Con apoyo transversal de todas las fuerzas políticas, un proyecto de ley propone actualizar la normativa vigente para abordar la problemática del suicidio de manera integral y con perspectiva federal.
Las diputadas nacionales Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) y Eugenia Alianiello (Unión por la Patria) presentaron un proyecto de ley que busca reformar y ampliar el alcance de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio (Ley 27.130), sancionada en 2015. La iniciativa cuenta con la adhesión de legisladores de todos los bloques y apunta a reforzar el abordaje institucional de una problemática que, según cifras oficiales, genera un promedio de 22 eventos diarios en la Argentina.
El proyecto propone la creación del Plan Nacional de Prevención del Suicidio, bajo la órbita del Ministerio de Salud, con participación del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones, organizaciones especializadas y referentes académicos. El objetivo es avanzar en una estrategia coordinada a nivel nacional, que permita actuar de manera preventiva, asistencial y de posvención, con foco en todas las franjas etarias.
Entre las modificaciones más relevantes, el proyecto contempla la creación de un registro detallado y obligatorio de intentos y suicidios consumados, con información sobre edad, género, causas, modalidad, y evolución mensual. Este registro será alimentado por sectores públicos y privados y deberá incluir los casos corroborados por el Poder Judicial, un punto que hasta el momento no está previsto en la ley vigente.
La propuesta también plantea reformas en el ámbito educativo, incorporando de forma obligatoria materias vinculadas a la prevención del suicidio en las carreras universitarias de psicología y afines, así como en la formación docente. Además, exige campañas masivas de concientización sobre salud mental, adicciones y abuso sexual, especialmente en niños, niñas y adolescentes.
Otro punto central es el fortalecimiento de la atención en situaciones de crisis. El proyecto encomienda al Ministerio de Salud la elaboración de un protocolo nacional de actuación ante el riesgo suicida, así como la coordinación de una línea telefónica gratuita, activa las 24 horas, con operadores capacitados y una red de derivación a dispositivos de asistencia. También se prevé la creación de un sitio web oficial, con acceso a información, canales de ayuda y recursos de acompañamiento para personas en crisis y sus familiares.
En los fundamentos, Campagnoli y Alianiello subrayan que la ley actual fue un paso fundamental, pero requiere una actualización para adaptarse al contexto postpandémico y a los desafíos emergentes. “Podemos lograr una verdadera red de contención para prevenir el suicidio, asistir a quienes lo han intentado y acompañar a sus seres queridos”, sostienen.