En el marco del concurso público que se inició en el Congreso para elegir a un nuevo defensor/a de los derechos de niñas, niños y adolescentes, representantes de organizaciones que trabajan con la niñez participaron este martes de una reunión informativa de la comisión bicameral encargada de esa selección.

Durante el encuentro, los expositores, quienes plantearon sus distintas miradas en torno a temas como aborto o la ESI, sí coincidieron en pedir por una persona "idónea" con "trayectoria" en el tema y que tenga "autonomía política y partidaria".

A su vez, reclamaron una apertura del organismo, cuestionando la gestión de la ex defensora de las Niñas, Niños y Adolescentes Marisa Graham, y enfatizaron sobre la "grave" situación que atraviesan los menores de nuestro país, estando más del 60% de ellos bajo la línea de la pobreza.

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado por su mamá y la pareja de ésta en La Pampa en noviembre de 2021, expresó: "Queremos una Defensoría de puertas abiertas, que esté a la altura quien esté a cargo, con una trayectoria, que conozca la realidad de todo el país, porque en las provincias sí que hay vulneración de derechos".

"A Lucio se le violaron todos los derechos", señaló. Al frente de la asociación que lleva el nombre de su nieto, Dupuy reveló que a Graham le pidió "cinco audiencias y nunca fui escuchado, jamás, nunca se dignaron a levantar el teléfono y solidarizarse con la familia". Por eso, insistió en que se elija a quien "le abra la puerta a los niños y los defienda".

A su turno, Norberto Liwski, presidente de Defensa de los Niños Internacional-Sección Argentina consideró que, de cara a la elección del nuevo defensor/a, "deberíamos tener una evaluación adecuada de los logros alcanzados, de los obstáculos con los cuales se debió trabajar y también de los nuevos escenarios en la que se constituye esta segunda etapa" del organismo.

Remarcó que estamos ante "un deterioro en los sectores de la infancia y la adolescencia" que "no es atribuible a los últimos meses, pero sí agravado en los últimos meses". Además, sostuvo que quien sea elegido debe "contar y gozar de la más amplia autonomía política, ideológica y partidaria para que efectivamente aborde los problemas que están presentes históricamente, los que se han agravado y los problemas nuevos".

Ramón Eduardo Ferreyra, codirector Ejecutivo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que forma parte de la red Infancia en Deuda, planteó "tres recomendaciones para garantizar un proceso riguroso" en el concurso público. Entre ellos, enumeró que haya "publicación total de la documentación y los resultados" como así también "la totalidad de los antecedentes y trayectoria de las personas candidatas".

"Que se publiquen los exámenes escritos, sus resultados y los puntajes", continuó y pidió la "conformación de un comité asesor integrado por expertos para asistir a la comisión en la elaboración y corrección del examen". "Un concurso transparente es crucial", expresó.

Otro de los oradores de la jornada fue Francisco Alanis, coordinador de la asociación civil Los chicos de la Cooperativa, que trabaja en el partido de La Matanza, quien subrayó que la Defensoría "tiene que tener presente el contexto donde viven los pibes y la escucha de los pibes". En su opinión, al paradigma de que los menores son sujetos de derecho "hay que seguir fortaleciéndolo y fomentándolo".

Respecto de la baja de la edad de imputabilidad, manifestó que "los pibes no son delincuentes y no tienen la culpa de la situación que les toca atravesar; los pibes son el fruto de una situación del mundo adulto-centrista que les toca pasar, nosotros decidimos sobre la vida de los pibes y las pibas".

Finalmente, Alanis pidió que haya una reunión de la comisión en la que se escuche a los niños y adolescentes, a la vez que el defensor/a lleve adelante su labor "no desde un escritorio, sino desde la realidad" y estando "en el territorio".

Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, también parte de colectivo Infancia en Deuda, afirmó: "Para nosotros este proceso de selección no es uno más, es muy importante. Necesitamos que sea lo más transparente, pero también lo menos vinculado a los partidos políticos. Los niños no tiene partido político, los niños son ciudadanos y deben ser tratados como tales. Por eso, para nosotros es muy importante que se los considere sujetos de derecho, no como receptores".

"La situación actual se ha deteriorado y eso nos preocupa", coincidió con Liwski, y se refirió a dos temas a tratar por el organismo. "Para nosotros el embarazo adolescente no es menor, queremos que se ocupe de este tema y sobre todo de algo como el abuso sexual infantil, sobre el que lamentablemente no se está dando una atención como corresponde", advirtió.

En contraposición, Adolfo Francisco Morán, de la agrupación "La Carlos Menem" y miembro del directorio de "Padres Unidos", aseveró: "Nosotros tenemos una deuda pendiente con nuestro propio país que es cuidar a nuestros hijos, los hemos dejado expuestos a la depredación. Los hemos dejado vulnerables, los hemos apartado de las familias y los hemos dejado en manos de gente que tienen una agenda propia. A los chicos nadie los está cuidando".

Al referirse a Graham, la defensora que fue desplazada luego de autoprorrogarse el mandato, opinó que "ha sido una vergüenza y una mancha en la protección de los chicos de este país".

"El aborto infantil es una aberración, el abuso sexual infantil es una aberración, la adoctrinación sexual e ideológica en las escuelas es una barbaridad", expresó y criticó la Ley de Educación Sexual Infantil. También señaló que a los niños se los ha considerado "objeto de derecho" y "no sujeto de derecho" porque "no se podían valer por sí mismos; es la patria potestad y son los padres y la familia los que siempre han velado por la seguridad, el bienestar y la dignidad de ellos".

Por su parte, Paula Wachter, de la fundación Red por la Infancia, compartió con otros expositores "la enorme preocupación que tenemos sobre la situación en la que están viviendo los niños, niñas y adolescentes de nuestro país". Y resaltó que "desde la pandemia no tenemos cifras oficiales, pero sí sabemos que la prevalencia de la violencia está aumentando". En ese sentido, habló de "grandes vacancias normativas y de políticas públicas" para combatir la violencia contra menores, como por ejemplo "las violencias digitales".

Al aportar una larga lista de recomendaciones para el concurso público, reclamó que la persona elegida tenga "autonomía política y partidaria" y se realice "un proceso plural, participativo y transparente para garantizar su legitimidad".

Más adelante, Raúl David Romero, del Centro de Desarrollo Familiar, definió "el perfil que esperamos desde la sociedad civil del próximo defensor: que tenga una mirada amplia de la niñez, que sepa ver y actuar donde los derechos se quiebran, que escuche a las organizaciones que trabajamos en el territorio, que construya redes y no se encierre en una oficina, que tenga un compromiso real hacia la infancia, independiente y sin sesgos ideológicos".

"No quiero dejar de mencionar que la defensora Marisa Graham militó activamente a favor de la legalización del aborto y, sin entrar en debates ideológicos, considero que esto resulta profundamente contradictorio con la función de quien debe velar por el interés superior del niño", lanzó y fue aplaudido por la mitad de la sala. La diputada libertaria Nadia Márquez incluso se paró de su silla.

Ramón Eduardo Ferreyra, integrante de la organización Infancia en Deuda propuso que se realice la publicidad de todos los perfiles que participan en el concurso, así como de los exámenes junto a los resultados, que se conforme un comité asesor para asistir a la comisión, y que se elabore una lista tabulada de puntajes.

A su turno, Teresa Bustillo, co-directora de MIF, exhortó a que se elija “un defensor que vea la necesidad real, que pueda mirar con profundidad, que se haga cargo”.

En representación de la Red de Defensorías provinciales, Rossana Marli Franco, defensora de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes de la provincia de Misiones, señaló que “los antecedentes son fundamentales, pero necesitamos un defensor que sea práctico, que este en el terreno, que resuelva casos”. Y remarcó que “la función del Defensor es controlar que las políticas públicas no vulneren derechos”.

En el mismo sentido, el defensor de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes de la provincia de La Pampa, Juan Pablo Meaca, consideró que “no tiene que tener perfil político, con experiencia en los ámbitos de la niñez y en el territorio”. Por último, remarcó la necesidad de ponderar “la participación federal” para que exista representación de todo el país.

Los expositores coincidieron, además, en la necesidad de un concurso transparente y que cuente con un comité de expertos, en el reconocimiento de los niños como sujeto de derecho, que los jóvenes puedan participar del proceso de selección del defensor, que sea una defensoría de puertas abiertas que atienda la problemática de los niños, niñas y adolescentes en el país, que aborde la salud mental adolescente, en la necesidad de fortalecer las redes institucionales para proteger a los niños y niñas, que el defensor cuente con experiencia en la gestión de gobierno y trabajo en áreas comunitarias, que sea una persona idónea, integra, comprometida y cuente con una mirada federal, entre otros puntos.

Quejas por la lista de expositores

En el arranque de la reunión, los diputados de La Libertad Avanza Nadia Márquez y Nicolás Mayoraz se quejaron de que hubo representantes de organizaciones convocadas por ellos que no pudieron ingresar a la reunión.

La presidenta de la comisión, la radical Natalia Sarapura, indicó que "no estaban acreditadas" y aclaró: "No es ánimo cercenar la voz, la participación y la escucha". "Tenemos criterios distintos", añadió.

Mayoraz salió al cruce: "La iniciativa de escuchar a las organizaciones sociales vino de La Libertad Avanza, no de la presidencia, y usted unilateralmente decidió que sean dos organizaciones por legislador, eso no se consensuó". Y reveló que desde el bloque tenían "más de 40 organizaciones" que querían participar.

"No estamos de acuerdo con esta modalidad", dijo el santafesino y acusó a la titular de la bicameral de decidir por sí sola una próxima reunión informativa para el 1ro. de julio.

Sarapura aclaró entonces que eso se resolvió entre las autoridades de la comisión, no de manera unilateral. "Usted está decidido a acusar a esta presidencia porque claramente tiene otra vocación que no es que el concurso se dé", lanzó la jujeña, a lo que el oficialista contestó: "No le voy a permitir que diga eso".

"Cállese que está hablando la presidenta", salió en defensa de Sarapura el senador de Unión por la Patria Daniel Bensusán. Finalmente, la radical ratificó: "Usted dice todo el tiempo cosas que no son ciertas. Hasta ahora no tomé ninguna decisión unilateral".

Mayoraz ya había protagonizado el momento de mayor tensión, cuando sobre el final de las exposiciones de invitados cuestionó a viva voz al defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa, Juan Pablo Meaca, por su papel en el caso Lucio Dupuy. Lo cual motivó la intervención de Sarapura, que le reclamo reiteradamente que se callara. Sin mayor éxito por cierto. “Nadie defiende a la jueza”, le aclaró, en referencia a Ana Clara Pérez Ballester, quien fue sometida a un jury por su actuación en el proceso que derivó en la entrega de la tutela a la madre, quien luego fue condenada por el asesinato de Lucio.

“Estoy respetando a la institucionalidad en el Congreso”, gritó la diputada jujeña que exigió que se le permitirá hablar al invitado. Por el contrario, Mayoraz insistió en que le parecía “una falta de respeto a la comisión” la presencia de “este señor”, en referencia a Meaca.

“La víctima estuvo acá y se la respetó; usted debería hacer lo mismo”, le reclamó Sarapura a su par libertario, que replicó a los gritos de otros diputados opositores: “Vergüenza fue haber elegido a Graham de defensora”.

El funcionario pampeano luego señaló que su área no había tenido nada que ver en la muerte de Lucio, pero cuando sobre el final volvió a hablar, Mayoraz insistió en que era “una falta de respeto que haya venido el defensor (en referencia a Meaca), porque ha tenido una actuación deplorable en el caso Dupuy”. Luego le apuntó a Graham, adjudicándole “negligencia” en ese caso, como también en el caso Arco Iris, por haber ido a parar una orden judicial de restitución de un niño “en forma patotera y apelando a sus amistades políticas, para que se frenara una orden de allanamiento para retirar un niño.

Sobre el final, Márquez aclaró que el oficialismo había invitado a 40 organizaciones antes de que les notificaran que eran dos por bloque. “Entonces nos pareció una tomada de pelo”, señaló, aclarando que por eso habían planteado que no les parecía adecuado.

La diputada libertaria concluyó su intervención, sobre el final de la reunión, anticipando que “vamos a seguir trabajando para derogar la nefasta, inconstitucional, inmoral e ilegal, Ley del Aborto en la Argentina”.