En un acto encabezado por el presidente, se anunciará este martes una profunda y polémica reforma de la Policía Federal, que incluiría facultades excepcionales, contrataciones sin licitación y cambios operativos por decreto, sin pasar por el Congreso.
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, anunciará este martes una revolucionaria y controversial reforma de la Policía Federal, que le daría a la fuerza facultades inusuales e, incluso, facilitaría contrataciones directas esquivando las licitaciones. Al parecer, la iniciativa no pasaría por el Congreso.
De acuerdo con lo informado por medios periodísticos, Bullrich planteará un nuevo rol y “modernización” de la Policía Federal como el ‘nuevo FBI argentino'’, es decir una fuerza de élite dedicada a la investigación del crimen organizado y transnacional, y no a la persecución de delitos menores o control del tránsito.
Algunos cambios serían polémicos, en temas siempre controversiales como la detección de personas que no puedan acreditar su identidad por un lapso de tiempo o hacer requisas sin aval judicial.
A esos temas espinosos se suma que la reforma saldría por decreto de necesidad y urgencia, según trascendió, una fórmula usual utilizada usualmente por el gobierno de La Libertad Avanza para eludir al Congreso.
El anuncio de la reforma a la Ley Orgánica de la Policía Federal (de 1958, cuando Argentina era gobernada por una dictadura) está previsto para este martes y estará a cargo de la propia Bullrich en un acto encabezado por el presidente Javier Milei.
Está previsto para las 14.15 en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en Cavia 3300, en el barrio porteño de Palermo.
La ministra -en campaña electoral denostada por Milei y actualmente valorada por haber exterminado los piquetes y acampes- planea habilitar, según esas publicaciones, contrataciones sin llamados a licitación, sorteando así leyes vigentes que prohíben ese formato en el Estado nacional.
El otro problema es que la propuesta de Bullrich avanzaría sobre el Código Penal y leyes procesales, materia que le competen al Congreso nacional y, si lo hace por DNU, no se entiende la urgencia.