Los diputados nacionales de Unión por la Patria Leopoldo Moreau y Blanca Osuna presentaron una denuncia en Comodoro Py contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz de la pesquisa realizada a militantes el pasado 18 de junio, día de la movilización a Plaza de Mayo en defensa de la expresidenta Cristina Kirchner.

Además de Bullrich, la denuncia también fue dirigida a los jefes de las fuerzas federales de Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal o Departamento Federal de Investigaciones "y/o todos aquellos responsables en la cadena de mando que hayan participado de los hechos motivo de la presente denuncia".

Los legisladores pidieron investigar los presuntos delitos de "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, agravados por haberse realizado en el marco de persecución política y partidaria, en función de los artículos 248 y 249 del Código Penal de la Nación y artículos 1 y 2 la Ley N° 23.592 contra Actos Discriminatorios".

En el escrito, que recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, Moreau y Osuna señalaron que el pasado 18 de junio "diversas fuerzas de seguridad han recopilado, sin autorización judicial, motivo razonable o presunción plausible de delito alguno, datos personales e información identificatoria (incluyendo documentación, fotografías y listas de pasajeros) extremadamente sensible de distintas personas que se dirigían a participar de la manifestación pública que se llevó a cabo en Plaza de Mayo".

Ambos legisladores señalaron, en los fundamentos jurídicos de la presentación, que los hechos denunciados son “una grave transgresión al orden constitucional, convencional y legal vigente en la República Argentina, afectando derechos fundamentales cuya tutela reviste carácter inderogable dentro del sistema democrático de derecho”. A su vez, llamaron al accionar desplegado por las fuerzas de seguridad de ser “una inadmisible desviación del poder estatal hacia fines represivos de carácter político”.

Tras citar a la Constitución Nacional, la denuncia presentada por Leopoldo Moreau y Blanca Osuna acusa al Ministerio de Seguridad de promover “la detención arbitraria de vehículos de transporte de pasajeros, el sometimiento compulsivo de ciudadanos a controles documentológicos sin orden judicial, el registro y almacenamiento de sus datos personales sensibles, el empleo de prácticas vejatorias y humillantes durante las requisas, así como la total ausencia de información brindada a los afectados respecto de la naturaleza, fundamento y destino de tales procedimientos, constituyen una afrenta directa a dichas garantías esenciales”.

Además de plantear que el operativo del pasado miércoles transgrede artículos de la Carta Magna, los diputados de UP añadieron, también, a otros dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

También, señalaron que “la gravedad institucional del cuadro aquí expuesto excede con creces la ilicitud penal individualizada”, y añadieron que esto “revela la existencia de un patrón sistemático de utilización desviada del aparato de seguridad estatal, destinado a desincentivar la participación política legítima, a intimidar a los opositores y a construir registros ideológicos clandestinos, prácticas absolutamente incompatibles con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina, y con los valores republicanos que rigen nuestra vida institucional”.

En la previa de la presentación judicial, Moreau señaló que "estas prácticas no son aisladas ni fortuitas" y "constituyen un patrón de vigilancia selectiva y persecución política que nos remite a los momentos más oscuros de nuestra historia".

Además, el legislador resaltó que "el Estado no puede, bajo ningún pretexto, almacenar información sobre las personas por su pertenencia política, sindical o social. Así lo establece claramente el artículo 4° de la Ley 25.520, que prohíbe expresamente este tipo de conductas, incluso para organismos de inteligencia".

"No vamos a permitir que se normalicen prácticas autoritarias. Reafirmamos nuestro compromiso con una democracia plena, donde nadie sea perseguido por pensar distinto o por manifestarse en defensa de sus derechos", agregó Moreau.