Ante el desfinanciamiento en la obra pública por parte del Gobierno nacional, los senadores nacionales del bloque Convicción Federal presentaron dos proyectos de ley que proponen declarar la emergencia en el sistema vial nacional por el término de dos años y, además, proteger a la Dirección Nacional de Vialidad ante una amenaza de disolución, privatización o modificaciones en su estructura que perjudiquen a los trabajadores.

“El Gobierno nacional está jugando con la seguridad vial y el desarrollo del país”, resaltaron los legisladores, quienes afirmaron que "con inversión en infraestructura vial se evitan pérdidas de vidas humanas y se bajan los costos logísticos del transporte, entre otros beneficios".

Fernando Salino, Carolina Moisés, Fernando Rejal y Guillermo Andrada mantuvieron un encuentro con representantes de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) y de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional.

Durante la reunión, los referentes gremiales expusieron un diagnóstico alarmante sobre la situación actual de la Dirección Nacional de Vialidad, señalando no sólo un impacto directo en las fuentes laborales, sino también un riesgo concreto para la seguridad de millones de personas que circulan diariamente por las rutas del país.

El objetivo de las iniciativas es "garantizar la continuidad de todas las obras públicas en la red vial nacional y mitigar el deterioro causado por la falta de inversión del Gobierno nacional, mediante la ejecución de los fondos de infraestructura de transporte", apuntaron.

“Es impostergable abordar esta situación con responsabilidad y compromiso federal. La red vial es un componente clave para el desarrollo, la conectividad y la seguridad de todos los argentinos”, sostuvieron desde la bancada que integra el interbloque Unión por la Patria.

Según un informe elaborado por FEPEVINA, más del 60% de la red vial argentina se encuentra en estado malo o regular, lo que confirma la existencia de una emergencia vial a nivel nacional. El estado crítico de las rutas afecta la seguridad vial, incrementa los riesgos de siniestros, eleva los costos logísticos y reduce la eficiencia del transporte, generando consecuencias negativas en múltiples niveles de la vida económica y social.

Los senadores expresaron su profunda preocupación por "la postura del Gobierno nacional, que sostiene una política de desfinanciamiento de la obra pública y ha anunciado la eventual eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad. De concretarse, esta medida implicaría la pérdida de trabajadores altamente calificados y comprometería aún más la seguridad de millones de ciudadanos".