Un día después de su publicación en el Boletín Oficial, el Frente de Izquierda – Unidad presentó un proyecto de ley para anular el DNU 383/2025 por el que el Gobierno nacional creó el nuevo estatuto y facultó a la Policía Federal Argentina (PFA) de realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas.

“Como denuncian especialistas en seguridad y organismos de derechos humanos, los múltiples antecedentes de detenciones y armado de causas, ya registrados durante la anterior gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de Mauricio Macri, donde a partir de mensajes publicados en las redes sociales críticos del Gobierno se detuvieron a personas y se les armaron causas por amenazas e intimidación pública, preanuncian el sentido que tiene esta decisión”, señalaron en los fundamentos.

El proyecto lleva las firmas de los diputados nacionales Christian Castillo, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Vanina Biasi y Vilma Ripoll.

Como referencia a los antecedentes mencionados, los diputados del FIT-U recordaron el caso de Nicolás Lucero, un joven de 17 años que fue imputado por “delitos de amenazas e intimidación pública” por haber escrito en Twitter un fragmento de una canción de cancha. El hecho sucedió a mediados del 2016 y la causa se inició un año más tarde, pero en 2018 fue cerrada tras probar la inocencia del adolescente.

También cuestionaron otros puntos del decreto y señalaron que “con la excusa de modernizar a una fuerza corrupta y socia del gran delito, le confieren nuevas ‘tareas’ que permiten detener a cualquier persona sin causa ni pruebas, habilitando el espionaje ilegal y la detención arbitraria, dando mayor poder represivo, extorsivo y criminal a la Policía Federal”.

Luego, aseveraron que es “aún mas grave, la habilitación a la Policía Federal para que pueda detener a cualquier persona y en cualquier lugar por el mero hecho de considerar que podría cometer algún delito en un futuro indeterminado, busca invertir el sistema penal argentino, pasando del ‘derecho penal de hecho’ al ‘delito de autor’, es decir que importa más quién es la persona detenida y no qué hizo”.

En el final del texto, los diputados de la izquierda rechazaron la idea de “modernización” utilizada por el Gobierno nacional y acusaron que se trata de “un nuevo paso en el camino de intentar construir un verdadero Estado policial, dando a esta fuerza vía libre para espiar y detener, basados simplemente en lo que ‘crean’ o ‘sospechen’ e incluso, en lo que crean o sospechen que podría llegar a hacer”.

“Contra ese intento de consolidar un Estado policial y contra todo intento de cercenar las libertades y derechos democráticos, a la vez que conquistar todas las demandas del pueblo trabajador y los sectores populares, proponemos la inmediata anulación de este Decreto persecutorio e ilegal”, concluyeron en el texto que propone declarar nulo al DNU 383/2025 de reforma de la PFA.