Un proyecto de Unión por la Patria propone incorporar a la Ley Antidiscriminatoria un artículo que habilite la suspensión o remoción de autoridades que inciten a la violencia o estigmaticen desde el Estado. También crea un Observatorio Parlamentario para monitorear expresiones oficiales.
El proyecto propone crear Observatorio Parlamentario contra el Discurso de Odio.
En medio de un clima político marcado por fuertes cruces verbales y declaraciones incendiarias desde las más altas esferas, el diputado nacional Diego Giuliano (Unión por la Patria-Santa Fe) presentó un proyecto de ley que busca poner límites institucionales a los discursos de odio y actos de discriminación protagonizados por funcionarios públicos.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo de otros legisladores de su bancada, propone sumar un artículo 1 bis a la Ley N° 23.592 (Antidiscriminatoria) para tipificar como actos discriminatorios las expresiones de autoridades de cualquiera de los tres poderes del Estado que “inciten al odio o la violencia”, “promuevan la estigmatización o deshumanización” o “adhieran a acciones que atenten contra el derecho internacional humanitario”.
El texto establece que estas conductas serán consideradas faltas graves, pasibles de sanciones administrativas, suspensión, remoción o juicio político, según el régimen aplicable a cada función.
Además, el proyecto crea un Observatorio Parlamentario contra el Discurso de Odio, con autonomía técnica en el Congreso, para monitorear, elaborar informes semestrales y proponer iniciativas legislativas orientadas a prevenir y erradicar la violencia discursiva institucional.
“No se trata de restringir la libertad de expresión, sino de protegerla de la distorsión autoritaria cuando se utiliza el aparato estatal para estigmatizar ciudadanos o criminalizar sectores sociales”, argumentan en los fundamentos.
La propuesta también contempla la obligación del Estado de diseñar protocolos de comunicación institucional que promuevan “el respeto, la inclusión y la pluralidad democrática”, e invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la norma.
Giuliano y sus cofirmantes sostienen que la legislación vigente es insuficiente para abordar el fenómeno cuando las expresiones discriminatorias provienen de agentes del Estado, y apelan a antecedentes internacionales como Alemania, Canadá y la Unión Europea para justificar la iniciativa.
Acompañan a Giuliano en el proyecto sus pares Mónica Litza, Ramiro Gutiérrez, Micaela Morán, María Luisa Chomiak, Cecilia Moreau, Daniel Gollán, Jorge Araujo Hernández y Nancy Sand.