Con el FBI como modelo, el Ejecutivo presentó la reforma de la Policía Federal y creó el nuevo Departamento Federal de Investigaciones, orientado a combatir delitos complejos y crimen organizado. La medida, oficializada por decreto, fue duramente cuestionada por sectores de la oposición, que advierten sobre posibles abusos, retrocesos en libertades civiles y violaciones a la Ley de Inteligencia.
“El Estado no puede tener menos capacidad técnica que los narcos y terroristas. Pondremos a la Policía Federal Argentina, en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal de los gobiernos del mundo”, anunció el Gobierno nacional al presentar este martes el nuevo Departamento Federal de Investigaciones (DFI), corazón de la nueva Policía Federal.
Al oficializar una profunda reforma en la Policía Federal Argentina, el Poder Ejecutivo orienta su misión hacia la investigación de delitos federales y complejos, en línea con modelos internacionales como el del FBI estadounidense. La medida fue formalizada mediante el Decreto 383/2025, firmado por el presidente Guillermo Francos y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La nueva normativa establece que la fuerza dejará de tener funciones vinculadas a la seguridad local en la Ciudad de Buenos Aires, para concentrarse en la prevención, detección y desarticulación de organizaciones criminales. Además, se actualizará su estructura orgánica para hacerla más eficiente y especializada.
Como parte del plan, se crea un programa de modernización bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, que incluirá inversiones en tecnología y equipamiento, financiadas con el ahorro generado por la reducción de nuevos ingresos a la fuerza.
También se impulsará un nuevo sistema de ingreso y formación, orientado a profesionales universitarios, replicando prácticas comunes en agencias de investigación internacionales.
El decreto establece objetivos estratégicos como la modernización de protocolos, el fortalecimiento del capital humano y la incorporación de tecnologías forenses y de la información, en un intento por transformar a la Policía Federal en una fuerza más ágil, profesional y adaptada a los desafíos del crimen organizado contemporáneo.
El presidente Milei y su ministra Patricia Bullrich en la primera fila del acto de presentación. (Fotos Ministerio de Seguridad Nacional)
Reacciones en el Parlamento
Previsiblemente, desde la oposición expresaron sus reparos. Es el caso del diputado socialista Esteban Paulón, quien alertó sobre “garantías y libertades en riesgo”. A su juicio, el decreto presidencial “representa un retroceso en materia de libertades y garantías constitucionales”, por cuanto “habilita detenciones arbitrarias y persecución al pensamiento crítico”, y llamó a derogarlo.
Desde Unión por la Patria, la diputada Mónica Litza expresó que con su reforma policial, la ministra Bullrich “se ‘olvidó’ de enviar el proyecto al Congreso, donde deberían darse este tipo de debates. Habilita el ‘Ciberpatrullaje’ de redes sociales sin autorización judicial, detenciones policiales sin control… Cada vez la democracia más débil y un Estado más autoritario”.
“Con el Congreso de la Nación permanentemente vallado y este decretazo de la ministra de Seguridad, viviremos en un virtual estado de sitio”, concluyó.
Especialista en temas de seguridad, el diputado José Glinski coincidió con la ministra de Seguridad en cuanto a la necesidad de “modernizarse” de la Policía Federal. “El problema es el cómo. Una reforma de esta magnitud no puede ser una decisión unilateral del Poder Ejecutivo”, aclaró. Sostuvo que el decreto 383/2025 publicado este martes “es básicamente una nueva ley orgánica para la Policía Federal. ¿El problema? Se hizo por decreto, evitando el debate en el Congreso y al filo del vencimiento de las facultades delegadas”.
“Lo más preocupante: le da a la PFA facultades de inteligencia criminal por fuera del Sistema Nacional de Inteligencia (Ley 25.520). Es decir, crea una agencia de espionaje sin control parlamentario”, enfatizó. Para Glinski, con este decreto, “la policía podrá hacer inteligencia sin causa judicial ni orden de un juez. Esto viola la ley actual y borra de un plumazo los controles democráticos que tanto costaron construir”.
El extitular de la PSA señaló que “el concepto de ‘riesgos’ a la seguridad interior es tan vago que permite la arbitrariedad. ¿Quién y cómo se define qué es un riesgo? En democracias serias, las reformas de seguridad son fruto del consenso y el debate en el Parlamento. Miren al FBI, la Guardia Civil o los Carabinieri. Ninguno fue reformado por un decreto presidencial”.
Así las cosas, consideró que “imponer una reforma así, sin consenso y sin pasar por el Parlamento, no es fortalecer la seguridad, es debilitar la democracia y profundizar una visión autoritaria. La conclusión es clara: no quieren una policía del Estado de Derecho para cuidar a la gente, quieren una policía del Estado Policial para cuidar al poder”.
Y cerró: “La legitimidad de nuestras fuerzas de seguridad no se decreta, se construye con transparencia, debate y consenso. Exigimos que esta reforma se trate donde corresponde, en el Congreso de la Nación”.
A su vez, la diputada Margarita Stolbizer advirtió que “esto no es lo que votaron millones de argentinos”. La diputada citó el decreto que, dijo, habilita a la Policía Federal a “detener personas sin orden judicial, sólo por lo que publican, lo que visten o si participan de una manifestación”.
“Estoy segura de que es una medida que muchísima gente no está dispuesta a tolerar, incluyendo a votantes que eligieron a Milei porque estaban hartos de la corrupción de los K, pero que valoran la libertad en serio”, señaló la diputada, para quien “esto no es ni orden ni libertad, es la más burda persecución y una vuelta al autoritarismo que tanto nos costó dejar atrás”. Y cerró: “Una República no puede convivir con miedo a que la gente sea detenida porque sí, por opinar distinto”.
Por su parte, el exjuez federal Fernando Carbajal consideró que con el decreto 383/25 “el Gobierno ha establecido un virtual Estado de Sitio. Detenciones policiales sin control. Se consolida día a día el Estado autoritario”. Y citó el punto 7 del artículo 6° del decreto que establece que “Fuera de los casos establecidos en los Códigos Procesales Penales y demás legislación vigente, no podrá detener a las personas sin orden de juez competente. Sin embargo, si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia de turno y demorada por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, el que en ningún caso podrá exceder de DIEZ (10) horas”.
“Cuanta demagogia. Lo más especializado y jerarquizado de la PFA para combatir el narcotráfico y terrorismo, es el Grupo GEOF. Se los tiene arrumbados, sin presupuesto, con dos unidades sin funcionar: un Hammer y una unidad CSK 131 blindada, que fue utilizada en el G20. 'No hay para repuestos'. Envían a esos grupos a distintos sitios del país en condiciones infrahumanas y con vehículos inutilizables. Dejen de mentir, que detrás hay gente seria que se preparo demasiado, para hacer un buen trabajo”, se quejó por su parte la diputada Mónica Frade.
Cuanta demagogia. Lo màs especializado y jerarquizado de la PFA para combatir el narcotrafico y terrorismo, es el Grupo GEOF. Se los tiene arrumbados, sin presupuesto, con dos unidades sin funcionar: un Hammer y una unidad CSK 131 blindada, que fue utilizada en el G20. "No hay… https://t.co/N3LEsxuOKQ
— Monica Frade (@MonicaFradeok) June 18, 2025
Previsiblemente, desde la izquierda alzaron también sus cuestionamientos. El diputado Nicolás del Caño posteó en su red social de X: “Milei dice por decreto que la policía te puede detener sin orden judicial por cómo te vestís, por tu cara, por participar de una movilización y por lo que publicás en las redes sociales. Empiezan a perder apoyo a su plan de hambre y quieren instaurar un régimen cuasi policial”.
Milei dice por decreto que la policía te puede detener sin orden judicial por como te vestís, por tu cara, por participar de una movilización y por lo que publicás en las redes sociales. Empiezan a perder apoyo a su plan de hambre y quieren instaurar un régimen cuasi policial. pic.twitter.com/GHtwbki1pJ
— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) June 17, 2025
Para la diputada de Democracia para Siempre Mariela Coletta, “esta reforma del Estatuto de la Policía Federal debería -como mínimo- pasar por el Congreso pero otra vez el Gobierno Nacional lo saltea. Entre otros puntos MUY polémicos, dispone en su anexo ‘tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales’ con el agravante de ‘sin necesidad de autorización judicial previa’”. Y cerró: “Una vez más, Milei y sus funcionarios imponen por decreto en vez de buscar los consensos en los órganos que corresponden”.
También desde la Legislatura porteña hay cuestionamientos. La legisladora Claudia Neira sostuvo que “el nuevo Estatuto de la Policía Federal de Patricia Bullrich incluye quedarse con una porción de tareas de Inteligencia Criminal… ¡pero sin cumplir con las regulaciones de la Ley de Inteligencia!”.
“Se autoexceptúa de cumplir con una ley que regula algo tan sensible como las tareas de inteligencia, a través de un Estatuto. Insólito pero real”, agregó Neira, para quien esto puede implicar, por ejemplo, que la PFA en sus tareas de ciberpatrullaje esté habilitada a “hacer inteligencia a personas por su pertenencia a organizaciones políticas, sociales, sindicales, entre otras, cosa que prohíbe expresamente la Ley Nacional de Inteligencia. Muy peligroso”.
Además, continuó, “se reserva la posibilidad de hacer inteligencia, a través de la PFA, por fuera del sistema de inteligencia. Eso es ilegal”.
Y cerró: “Dato aparte, el que no creo que esté muy contento es Santiago Caputo...”.
Por su parte, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez también manifestó sus fuertes reparos. Para él, “el decreto delegado 383/2025 mediante el cual se aprueba el Estatuto de la Policía Federal es nulo de nulidad absoluta por desconocer las bases de delegación establecidas por la ley 27.742 (Ley Bases). Mediante la sanción de dicha norma, el Congreso sólo habilitó la colegislación a efectos de reorganizar o reestructurar a los órganos de la administración central, pero bajo ningún punto de vista, autorizó al PEN a dictar normas generales restrictivas de los derechos de las personas”.
“Pasar de un decreto/ley de una dictadura a un decreto delegado de esta naturaleza, a efectos de establecer las funciones de la policía federal en relación a los derechos de las personas, es toda una declaración de identidad autoritaria y antidemocrática del presente gobierno”, planteó Gil Domínguez.
Voces a favor
De modo positivo se pronunciaron los diputados del Pro Gerardo Milman y José Núñez. “La lucha contra el crimen organizado es profunda y exige una fuerza de elite preparada para darla”, señalaron ambos legisladores que integran la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. “La Policía Federal podrá, gracias a este decreto, coordinar acciones con fuerzas internacionales y nacionales y prevenir delitos en espacios digitales, siempre en el marco de la ley”, añadieron los legisladores en el marco de la publicación del decreto 383/2025 que dota de un nuevo estatuto a la Policía Federal y redefine su rol orientado a combatir delitos federales y complejos.
Finalmente precisaron que “gracias a la decisión política de la ministra Bullrich y el respaldo del presidente Milei, vamos a contar con una fuerza que, al llevar adelante un cambio profundo en la formación de oficiales, tendrá una profesionalización total para un nuevo perfil operativo y así hacer frente a los delitos complejos de un mundo más digital”.