A un año de la sanción de la Ley Bases, la Fundación Pensar difundió un informe crítico donde sostiene que la estabilidad económica no es suficiente si no está acompañada de justicia eficaz, instituciones sólidas y una política exterior inteligente. Bajo el título “Justicia para todos”, el documento pone el foco en las debilidades estructurales que, según la organización, impiden consolidar un verdadero proceso de desarrollo.

El texto comienza con una reivindicación del reciente fallo de la Corte Suprema que confirma la condena penal a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, enmarcando el análisis en torno al principio de igualdad ante la ley. Desde allí, el informe despliega un balance del primer año de implementación de la Ley Bases y expone preocupaciones por la falta de consensos y el avance fragmentado de las reformas.

Entre los datos más salientes, destacan que solo cuatro proyectos fueron aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ninguna empresa pública fue privatizada y que el blanqueo laboral alcanzó a apenas el 0,24% de los trabajadores informales. El documento también señala una caída del empleo formal y un aumento de los litigios, signos que interpretan como síntomas de un desarrollo inestable.

“La estabilización por sí sola no basta. Sin instituciones creíbles, sin reglas claras ni capital humano competitivo, el crecimiento no se sostiene”, advierte el exministro Hernán Lacunza en la editorial del informe. En sintonía, figuras como Silvia Lospennato, Martín Casares y Fulvio Pompeo apuntan contra la inestabilidad institucional, la ausencia de justicia confiable y el aislamiento exterior como factores clave a revertir.

El documento también cuenta con aportes de referentes como Mora Jozami, Daiana Fernández Molero y Andrés Ibarra, quienes reflexionan sobre la necesidad de fortalecer lo social, lo humano y lo republicano como pilares de un futuro sostenible.