El kirchnerismo diseñó un tribunal superior con la promesa de independencia y transparencia. Veinte años después, esa misma Corte ratificó la condena de su principal referente. Crónica de una relación que empezó como alianza y terminó como ruina.
Un extraterrestre que hubiese llegado a la Tierra por estos días se habría llevado una imagen por lo menos errada. La de una expresidenta mortalmente enojada con tres jueces que se han convertido en su peor pesadilla. La historia no siempre es tan lineal.
Al menos esta, tiene sus matices y supo de tiempos mejores. Mucho mejores.
Hubo un tiempo en el que el kirchnerismo se vanagloriaba de haber forjado una Corte Suprema prestigiosa, que vino a reemplazar una muy distinta, el doble de grande y emparentada con el poder central. Producto de esa tarea de orfebrería, el primer presidente de la dinastía K tuvo la posibilidad de escoger nada menos que a la mayoría de los miembros del Tribunal Superior: cuatro. Casi tantos como los que pudo elegir Raúl Alfonsín cuando gozó de la posibilidad de forjar parte de las instituciones desde cero. Pero no tantos como quien tiene el récord en la materia: Carlos Menem, que en sus diez años y medio de mandato tuvo la oportunidad de nominar a una decena de cortesanos. Nunca ningún presidente pudo tanto.
Sin más prolegómenos, veamos cuáles fueron los motivos para llegar al cuadro actual, con una expresidenta envenenada con el máximo tribunal y, lo que es peor para ella, definitivamente condenada.
La mayoría automática
Para comprender el escenario actual habrá que remontarse al origen que muestra justamente la génesis de esta Corte, que sucede a la que armó Carlos Menem poco después de llegar al poder y fue conocida despectivamente como “la mayoría automática”.
Sucede que poco después de asumir, el riojano cuestionó la composición de la Corte, que consideraba “alfonsinista”. Por eso en 1989 impulsó un proyecto de ley aumentando el número de miembros de 5 a 9 y, con mucho esfuerzo y renuncias -en el camino quedaron dos de los jueces designados en el 83 por Alfonsín, José Severo Caballero y Jorge Antonio Bacqué-, Menem consiguió ampliar la Corte al número deseado.
En febrero de 2002, tiempos del “que se vayan todos”, Eduardo Duhalde dio el visto bueno para impulsar el juicio político a todos los integrantes de ese tribunal. Sin éxito, por cierto, ya que en ninguno de los casos llegaron a obtener los 2/3 necesarios en la Cámara de Diputados para que prosperara esa medida. Más bien se consiguió el efecto contrario: se fue uno de los más prestigiosos integrantes de esa Corte, Gustavo Bossert. Presentó su renuncia el 21 de octubre de 2002, habiendo sido durante el fallido proceso iniciado durante el duhaldismo contra el Tribunal Superior el que menos acusaciones reunió para el pedido de juicio político. “Me han hartado los infundados cargos”, confesó Bossert al tomar tal decisión. Dijo entonces que las circunstancias que debió afrontar le habían “quitado el ánimo y hasta el entusiasmo que exige la tarea judicial, particularmente la vasta y compleja tarea de este tribunal a cuyo cargo está el dictado de varias miles de sentencias al año”, señaló.
Tan es así, que el hoy nuevamente diputado nacional Sergio Acevedo, que como presidente de la Comisión de Juicio Político de entonces había manejado ese proceso en 2002, consideró el de Bossert “un gesto que otros deberían imitar y contribuiría a recuperar el prestigio de la Corte”.
No fue lo que hicieron los otros jueces que, por el contrario, permanecieron en sus cargos hasta la llegada de Néstor Kirchner al poder. El santacruceño se encontró el 25 de mayo de 2003 con una Corte Suprema integrada por ocho miembros: Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Antonio Boggiano, Adolfo Vázquez, Enrique Petracchi, Carlos Fayt y Augusto Belluscio. Los cinco primeros habían sido designados por Menem.
Por cadena nacional, Néstor Kirchner anunció el pedido de juicio político contra Nazareno y otros jueces.
Néstor Kirchner había llegado al poder con una debilidad de origen que era la escuálida cantidad de votos obtenida en las primeras elecciones realizadas tras la crisis de 2001. Sin haber podido validar sus pergaminos en un balotaje, reconocía su debilidad institucional que creyó desafiada cuando el presidente de la Corte, el riojano Julio Nazareno tuvo declaraciones que desataron la ira del santacruceño. Abordado por los periodistas en Tribunales, le habían preguntado si avalar el corralito bancario no era una forma de extorsionar al Gobierno, a lo que Nazareno respondió con un “dejate de joder”.
En rigor, Nazareno no había sido el primer apuntado por Kirchner, sino otro juez que no era parte de la mayoría automática: Carlos Fayt, a quien el kirchnerismo naciente acusaba de haber firmado el fallo que había redolarizado un depósito de San Luis en el Banco Nación, que había sido incluido en el corralito y pesificado, siendo que el propio Fayt tenía un depósito pesificado en el Banco Nación. Las aguas se calmaron con ese juez luego de que aceptara la devolución de su depósito en bonos a largo plazo.
En cambio Nazareno había amenazado al Gobierno con dictar un fallo redolarizador que precipitaría las demandas judiciales, comprometiendo al sensible sistema financiero. Kirchner lo consideró una “extorsión”.
Y lo dijo en junio de 2003, en el marco de una cadena nacional en la que criticó duramente a Nazareno por sus declaraciones públicas y su rol en la Corte, y llamó al Congreso a iniciar un juicio político contra él y otros miembros del tribunal. Dio inicio así a un nuevo proceso de juicios políticos contra el Tribunal Superior que esta vez se realizó de manera paulatina: uno por uno.
Julio Nazareno, el presidente de la Corte de “la mayoría automática”.
El primer enjuiciado fue obviamente Nazareno, que presentó su renuncia el 28 de junio de 2003, dos semanas antes de que se iniciara el proceso en su contra. “Es un paso muy importante para que la Justicia sea digna, honesta y creíble”, dijo al enterarse el entonces ministro de Justicia, Gustavo Beliz. El kirchnerismo fue entonces por el resto de los jueces.
Fue el turno entonces de Eduardo Moliné O’Connor, quien dejó claro de entrada que no pensaba en renunciar. El juicio avanzó entonces y el 14 de agosto de 2003 la Cámara baja aprobó por amplia mayoría el juicio político luego de encontrarlo culpable de “mal desempeño” en sus funciones en base a 9 acusaciones que formaron parte de la investigación. El Senado terminó suspendiéndolo en el cargo el 9 de octubre de 2003, y fue destituido el 4 de diciembre venidero, habiendo sido considerado culpable de 2 de las acusaciones.
Su destitución por esa vía fue un hecho histórico, pues no sucedía algo así desde 1947.
Moliné O’Connor fue destituido por el Senado.
El 23 de octubre de ese mismo año la Comisión de Juicio Político que presidía el diputado tucumano José Falú había abierto el proceso de enjuiciamiento contra Guillermo López, quien renunciaría el 22 de octubre de 2003.
Paralelamente, Néstor Kirchner designaba en la Corte al primer cortesano que eligió: Raúl Eugenio Zaffaroni, que asumió en lugar de Eduardo Nazareno
Designado en tiempos de Alfonsín, a Enrique Petracchi también le iniciaron un proceso que la Comisión de Juicio Político desestimó en marzo de 2004, cuando verificó que no había recibido una transferencia de 580 mil dólares en tiempos del rebalanceo telefónico. En cambio sí se inició un proceso contra Adolfo Vázquez, quien al ver que la causa avanzaba rápidamente presentó su renuncia el 2 de septiembre de 2004.
De los jueces de la mayoría automática, Antonio Boggiano era el último que quedaba y el Senado terminó destituyéndolo el 29 de septiembre de 2005, con el voto de los 56 senadores presentes en la sesión.
Antonio Boggiano fue también destituido.
Mientras tanto, Néstor Kirchner había ido cubriendo los cargos que se desocupaban. El 9 de junio de 2004 designó a Elena Highton de Nolasco, quien se convirtió así en la segunda mujer en ser nominada en la Corte Suprema argentina en la historia, pero la primera en el marco de un gobierno democrático, ya que su antecesora era Margarita Argúas, designada durante el Gobierno de facto de Roberto Marcelo Levingston. Highton de Nolasco reemplazó a Eduardo Moliné O’Connor.
Por Adolfo Vázquez, Kirchner eligió a Ricardo Lorenzetti para reemplazarlo, el 12 de diciembre de 2004. En tanto que otra mujer, Carmen Argibay, asumió en la Corte el 3 de febrero de 2005 en lugar de Guillermo López.
Concluido el proceso de renovación, permanecían en la Corte que encontró Kirchner Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, designado este último por Eduardo Duhalde.
Un decreto fundacional
Un dato fundamental de esta historia lo constituye el decreto 222/2003 firmado por Néstor Kirchner el 19 de junio de 2003, que establecía un nuevo procedimiento para la designación de jueces de la Corte. Fue presentado con el objetivo de “transparentar y democratizar” el proceso de selección de magistrados, estableciendo el mecanismo de audiencias públicas por el cual los magistrados debían someterse a interrogatorios donde se evaluaría su idoneidad.
Se estableció un mecanismo de audiencias públicas por el cual los candidatos debían someterse a audiencias donde se evaluara su idoneidad; con participación ciudadana, ya que se habilitaba un período para que los ciudadanos, ONG, universidades y otras instituciones pudieran presentar observaciones u objeciones sobre los postulantes.
El kirchnerismo reivindicó esa medida como un hito en la refundación institucional de la Corte Suprema de Justicia.
La reducción de la Corte
Y el paso siguiente fue su reducción. La impulsó la entonces senadora y primera dama Cristina Fernández de Kirchner, en su condición de presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. Fue en 2006, cuando presentó una ley para volver la cantidad de jueces de la Corte a su número histórico de cinco miembros. “Es la primera vez en toda la historia de la República Argentina que alguien, pudiendo nombrar dos miembros de la Corte sin modificar una sola coma del ordenamiento legal vigente, renuncia a ello y retoma el camino de los cinco miembros”, dijo en su discurso el 29 de noviembre de 2006, cuando se convirtió en ley la norma que derogaba la normativa impulsada por Menem para llevar el número de integrantes de la Corte a 9.
Siendo senadora, Cristina Kirchner impulsó la reducción de la Corte.
La ley fue promulgada el 15 de diciembre de 2006 y representó la frutilla del postre de esa reforma judicial original que el kirchnerismo impulsó para fortalecer la independencia del Poder Judicial y revertir la influencia menemista en la CSJN.
“El decreto 222 marcó un hito. Que en una Argentina donde se cambiaban las normas para ampliar la Corte, quien hoy puede designar a dos miembros, renuncie a hacerlo es algo inédito”, planteó también Cristina Kirchner en el recinto de la Corte.
Ya fuera del Gobierno nacional que encabezó durante dos períodos, Cristina Fernández de Kirchner confesaría su arrepentimiento por esa decisión. Fue en 2016, ya en tiempos de Cambiemos, cuando comenzó a sufrir el asedio judicial, por entonces encabezado por el juez Claudio Bonadio. El magistrado la había convocado para indagarla sobre la causa “dólar futuro”, y así regresó a Buenos Aires desde el sur. Mantuvo reuniones con las bancadas kirchneristas del Congreso. El 21 de abril de ese año se reunió con 23 senadores en el Instituto Patria, y en el transcurso de la conversación criticaron la designación “en comisión” de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para completar la Corte Suprema. La expresidenta se refirió a eso como “un pecado de origen” del Gobierno de Mauricio Macri.
Durante esa charla, se habló de la necesidad de ampliar la cantidad de miembros del máximo tribunal, cosa en la que coincidió Cristina. Hizo en ese contexto su primera autocrítica, por haber impulsado diez años antes la reducción del número de integrantes de la Corte. Debió haber hecho lo contrario, reflexionó, y se mostró partidaria de dividir al tribunal en salas especializadas, una idea de Eugenio Zaffaroni.
La Corte que el kirchnerismo consideraba “ejemplar”, con los cuatro que designó Kirchner: Zaffaroni, Highton de Nolasco, Lorenzetti y Carmen Argibay.
El origen de la ruptura
La relación respetuosa entre los gobiernos kirchneristas y la justicia en general -y la Corte Suprema en particular- tuvo momentos de tensión, pero comenzó a desmadrarse promediando la segunda gestión de Cristina Kirchner. Fue especialmente en 2013, cuando algunos fallos contra iniciativas clave del Gobierno de Cristina comenzaron a alterar el trato.
Un momento clave fue el que sobrevino con la Ley de Medios. Y si bien la Corte declaró constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también estableció límites al uso de la publicidad oficial y defendió la libertad de expresión, lo que fue interpretado como una advertencia al Gobierno.
Siempre tiempista, el tribunal emitió ese fallo trascendente dos días después del resonante triunfo de Sergio Massa en las elecciones intermedias de 2013. Y más allá de que representara un bienvenido reconocimiento para el kirchnerismo, varios puntos del fallo generaron malestar en ese Gobierno. por ejemplo, que la Corte estableciera que los grupos de medios, como Clarín, que debían desprenderse de licencias por superar los límites establecidos, debían ser indemnizados por el Estado. Esta exigencia fue vista como una concesión a ese grupo y como una carga económica para el Estado que el kirchnerismo no esperaba ni deseaba.
El fallo también incluía fuertes advertencias al gobierno sobre cómo debía aplicarse la ley. Por ejemplo, advertía que los medios públicos no debían ser instrumentos de propaganda oficial; que el organismo regulador (AFSCA) debía ser independiente del poder político; y exigía transparencia en la distribución de la publicidad oficial y respeto por la igualdad y el debido proceso.
Pero ya la relación venía herida a partir de lo sucedido con la reforma judicial que el kirchnerismo impulsó en el año 2013. Pomposamente presentada como “Democratización de la Justicia”, el proyecto K consistió en un paquete de seis leyes propuestas por el Poder Ejecutivo, que el Congreso terminó aprobando el 25 de abril de 2013.
Entre los objetivos que declaraba el Gobierno K para implementar esa reforma se destacaba la intención de hacer más transparente y accesible el Poder Judicial; democratizar el acceso a cargos judiciales; y agilizar los procesos judiciales.
Entre las medidas que incluía el paquete de medidas, una de las más controversiales era sin duda la reforma del Consejo de la Magistratura, que ampliaba el número de miembros y establecía que sus integrantes serían elegidos por voto popular. Eso fue muy criticado por sectores que lo consideraban una forma de politizar el órgano encargado de seleccionar y sancionar jueces.
El Consejo de la Magistratura generó otro fuerte cortocircuito con el kirchnerismo.
Por otra parte se creaban tres nuevas cámaras para descomprimir la Corte Suprema y acelerar los procesos judiciales. También se limitaba el uso de medidas cautelares que pudieran frenar decisiones del Gobierno, lo que fue visto como un intento de restringir el control judicial sobre el Ejecutivo.
Fue un procedimiento veloz impulsado en un año electoral en el que podía cambiar la relación de fuerzas en el Congreso, como en efecto sucedió. Cristina Kirchner anunció la reforma judicial el 8 de abril de 2013, durante un acto en la Casa Rosada en el que presentó los seis proyectos de ley. Diputados aprobó buena parte de esa reforma en una extensa sesión que duró casi un día completo el 25 de abril de 2013. El Senado la convirtió en ley el 8 de mayo.
La reforma fue fuertemente resistida por la oposición, el Colegio de Abogados, ONGs y sectores del Poder Judicial, y finalmente la Corte Suprema declaró inconstitucionales partes clave de la misma, especialmente la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, el 18 de junio de 2013.
Esta fue la última versión de la Corte Suprema integrada por 5 miembros.
Fayt en la mira
A diferencia de su esposo, Cristina no pudo designar a ningún nuevo juez en la Corte, a pesar de haber sido presidenta en dos períodos y haberse producido vacantes. Tras la renuncia de Zaffaroni, ella propuso a Roberto Carlés, un joven jurista cercano al kirchnerismo, cuyo pliego nunca fue tratado en el Senado.
Antes de dejar el poder, retiró el pliego de Carlés y de manera testimonial -pues era obvio que no serían tratados- mandó los pliegos de Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Sesín como reemplazos de Zaffaroni y Fayt. Fue a finales de octubre de 2015, a poco del balotaje que terminaría ganando Mauricio Macri, quien al asumir retiró esos pliegos y propuso -ya se sabe cómo y lo hemos dicho- otros dos que sí fueron aprobados por el Senado.
Zaffaroni había renunciado el 31 de octubre de 2014, al haber alcanzado la edad máxima permitida por la Constitución para ocupar un lugar en el máximo tribunal, mientras que Fayt había dejado posdatada su renuncia al 11 de diciembre venidero.
Carlos Fayt no le dio el gusto a Cristina de irse cuando el kirchnerismo fue por él.
Precisamente con Fayt había mantenido el kirchnerismo una relación tormentosa en sus últimos tiempos, cuando ese gobierno -molesto por sus fallos- comenzó a buscar con él generar una vacante. Empezó entonces a bombardear al reconocido jurista con el argumento de su edad avanzada. Carlos Fayt tenía más de 97 años y seguía en funciones, justificándose en que el límite de 75 años que había dispuesto la reforma constitucional de 1994 no corría para él, que había sido nombrado antes de esa reforma. Además, una acordada de la propia Corte lo respaldaba.
El kirchnerismo lo había puesto en la mira, cuestionando su salud mental. El entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández puso en duda la capacidad de Fayt para ejercer su cargo, especialmente después de que firmara una acordada que ratificaba a Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte.
El oficialismo llegó a impulsar una subcomisión especial en la Cámara de Diputados para investigar el estado de salud de Fayt. Fueron convocados médicos y se llegó a solicitar un examen para evaluar su capacidad. Presionaron también con impulsar un juicio político, pero a pesar de todo eso Fayt resistió, con la opinión pública a su favor, lo mismo que sectores del derecho y por supuesto la oposición parlamentaria que lo blindó ante el juicio político que no pudo avanzar.
Carlos Fayt no quiso darle el gusto a Cristina de irse antes que ella, y así es que anunció su renuncia en septiembre de 2015, efectiva a partir de diciembre de ese año, poco antes del cambio de gobierno.
Las denuncias de lawfare
Ya fuera del poder, Cristina Kirchner comenzó a recorrer los tribunales por las causas que tomaron impulso con ella ya fuera del Gobierno. Así es que comenzó a denunciar lawfare. Su tirria era con buena parte de la justicia que ella quiso reformar sin éxito, y obviamente fue potenciando su enojo con una Corte que ya no era la que había forjado su esposo entre 2003 y 2007.
No pocas veces ese tribunal quedó en la mira K durante la gestión de Cambiemos, pero una de las más notorias fue con el controvertido fallo dictado el 3 de mayo de 2017 que aplicaba el beneficio del 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad. Se trataba de un beneficio establecido por la Ley 24.390 que estuvo vigente entre 1994 y 2001, y que permitía computar doble el tiempo de la prisión preventiva que excediera los dos años. El caso específico beneficiaba a Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por su participación en secuestros y torturas cometidos en el Hospital Posadas durante la última dictadura militar. Muiña había estado detenido preventivamente desde 2007, por lo que su defensa solicitó aplicar el 2x1 para reducir su condena.
El controvertido fallo de la Corte que convalidó el 2x1 para casos de lesa humanidad generó una fuerte reacción.
La Corte convalidó ese fallo con un resultado dividido: 3 a 2. Votaron a favor Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes argumentaron que debía aplicarse el principio de la ley penal más benigna, aunque la ley ya había sido derogada; mientras que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda se pronunciaron en contra.
El fallo generó una enorme reacción negativa, con movilizaciones en todo el país, rechazo de organismos de derechos humanos y llevó al Congreso a sancionar de manera exprés una nueva ley, la 27.362, que aclaraba que el beneficio del 2x1 no podía aplicarse a delitos de lesa humanidad.
En diciembre de 2018, la misma Corte revirtió su postura en otro caso (Rufino Batalla), estableciendo que el 2x1 no era aplicable a crímenes de lesa humanidad. Esta vez, la mayoría fue de cuatro votos contra uno.
Las “reformas” de Alberto Fernández
Cambiemos perdió las elecciones de 2019 y Cristina volvió al poder, aunque formalmente integrando tan solo la fórmula con quien ella designó para encabezar, Alberto Fernández. Quien contradiciendo sus dichos de antaño también enarboló el discurso del lawfare y hasta llegó a reunirse con Lula en 2019, siendo él candidato presidencial y el brasileño estando preso en un penal de Curitiba.
Los operadores judiciales durante la gestión de Alberto fueron siempre camporistas y todo lo que impulsó durante su gestión tuvo detrás el impulso cristinista. Como la reforma judicial que presentó en 2020, una de las más ambiciosas de su gestión, que supuestamente venía a despolitizar y transparentar el funcionamiento del Poder Judicial; desconcentrar el poder de decisión en pocos jueces federales, y agilizar los procesos judiciales, especialmente en causas complejas como corrupción, narcotráfico y trata de personas.
En pandemia, Alberto Fernández impulsó su propia reforma judicial.
El Gobierno de Alberto Fernández se propuso fusionar los 12 juzgados federales criminales con los 11 de penal económico en la Ciudad de Buenos Aires. Además, duplicaría la cantidad de juzgados para evitar la concentración de poder en pocos magistrados.
Un grupo de juristas de renombre fue convocado para asesorar al Ejecutivo sobre posibles reformas estructurales, incluyendo el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público.
El proyecto fue aprobado por el Senado en agosto de 2020, pero nunca fue tratado en la Cámara de Diputados. La falta de consenso político y las críticas de la oposición, que lo consideraban un intento de influir en causas judiciales sensibles, frenaron su avance.
El choque entre el kirchnerismo y la Corte se intensificó a partir de un fallo del máximo tribunal de diciembre de 2021 sobre el Consejo de la Magistratura. Recordemos que estaba vigente desde 2006 una ley impulsada por Cristina Kirchner, que había reducido la cantidad de miembros del Consejo de 20 a 13, como así también excluía al presidente de la Corte de su conducción. Esto aumentaba el peso de los representantes políticos dentro del organismo.
El fallo de la Corte de diciembre de 2021 declaraba inconstitucional esa reforma de 2006, argumentando que rompía el equilibrio de representación exigido por la Constitución. Así las cosas, ordenaba volver a la composición anterior (20 miembros) y designaba al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, como titular del Consejo.
El kirchnerismo, especialmente desde el Senado bajo la presidencia de Cristina Kirchner, resistió la implementación del fallo. Hubo maniobras para designar representantes propios en el Consejo, lo que generó nuevas tensiones con la Corte y hasta un fallo que invalidó lo actuado. Desde entonces, el conflicto se convirtió en un símbolo de la disputa más amplia entre ese oficialismo y el Poder Judicial.
En el ínterin, el Congreso no había logrado consensuar una nueva ley, como sugería el máximo tribunal, pero dando un tiempo perentorio, por lo que se volvió a la estructura previa a 2006. El kirchnerismo denunció un “golpe institucional” por parte de la Corte, mientras que el tribunal defendió su rol como garante de la Constitución.
La ampliación de la Corte
Otro intento que quedó en la nada fue el de ampliar el número de integrantes del máximo tribunal. Fue en 2022, y originalmente el proyecto pretendía elevar el número de cortesanos de 5 a 25, con el argumento de asegurar una representación federal, garantizar la paridad de género y mejorar la eficiencia y pluralidad del Tribunal Supremo.
El proyecto avanzó en el Senado, donde fue aprobado el 22 de septiembre de 2022 con 36 votos a favor y 33 en contra. Eso sí, durante el debate, se modificó la propuesta original y se redujo la cantidad de miembros proyectados de 25 a 15. Fue a instancias del gobernador rionegrino, cuyo voto en el Senado era clave.
El Senado aprobó la ampliación de la Corte a 15 miembros.
Pero a pesar de la media sanción, el proyecto no fue tratado en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no contaba con los votos necesarios para aprobarlo. La oposición lo rechazaba de plano, acusando al kirchnerismo de querer politizar la Corte y presionar al Poder Judicial en medio de causas judiciales sensibles para Cristina Fernández de Kirchner.
La relación del cuarto gobierno kirchnerista con la Corte Suprema estuvo marcado por constantes cortocircuitos, como el que generó otro fallo del Tribunal Superior, en este caso sobre la coparticipación de CABA, emitido el 21 de diciembre de 2022.
Fue una decisión clave en el conflicto entre el Gobierno nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por la distribución de fondos coparticipables, que tuvo su origen dos años antes, cuando en plena pandemia el presidente Fernández firmó un decreto reduciendo el porcentaje de coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos Aires, del 3,5% al 2,32%, con el argumento de destinar esos fondos a la provincia de Buenos Aires para atender una protesta salarial de la Policía Bonaerense.
A instancias de Horacio Rodríguez Larreta, la Ciudad presentó un amparo ante la Corte y consiguió una cautelar a su favor. Allí se ordenaba que el Estado le transfiriera a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables, de forma diaria y automática a través del Banco Nación.
Como había habido en el ínterin una ley que respaldó lo dispuesto por decreto en 2020, el fallo de la Corte suspendía la Ley 27.606, estableciendo que mientras se resolvía la cuestión de fondo, el Estado nacional debería abstenerse de aplicar esa ley que había reducido la participación de CABA en la coparticipación.
El fallo reafirmaba también que desde la reforma constitucional de 1994, la Ciudad de Buenos Aires tiene un régimen de gobierno autónomo, y por lo tanto debe participar plenamente en el sistema federal de coparticipación.
El juicio político a la Corte
Y llegamos al principal punto de quiebre entre el kirchnerismo y el Tribunal Superior, que fue cuando el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner impulsó un proceso de juicio político contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El propio Alberto Fernández anunció públicamente el 1 de enero de 2023 que impulsaría el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema. La decisión se basaba originalmente en fallos judiciales que el oficialismo consideraba parciales o contrarios a la Constitución; y filtraciones de chats entre funcionarios judiciales y políticos que, según el kirchnerismo, evidenciaban connivencia y falta de imparcialidad.
El pedido fue presentado en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Carolina Gaillard, a sabiendas de que nunca prosperaría, pues ese oficialismo no contaba con los 2/3 necesarios para que el proceso pudiera llevarse a cabo después en el Senado. Así y todo ese oficialismo dedicó todo su último año en el poder a debatir casi semanalmente el tema en la Comisión de Juicio Político, centrando sus acusaciones en la supuesta malversación de fondos del Poder Judicial; fallos que según el oficialismo violaban la división de poderes, e irregularidades en el manejo del Consejo de la Magistratura.
Carolina Gaillard encabezó la Comisión de Juicio Político que sentó en el banquillo a Rosatti, Rozenkrantz, Lorenzetti y Maqueda.
Pasaron las elecciones presidenciales y la comisión, que ya había perdido casi todo el impulso inicial, terminó emitiendo un dictamen que nunca llegó al recinto. Ese oficialismo nunca lo mandó a sabiendas de que no contaba con los dos tercios.
No hubo entonces consecuencias para los jueces de la Corte, que jamás atendieron los requerimientos que desde esa comisión se les hicieron.
Para entonces, Cristina Fernández de Kirchner ya había sido condenada por un tribunal oral por corrupción. El fallo fue ratificado luego por la Cámara y -hace pocos días- convalidado por la Corte Suprema de Justicia. Sellando una ruptura definitiva entre el kirchnerismo y el máximo tribunal.
Unión por la Patria calificó el fallo como parte de una "persecución política, mediática y judicial". La expresidenta habla desde hace tiempo de un “Partido Judicial” que busca condicionar la voluntad popular, y calificó a los jueces de la Corte como un “triunvirato de impresentables” y “monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos”, sugiriendo que no actúan con independencia sino bajo presiones externas.
Respecto del caso en sí, la defensa de Cristina cuestiona la incorporación de pruebas como el llamado “plan limpiar todo”, que habría sido introducido de forma irregular por el fiscal Diego Luciani. Alegaron que se violó el principio de congruencia y que hubo manipulación del proceso.
Amén de ello, sostienen que el fallo tiene un efecto proscriptivo, ya que impide a Cristina Kirchner presentarse como candidata, lo que consideran un intento de excluirla del juego democrático.
Como sea, por tratarse de la Corte Suprema, la decisión es definitiva. Como definitiva es la ruptura de una relación que, como queda claro en este informe, supo ser muy distinta.
La condena de Cristina Kirchner generó una fuerte reacción de su militancia en las calles.