue consolidando con el paso del tiempo”, expresó el legislador, que observó que esto “alcanzó esta semana su punto más culminante”.
Moreau justificó que UP no participe “de estas comisiones ni de ningún tipo de actividad que signifique naturalizar esta situación que nos está poniendo al borde de un Gobierno que pretende ejercitar este autoritarismo sin límites”.
“Hoy el Congreso está virtualmente sitiado por fuerzas federales, sin ningún tipo de justificación, esto ya no se puede seguir naturalizando”, enfatizó y añadió: “El Estado de Derecho en Argentina está muriendo”.
La mirada de especialistas
Durante la reunión, expuso de manera virtual la exauditora Emilia Lerner. “Toda discusión sobre la AGN debe partir del principio de independencia de la autoridad superior y de los miembros, incluyendo la seguridad en el cargo y la inmunidad legal en el cumplimiento de sus obligaciones”, señaló.
“La Declaración de Lima dice que los organismos de control solo pueden cumplir eficazmente sus funciones si son independientes de la institución controlada y se encuentran protegidos contra influencias exteriores”, argumentó.
A su turno, la exdiputada Carla Pitiot agradeció a las legisladoras Mónica Litza (UP) y Margarita Stolbizer (EF) por retomar un proyecto de su autoría presentado en 2016.
La dirigente del Frente Renovador resaltó que “estamos ante una ventana de oportunidad después de tantos años, hay mucha expectativa por parte de los trabajadores de la AGN” y pidió “no quedarse a mitad de camino” en cuanto a modificar la normativa.
La directora del Observatorio de Control Público de la Fundación Éforo manifestó: “Hoy la AGN es un organismo virtualmente acéfalo, no tiene quórum para sesionar y los trabajadores del organismo no pueden desplegar el potencial de su trabajo. El proyecto no se queda solamente con regular la actuación de la AGN, sino que aborda la reglamentación de la actuación de todos los actores del sector de control externo”.
En ese sentido, Pitiot recalcó que “la reglamentación es imprescindible y completar la composición del colegio de auditores con el nombramiento de diputados y senadores es urgente para normal funcionamiento e institucionalidad del sistema de control”.
En tanto, Hugo Buisel Quintana, de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), habló en nombre “de los trabajadores del control, de la AGN y de todos los tribunales de cuentas”.
“Vine preocupado porque se va a sancionar una ley modificatoria del control en la República Argentina. Nunca hemos podido sentarnos a hablar en serio del rol de los organismos de control. La discusión que deberíamos dar es qué hacemos con el control y cómo hacemos para acercar a la gente a la política si no es a través de la transparencia”, sostuvo.