Tras una última reunión acalorada, la Comisión Bicameral del Defensor de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se dio cita este martes antes de escuchar a una nueva tanda de representantes de organizaciones, en el marco del concurso público que comenzó para elegir al sucesor de Marisa Graham. En esta oportunidad primaron los acuerdos y se resolvió la creación de un Consejo Asesor técnico que asistirá a los legisladores en este proceso.

La presidenta de la bicameral, la radical Natalia Sarapura, sostuvo que la reunión informativa que tuvieron “ha permitido dar cuenta de la importancia de la participación de las organizaciones sociales. Hemos podido escuchar a representantes que nos han marcado una agenda con mejorar la participación de la sociedad civil, el compromiso e interés para el proceso del concurso público”.

“Hemos escuchado la importancia de una agenda temática para que se respete el carácter federal, la importancia del conocimiento académico a la hora de gestionar la Defensoría y el defensor. La importancia de dar cuenta de la transparencia del proceso del concurso”, señaló la jueja. Así, manifestó la importancia de seguir escuchando a organizaciones y ratificó la vocación de la comisión de “seguir con un proceso participativo” para crear el consejo asesor.

Sarapura explicó: “La bicameral ha tomado la decisión de crear un consejo asesor en el ámbito del cuerpo. Tendrá el carácter de asistencia técnica para todo el desarrollo del concurso público”. El mismo estará integrado por 10 miembros, cada uno de ellos propuestos por los legisladores que componen la comisión. Tendrán funciones de dar un acompañamiento técnico en todo el proceso del concurso.

También podrán aportar y hacer sugerencias para las instancias de evaluación, proponer temáticas, temarios, preguntas. Además, podrán sugerir una grilla de evaluación. Tendrá un carácter no vinculante y no lo podrán integrar organizaciones que estén concursando.

Al tomar la palabra, el libertario Nicolás Mayoraz remarcó que Consejo consultivo no es vinculante para los integrantes de la comisión. “Se charló mucho sobre los perfiles que pueda atender todas las realidades de quienes trabajan con la niñez y adolescencia, es decir, perfiles técnicos y el territorio”, expresó.

Mayoraz explicó que el consejo asesor técnico tendrá dos tareas claves: “Presentar los ejes temáticos y, la segunda instancia, quince días antes del examen presentar esos ejes que es el 13 o 14 de julio; y siete días antes la presentación de las propuestas o sugerencias para las preguntas del examen”.

“Reafirmamos la posición del bloque de invitar a la ciudadanía a participar de este proceso, ya que quedan pocos días. Que participen y se presenten para darle a la comisión y, luego, a ambas cámaras las mejores decisiones posibles dentro de las que se tienen que tomar por consenso político. Mientras más participen, se va a ver mejor expresada la sociedad en sus diferencias los distintos perfiles y miradas sobre esta problemática”, planteó y destacó las reuniones informativas con las organizaciones de la sociedad civil porque “nos ayudan a reflexionar sobre el perfil que queremos”.

El santafesino volvió a criticar la gestión de Graham y afirmó que pondrán "toda la energía” para "corregir aquello que nos pareció que no estuvo bien”. Por último, señaló que “hay que preguntarse sobre el rol federal que tiene el sistema o de qué manera podemos garantizar que sea un defensor bien involucrado con todas las realidades que se viven en todas las provincias”, y agregó: “Es importante el perfil de una defensoría de puertas abiertas que escuche a todos, que tenga un compromiso genuino y sin un sesgo ideológico con la tarea que tiene que llevar adelante porque la niñez está comprometida en muchos sentidos y se deben atender y afrontar”.

“No podemos pretender que el defensor sea un superhéroe porque no es la tarea que le asigna la ley y tampoco daría abasto con esa función. El rol articular que debe tener es clave, y esa mirada del sistema de protección de los derechos del niño es fundamental”, aclaró Mayoraz.

“Hemos plasmado buscar un consejo asesor que pueda volcar en los temarios todas esas variedades de problemáticas que nos han plasmado la sociedad civil y que puedan volcarlo en propuesta de preguntas para elegir a los mejores candidatos entre todos”, concluyó.

Por su parte, la diputada Eugenia Alianiello de Unión por la Patria destacó haber llegado a ciertos acuerdos entre todos para el concurso. También ponderó que el Consejo surgió de un aporte que hizo el Pro y expresó: “Es importante darle valor a la integración de este consejo y de las organizaciones que vienen hace años trabajando en niñez que puedan hacer aportes a un concurso que debe ser transparente, ágil y serio. Es importante poder dialogar y acordar pese a las diferencias ideológicas”.

A su turno, la diputada de Pro María Sotolano ponderó la relevancia de las reuniones y el consenso para llevar a cabo este consejo asesor: “Es un paso que muchos no venían viendo y es algo sumamente importante”, y explicó que la tarea del consejo asesor es “darle mucha más transparencia a este concurso, es el proceso más importante de la bicameral”. “Es un paso clave y un ejemplo y motivar a muchos profesionales a dar el paso. Este concurso está avanzando muy bien y eso es parte del consenso entre todos los bloques”, cerró.

La senadora libertaria Vilma Bedia sostuvo que la bicameral se hizo “eco” del reclamo de la sociedad que quiere “en este proceso de selección al futuro defensor. El consejo asesor técnico es fundamental porque será un acompañamiento en el proceso para que sea claro, transparente y para que la sociedad pueda ver todas las instancias evaluativas”.

El debate sobre un nuevo defensor

A continuación, en el marco del proceso de selección de un nuevo Defensor, participaron de la Bicameral organizaciones de la sociedad civil que trabajan de forma integral en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. “Siempre es importante la participación de la sociedad civil”, destacó Sarapura.

En primer lugar habló Gabriela Tozoroni, de la Red Argentina no Baja, quien sostuvo que el próximo defensor "tiene que continuar profundizando los logros de lo que ya se conquistó y se pudo hacer en la Defensoría". A continuación, aseguró que ese cargo tiene "un rol político" y "tiene que ocuparlo alguien que tenga trayectoria e idoneidad en materia de niñez y adolescencia, pero también debe haber una mirada política".

Por otra parte, cuestionó que "en lugar de entender que (los menores) son sujetos de derecho, tenemos desde el Gobierno nacional una mirada totalmente punitivista, criminalizante de nuestros niños y adolescentes a partir de la propuesta de bajar la edad de imputabilidad". "El niño, niña o adolescente es un sujeto de derecho que no se puede fragmentar", afirmó y pidió: "No miremos desde la mirada criminalizante, miremos qué pasó antes, miremos que hay un casi 70% de pobreza en niños y adolescentes frente a un 2,25% de pibes o pibas que quizás pueden estar involucrados en alguna transgresión a la ley".

A su turno, Gala Díaz Langou, del CIPPEC, apuntó que "las peores condiciones de vida en todo el territorio nacional están concentradas en familias que tienen niños, niñas y adolescentes". Y detalló que "el 52% de niños de 0 a 14 años viven bajo la línea de pobreza, y el 49,2% de niños entre 0 y 5 años viven en la pobreza. Estos datos son alarmantes, por todo lo que representa la pobreza, por las privaciones que conlleva, por la vulneración de derechos que implica".

En ese sentido, resaltó "la relevancia que tiene el rol de la Defensoría en revertir estos datos". También mencionó que "solamente 5 de cada 10 estudiantes finalizan la secundaria a tiempo y solamente 13% de quienes ingresan a la secundaria la terminan con los conocimientos esperados en lengua, matemática y sin repetir".

Guadalupe Correa, del Frente Joven María, también precisó que "más del 50% de los niños son pobres y uno de cada dos niños pobres sufre inseguridad alimentaria". Además, enumeró que "el 57,5% no tienen obra social, mutual ni prepaga; el 49,4% de los niños viven en un espacio con déficit en condiciones de medioambiente; el 23% de los niños entre 3 y 5 años no están escolarizados; y el 9,5% de los niños en edad de primaria no asisten a ningún establecimiento, número que se eleva a 28,9% en secundaria". "La mitad de los niños hasta tercer grado no entienden lo que leen y uno de cada diez que llegan a este curso directamente no sabe leer", sumó y dijo que la cifra de trabajo infantil es de 28,4%.

Por otro lado, criticó que "la Defensoría fue un organismo cooptado por las ideologías y no atento a la realidad, una Defensoría que hablaba del cambio climático, de las niñeces y buscaba eliminar la figura de los padres como protectores. Buscaba entregar asignaciones y más plata, pero no abordaba los problemas de fondo". Y cuestionó que había "una defensora que defendía eliminar a los futuros niños desde el vientre de la madre".

Mariela Cordero, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, manifestó: "La Defensoría debe cumplir un rol activo en la incidencia pública, articulando con el Poder Legislativo, el Poder Judicial, organismos internacionales, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de instalar la agenda de los derechos de niñas, niños y adolescentes como prioridad política".

Sobre quien ocupe el cargo, indicó que deberá tener "un conocimiento profundo de los principales desafíos que atraviesan las infancias y adolescencias en Argentina" ya que "hay problemas que urgen ser abordados desde una perspectiva federal, interseccional y con enfoque en derechos".

Desde la Organización Mundial para la Educación Preescolar, Mercedes Mayol Lasalle expresó: "Valoramos el rol asumido desde el 2019 por la doctora Graham, cuya designación tras 14 años de vacancia constituyó un hito histórico. Sin embargo, sabemos que aún queda mucho por hacer para lograr una Defensoría sólida, articulada con las provincias y la sociedad civil, que incida de manera efectiva en el cumplimiento de los derechos de las infancias de todo el país".

Por la asociación civil Doncel, Evelin Rolón señaló que "de esta nueva Defensoría esperamos que nos escuchen, que nos inviten a participar de verdad, queremos un espacio donde podamos hablar de nuestras vivencias, donde nuestras voces no sean decorativas sino tomadas para transformar el sistema". Y sobre el defensor, "que tenga un rol activo en monitorear las políticas públicas dirigidas a las infancias, no alcanza con tener un programa en papel".

Lucía de la Vega, del CELS, advirtió que "de las 50 políticas de cuidados existentes a nivel nacional, solo quedan 4". "Vemos a las familias criando en soledad, las mamás haciendo malabares, con menos tiempo para criar, con multiempleos, endeudándose para comprar alimentos y con la violencia en aumento en los barrios".

Manifestó que en las observaciones del Comité de Derechos del Niño del año pasado se remarcó la "preocupación ante el DNU 70/23" y la "continua disminución de las asignaciones presupuestarias destinadas a la infancia". "La situación del Garrahan es un ejemplo de esto, hoy el Garrahan está sin calefacción", dijo y fue aplaudida.

Además, De la Vega defendió que el plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente, sobre el cual "la Defensoría ha iniciado una acción para su continuidad y la justicia le ha reconocido la legitimidad colectiva para impulsarla".

Por el contrario, Daniela Seguí, de Abogados por la Vida, criticó que el plan ENIA "no es una política de prevención, sino una herramienta de control poblacional ideológico y con derivaciones geoestratégicas y demográficas perjudiciales para nuestra Nación y ejecuta en perjuicio de niños, adolescentes, sus familias y Argentina".

Participaron del encuentro Amelia López, Defensoría Provincial de Córdoba; Lucas Parenti, miembro de la Red Argentina por la Adopción; Lorena Álvarez, AAOF (Asociación Argentina de Orientadores Familiares); Mayca Irina Balaguer, FUNDEPS (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables); Alejandro Osio, docente de UNLPam (Universidad Nacional de La Pampa); Alejandra Castiglioni, Interculturalidad e Infancias; Martina Salituri Amezcua, Observatorio de Derechos de NNyA de la UNICEN (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires); Mariana Incarnato, Asociación Civil DONCEL; Norma Méndez Simoes, Ponete de Pie; Mariela Cordero, UNER (Universidad Nacional de Entre Ríos); Silvia Ana Fratti, Fundación Reflexión por la Vida; Paula Querido, Asociación Civil Francisco Tonucci; Fernanda Alvarado, ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales); Padre Adrián, Curas Villeros de Soldati; Miryam Monasterolo, Foro Patagónico por la Defensa de la Niñez y Adolescencia; Abigail Herrera, Abolicionistas del Siglo XXI; Bárbara Analia Morelli, Fundación Morelli; Soledad Deza, Fundación Mujeres x Mujeres; Miguel Jorge Haslop, PRODECI (Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles); Mariana Lucía Ortiz , Bitácora por la Infancia; Pablo Barbiroto, Juzgado Penal NNyA (Niños, Niñas y Adolescentes) de Paraná; Silvia Stuchlik, Fundación Alem; Lucía Ricoveri, Fundación Proyectos de Vida – CONIN Hurlingham; Liseth Agostina Tula, Tu Vida Vale Mucho – Sede Chubut; Santiago Stura, Faro Digital; Cristian Hernán Fernández, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Bernardo Montecino Pardo, Hogar del Sol – Portadores de Cristo; Lucila Galkin Sutton, Amnistía Internacional;  Alejo Brosio, Aldeas Infantiles SOS; Nora Pulido, Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia.