Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado retomó este martes el debate sobre la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, un tema que marcha a fuego muy lento y sin impulso por parte del oficialismo, sino de un sector de la oposición dialoguista.

Por su parte, luego del fallo del máximo tribunal contra la expresidenta Cristina Kirchner, desde Unión por la Patria afirmaron estar de acuerdo en llevar la integración de cinco a siete miembros, con paridad de género y representación federal. El número no es un dato menor: esa cantidad propone el salteño Juan Carlos Romero, acérrimo anti-K y aliado del Gobierno.

Al encuentro de este martes asistieron reconocidos especialistas, pero, al momento de las preguntas, la reunión se cortó abruptamente y el kirchnerismo -que había estado presente, a diferencia de otras reuniones- quedó sin explayarse en críticas a la Corte.

El que llegó a preguntar antes que el encuentro se diera por finalizado, porque el Salón Illia debía usarse para otra comisión, fue Oscar Parrilli. El senador cercano a CFK le preguntó a Ricardo Gil Lavedra, actualmente presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, sobre la “imparcialidad” y “apariencia de imparcialidad” que deben tener los jueces y si consideraba que la tuvieron los magistrados que condenaron a la exmandataria.

“Todos coincidimos en que necesitamos jueces independientes, imparciales y que tengan apariencia de imparciales”, expresó Parrilli para preguntarle al invitado si creía que hubo “imparcialidad razonable o apariencia de imparcialidad razonable, por ejemplo, en el juez Julián Ercolini”, el primero en juzgar la causa Vialidad, cuya esposa, María Julia Kenny, “trabajaba como asesora de prensa del ministro (Germán) Garavano” durante el gobierno de Cambiemos, cuando fue realizada la denuncia por Javier Iguacel.

Además, el legislador mencionó a “Rodrigo Giménez Uriburu, que fue juez y presidente del tribunal oral, y jugaba al fútbol en la quinta Los Abrojos con el expresidente Mauricio Macri”. También citó a “Diego Luciani, el fiscal estrella” y Jorge Gorini, juez del tribunal oral en primera instancia, que “tuvo 16 partidos de pádel con el presidente Macri en Olivos”.

“Gustavo Hornos tuvo siete reuniones con Macri antes de dictar los fallos contra Cristina Kirchner”, denunció y nombró al fiscal Sergio Mola, que “también jugaba al pádel en Olivos”.

Finalmente, Parrilli cuestionó el “fallo inédito en una semana” que mandó a prisión a CFK, firmado por los jueces de la Corte, de los cuales dos “fueron designados a dedo por Macri y aceptaron”, en alusión a cuando se los nombró por decreto a Horacio Rossatti y Carlos Rosenkrantz, más allá que después tuvieron acuerdo del Senado.

Antes que Gil Lavedra pudiera responder, el senador Juan Carlos Romero manifestó: “Aquí no hemos venido a hacer un tribunal para juzgar a la Corte o la Justicia”. Y consideró que los invitados tenían que estar “liberados de tener que hacer un juzgamiento de cuestiones cotidianas”.

“La idea que viene rondando hace tiempo es que cuando el fallo me gusta es justicia legítima y cuando no me gusta es lawfare”, se quejó y admitió que “la culpa lo tenemos los políticos, de haber politizado las decisiones judiciales y haber judicializado cuestiones políticas”.

Para el legislador, hay que “salir de esta encerrona que tenemos de que no hay diálogo político hace 20 años”. “La traba que tenemos es política, incrementar o no el número de la Corte es también una cuestión política que no resuelve los temas jurídicos, resuelve la integración”, agregó.

Al contestarle a Parrilli, el exministro de Justicia y Derechos Humanos sostuvo: “No voy a opinar de un caso concreto, yo respeto las decisiones judiciales, este es nuestro Estado de Derecho, sin perjuicio que cualquiera pueda criticar las decisiones judiciales, pero hay que respetarlas”.

Por su parte, consideró que “no es posible que no se haya sancionado hasta el presente un código de ética” que “recoja los Principios de Bangalore”. “El proceso de relegitimación de la justicia pasa también por parte de los comportamientos de los jueces; los jueces tienen que tener un comportamiento intachable, ser juez no es un privilegio, es una restricción”, afirmó y señaló que “muchas veces los jueces actúan corporativamente”, algo que observó desde el Consejo de la Magistratura.

Las exposiciones

Antes de las exposiciones de los invitados, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo, manifestó que “el Senado no está haciendo otra cosa que retomar un tema que hace varios años comenzó a trabajar. Estos últimos 10 años se convocó cuatro veces a las comisiones”.

La cordobesa abogó por “poder definir por consenso la integración de la Corte Suprema para los próximos 20 años”. “Estoy de acuerdo que pueda ampliarse la Corte, es una decisión política que debemos definir aquí”, ratificó y volvió a pedir que se garantice “la presencia de las mujeres en la integración”.

En su alocución, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que más allá de la integración, se necesita una “ley orgánica” para la Corte. “Si se trata de forma aislada será un pequeño paso, pero no va a generar una reorganización eficaz de funcionamiento de la Corte”, sostuvo.

Por su parte, el jurista Ricardo Gil Lavedra afirmó: “Veo sumamente inconveniente en estos momentos modificar el número de los integrantes de la Corte Suprema”. “Argentina padece de una muy baja institucionalidad”, señaló y resaltó la “crisis de confianza que hay en la población respecto a la Justicia”.

La doctora María Esther Cafure de Battistelli, asesora y delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina en Córdoba, expresó: “No es el número de miembros de la Corte lo que interesa, sino es cómo se llenan las vacantes existentes. En los proyectos se trata el problema del género, o sea, lo tienen presente como condición para ocupar las vacantes acordando a las mujeres un cupo para llenarlas. Este es el punto relevante”.

“Con la Ley de Cupo se estableció para los partidos políticos la selección de mujeres para ingresar a cargos legislativos. Era del 30%, no había fundamentación. Así llegamos en 2012 a la Ley de Paridad que fue un progreso, es la que tiene el Congreso. Es el aporte que la lucha de miles de mujeres nos ha traído como resultado; es una lucha lerda, estamos en 2025 y aún se discute la presencia femenina en un órgano de decisión importante como la Corte Suprema”, enfatizó.

La abogada planteó que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) hizo una serie de recomendaciones como el número 33 en 2015 del acceso y la incorporación de las mujeres a los órganos de decisión de la justicia. También la recomendación 40, que específicamente se refiere a la incorporación de la mujer en forma igualitaria en los órganos de decisión. “Estas recomendaciones son importantes para Argentina”, indicó y cerró: “¿Por qué no las mujeres en forma igualitaria en la justicia? ¿En la Corte Suprema? Si en todos los tribunales del interior hay mujeres. Hablar de cupo para la integración en el Poder Judicial es volver atrás, es en contra del espíritu de la Constitución”.

A su turno, Alberto García Lema, convencional constituyente, apoyó la sanción de una ley y recordó la reforma constitucional de 1994. "Estoy de acuerdo en que es un tema constitucional la participación de las señoras juezas en la Corte Suprema", expresó y coincidió en la importancia de incorporar una mirada federal porque “una Corte de 7 o 9 miembros puede tener una representación regional de las provincias que equilibre las diferentes necesidades el territorio”.

“Es muy importante que, a pesar de todas las dificultades que se presenten, el Senado haga todo lo posible para sancionar una ley en este ejercicio. Para que sea una pauta que quede resuelta y fundamental. Se necesita una reforma más integral de la Corte, es necesario, pero lo más necesario es poder complementar un número de miembros de la Corte”, cerró.

Por último, Liliana Piccinini, jueza del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, manifestó la necesidad de garantizar una verdadera equidad de género en la composición de los máximos órganos judiciales del país. "La paridad no debe entenderse como una concesión, sino como un derecho que consolida la calidad democrática", aseveró. Además, llamó a fortalecer una agenda de justicia con enfoque de género, tanto en la designación de jueces como en las políticas internas de los tribunales.

“Alguien dijo que la Corte de los nueve fue un desastre. Pero estamos hablando del número, no de la calidad. El número nos tendrá que ofrecer la posibilidad no solamente de la representatividad de los géneros de manera equitativa, sino la representación federal”, sumó la magistrada, quien cuestionó los tiempos que llevan algunas causas en el máximo tribunal del país y que no haya plazos para las resoluciones.