“Exigimos el reparto justo del impuesto al combustible”, sostiene la senadora nacional rionegrina, para quien el Gobierno ha abandonado a las provincias.
El Gobierno Nacional ha decidido abandonar a las provincias. No se trata solo de una decisión presupuestaria: se trata de una definición política que concentra recursos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a costa del esfuerzo y el sacrificio de las provincias argentinas.
En lo que va del año, el AMBA ha recibido $74.000 millones mensuales en subsidios al transporte, mientras Río Negro y las demás jurisdicciones del país no han recibido un solo peso desde 2023. Esta desigualdad no solo es ofensiva, es también ilegal y anticonstitucional.
Por un lado, nuestra Carta Magna establece que se deben arbitrar mecanismos para reducir las asimetrías existentes en las diferentes regiones del país; y la lógica actual sólo concentra recursos en el área más rica.
A su vez, la Ley 23.966 -que regula el Impuesto a los Combustibles Líquidos- establece con claridad que lo recaudado debe destinarse, entre otros fines, a subsidiar el transporte público y a financiar obras de infraestructura vial en todas las provincias. Sin embargo, el Gobierno Nacional ha decidido ignorar esta obligación legal, profundizando un esquema de concentración injusto y centralista.
Los rionegrinos y rionegrinas pagan ese impuesto cada vez que cargan combustible. ¿Por qué entonces los fondos no regresan a nuestra provincia en forma de servicios?
En Río Negro, el Estado provincial está cubriendo con recursos propios lo que debería financiar la Nación. En 2024 ya se han destinado más de $3.500 millones para sostener el transporte público, y se proyectan $4.115 millones para el resto del año. Subsidios provinciales que, aun así, no logran equilibrar la balanza: mientras en el AMBA un boleto cuesta $546 para trayectos de hasta 27 km, en nuestra provincia puede costar hasta $2.000 para recorridos más cortos.
Desde el Congreso de la Nación acompañamos con firmeza la iniciativa de los 22 gobernadores provinciales de impulsar una Ley que ponga fin al Fondo para el Sistema de Infraestructura del Transporte y establezca un reparto equitativo del 57% para las provincias y 43% para la Nación.
Esto no es caridad. Es justicia federal. El federalismo no puede ser un enunciado vacío mientras se concentra el 100% de los subsidios en una sola región del país. Es hora de respetar la Constitución, la ley, y redistribuir los recursos, a fin de garantizar derechos para todas y todos, vivan donde vivan.