La salud mental adolescente atraviesa una crisis sin precedentes en Argentina. El aumento de intentos de suicidio, la falta de recursos y la desigualdad en el acceso a la atención exponen una realidad alarmante.
Desde 2020, la salud mental adolescente en Argentina ha dejado de ser un tema privado para convertirse en una emergencia pública. La pandemia profundizó malestares preexistentes: soledad, ansiedad, depresión y, en muchos casos, pensamientos suicidas. En aquel año murieron 386 adolescentes por suicidio; desde entonces, los hospitales públicos informan un aumento constante de internaciones y urgencias psiquiátricas.
Entre abril de 2023 y abril de 2025, el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS) registró 15.807 intentos de suicidio, un promedio de casi 22 por día. De ellos, 906 terminaron en muerte, es decir, más de un adolescente fallecido cada día.
En el tramo de 15 a 19 años, la tasa es de 91 casos por cada 100.000 habitantes y en 20 a 24 años, 85 por cada 100.000. Las mujeres registran el mayor número de intentos, pero los varones tienen letalidad cinco veces superior.
A nivel clínico, el 46 % de los episodios entre los jóvenes corresponden a sobredosis con medicación (predominante en mujeres), mientras que entre los varones prevalecen los métodos más letales como el ahorcamiento (39 %) y el uso de armas de fuego. El hogar es el principal escenario de estos intentos (86 %), y el 55 % de los involucrados requiere internación, con un 6 % llegando a cuidados intensivos.
Un reciente estudio de Fundar‑OPS revela que uno de cada siete adolescentes padece un trastorno mental —como depresión, ansiedad o trastornos alimentarios— y que el suicidio es la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.
Sin embargo, en 2023, solo el 0,4 % del presupuesto en salud pública se destinó a salud mental adolescente, y apenas el 4,1 % en total para salud mental, la política mira para otro lado.
El impacto de las redes sociales y el ciberacoso actúan como detonantes claros: estudios muestran que quienes los padecen duplican su riesgo de ideación y conductas suicidas. A estas presiones se suman la pobreza, que afecta a más del 60 % de los niños y adolescentes argentinos, la inseguridad familiar y la ausencia de escucha adulta.
El Estado ha adoptado medidas la Ley 27.130 de prevención del suicidio, el Plan Nacional de Salud Mental 2021‑2025 y la creación de un sistema obligatorio de registro de intentos. A pesar de ello, la cobertura sigue siendo desigual: el foco urbano concentra recursos, mientras que zonas rurales y periferias quedan relegadas. También se necesitan formaciones sistemáticas para docentes, familias y equipos de salud, acompañadas por presupuesto real y continuidad en las estrategias.
Hoy, el desafío es nacional y urgente. No alcanza con nombrar el problema ni con campañas puntuales; requiere un compromiso sostenido. Mucho más inversión, formación integral, dispositivos comunitarios y espacios de cuidado en las escuelas. El futuro de nuestros chicos —y, en definitiva, el de la Argentina— depende de cuán rápido transformemos esta crisis en acción decidida.