Somos plenamente conscientes de los problemas generados por las políticas del Gobierno nacional en materia de educación, ciencia y tecnología. En ese contexto, y por decisión del propio Ejecutivo, hoy no contamos con un Presupuesto Nacional, lo que afecta directamente la autonomía financiera que la Constitución Nacional le otorga al sistema universitario, volviéndola prácticamente inexistente.

El sistema educativo argentino atraviesa una etapa crítica, signada por la incertidumbre y el desfinanciamiento. Según el economista Alejandro Morduchowicz, los recursos nacionales destinados a educación cayeron un 44% en la comparación interanual 2023-2024. Los recortes más significativos se produjeron en Educación Básica, Formación Docente y otras áreas fundamentales, con una caída del 69%. En el caso de las universidades, la disminución fue del 23,9%, acumulando una caída del 32% al proyectar hasta 2025.

A comienzos de este mes, la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez, informó que a esa institución le faltan 260 millones de pesos mensuales para poder funcionar adecuadamente. Esto representa casi la mitad de su presupuesto operativo. A ello se suma la suspensión o cancelación de numerosos proyectos de investigación por falta de financiamiento. Esta situación repercute directamente en la calidad del salario docente y en la continuidad del personal académico, que cada vez más se ve obligado a dejar el sistema en busca de oportunidades laborales más dignas, ya sea en el exterior o en otras actividades dentro del país.

Debemos cuidar a nuestras universidades, porque han sido —junto con la escuela técnica y la educación pública de calidad— el motor de la movilidad social ascendente más importante que ha tenido la Argentina. Hoy, nuestros estudiantes, docentes e investigadores, formados en ese sistema, brillan en el mundo. No son excepciones: son parte de una larga historia de excelencia académica y científica. Nuestro país cuenta con cinco Premios Nobel, y con instituciones reconocidas internacionalmente como el CONICET, la CONAE, la UNCuyo, la UTN, entre muchas otras. Cada una de ellas representa lo que somos capaces de construir cuando el Estado invierte, acompaña y prioriza la educación.

Por eso, ante la falta de Presupuesto Nacional, impulsamos la aprobación del proyecto que establece un presupuesto específico para el sistema universitario, garantizando su autonomía y su funcionamiento adecuado. Este martes vamos a emplazar a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda para avanzar con la aprobación de un presupuesto digno para nuestras universidades. Y no vamos a dejar de reclamar por la presencia activa del Estado en todos los niveles educativos, desde la educación inicial hasta la superior.

Además, este miércoles también abordaremos otra situación urgente que merece nuestra total atención: la del Hospital Garrahan. No estamos hablando de un hospital más, sino de un hospital pediátrico de referencia nacional, que se ha transformado en un verdadero hospital federal. Solo en lo que va de 2024, atendió más de 354 mil consultas de niños y niñas provenientes de todo el país. El Garrahan simboliza lo mejor de nuestro sistema de salud pública: acceso, equidad y calidad. Por eso, al igual que con las universidades, es fundamental garantizarle los recursos que necesita para seguir cumpliendo su rol. Cuanto el Estado se ausenta en áreas sensibles como la salud y la educación, las consecuencias las paga toda la sociedad.

Seguir por el camino del desfinanciamiento y la desatención es condenar a nuestro sistema educativo, científico y sanitario a un futuro oscuro, pero aún estamos a tiempo de corregir el rumbo. Tenemos la responsabilidad de tratar y aprobar estos proyectos de ley, y todos los diputados sin distinción partidaria, tenemos el deber institucional de dar quórum este miércoles y acompañar iniciativas que son claves para el presente y el futuro de la Argentina.