En sintonía con lo sucedido en la Cámara de Diputados, la investigación sobre la visita de seis diputados nacionales a exmilitares no avanzó. El pedido fe elevado por la Fiscalía a cargo de Sergio Mola.
El juez federal Luis Armella tomó la decisión de archivar la causa que investigaba el trasfondo de la visita de seis diputados nacionales libertarios a exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad al penal de Ezeiza en julio del 2024. El pedido fue iniciado por el fiscal Sergio Mola, quien consideró que no hubo irregularidades vinculadas al Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Durante los primeros días de julio del 2024, María Fernanda Araujo, Beltrán Benedit, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y Lourdes Arrieta -hoy alejada de La Libertad Avanza- fueron desde el Palacio Legislativo hasta el Complejo Penitenciario Federal VII para reunirse con los genocidas Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías, Adolfo Donda y Alberto González, entre otros.
Según publicó Página 12, la justicia adhirió a la presentación de la Fiscalía respecto a que "los diputados no estaban haciendo una visita sino una recorrida para verificar las condiciones de detención de los represores".
A partir de investigaciones periodísticas, se pudo conocer el hecho y a los pocos días, apareció la fotografía de los legisladores oficialistas con los exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar entre 1976 y 1983. La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que preside Silvia Lospennato puso a consideración la creación una comisión investigadora impulsada por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, pero nunca prosperó.
Arrieta, en medio de su salida conflictuada del bloque oficialista, manifestó haber ido “engañada” a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza, a pesar de que apareció en plano central cuando se conoció la imagen. Por su parte, Bonacci, quien no posó para la foto junto a los genocidas, reveló días más tarde que se arrepintió sobre la marcha del viaje, aclaró que fue “craneado por Benedit y Montenegro”, y remarcó que “estos diputados iban para comunicarse con los genocidas para armar una especie de proyecto”.
Una vez fuera de la bancada de La Libertad Avanza, la mendocina Lourdes Arrieta, ya como monobloquista, reveló capturas de conversaciones en WhatsApp que databan una planificación de la visita desde febrero del 2024. Los chats vinculaban a un sacerdote, al hijo de un genocida, abogados y jueces. No obstante, fue develado que el plan original era el de armar un proyecto de ley para beneficiar a los exmilitares con la prisión domiciliaria.
El 28 de abril pasado, la organización de derechos humanos H.I.J.O.S. denunció que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través del SPF solicitó a diferentes tribunales federales el traslado de 19 exmilitares condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo, considerada por muchos como una “cárcel VIP”.
Por la visita de los legisladores a Ezeiza, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y radicales que hoy son parte de Democracia para Siempre impulsaron decenas de pedidos de informes, repudios, interpelaciones a funcionarios y la creación de una comisión investigadora, la cual nunca se formalizó.