Con recursos naturales privilegiados, Argentina busca consolidarse como proveedor estratégico de hidrógeno renovable y de bajas emisiones. Un proyecto de ley presentado en el Congreso propone incentivos fiscales y estabilidad normativa para captar capitales en un mercado global en plena expansión.
Argentina tiene las condiciones para convertirse en uno de los grandes jugadores en la industria del hidrógeno, un vector energético que se proyecta como pieza clave en la transición hacia economías bajas en carbono. Con vastos recursos eólicos y solares –especialmente en la Patagonia–, abundancia de agua dulce y salada, y disponibilidad territorial, el país aparece en los radares de empresas y gobiernos que buscan diversificar sus fuentes de energía limpia. Pero la ventana de oportunidad es estrecha, y capitalizarla requiere algo que ha escaseado en la historia reciente: un marco normativo estable y competitivo para inversiones de largo plazo.
Eso es lo que busca el proyecto de ley presentado por los diputados Martín Maquieyra (Pro) y Lorena Villaverde (LLA). La iniciativa establece un régimen de promoción para el desarrollo de la industria del hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones, que incluye beneficios fiscales, estabilidad tributaria por tres décadas y un marco jurídico orientado a atraer grandes inversiones extranjeras.
Un mercado global en crecimiento exponencial
La Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) estima que el hidrógeno y sus derivados podrían cubrir el 14% de la demanda mundial de energía en 2050, lo que implicaría multiplicar por cinco la producción actual. En paralelo, la Agencia Internacional de Energía (IEA) proyecta una producción global de 140 millones de toneladas anuales para 2030 y 500 millones para mediados de siglo.
La demanda estará liderada por Europa, que prevé importar hasta el 50% de su consumo futuro de hidrógeno, y por Asia, donde países como Japón y Corea del Sur planean cubrir más del 80% de sus necesidades mediante compras externas. Alemania, pionera en este campo, actualizó en 2023 su Estrategia Nacional del Hidrógeno, que contempla la importación de hasta el 70% de la demanda prevista para 2030.
En este contexto, Argentina aparece como un candidato natural para convertirse en proveedor estratégico, gracias a:
Pero la competencia es feroz. Países como Chile, Australia y Marruecos también están desarrollando estrategias para captar capitales y consolidarse como exportadores.
Claves del régimen propuesto
El proyecto de Maquieyra y Villaverde busca dar respuesta a las particularidades de la industria del hidrógeno, que requiere plazos largos de desarrollo y grandes inversiones iniciales. Por eso, incluye:
✅ Estabilidad tributaria por 30 años: los proyectos no podrán ser afectados por nuevos impuestos ni por aumentos de tributos existentes.
✅ Ampliación del plazo para adherirse al RIGI: de 2 a 5 años, con posibilidad de prórroga por un año más.
✅ Flexibilización de requisitos de inversión: las inversiones mínimas deberán cumplirse en un plazo de 3 años desde la aprobación del plan, considerando que la fase de factibilidad puede durar entre 2 y 3 años y la construcción hasta 5 años.
✅ Sistema de certificación alineado a estándares internacionales para garantizar la trazabilidad y sustentabilidad del hidrógeno producido.
✅ Facilidades para el uso de infraestructura existente (gasoductos, redes eléctricas) y derechos de servidumbre para la instalación de nuevas plantas eólicas, solares e industriales.
La oportunidad económica para Argentina
Un estudio de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) estima que, con un marco regulatorio adecuado, Argentina podría captar inversiones por más de US$ 15.000 millones hacia 2030 en proyectos de hidrógeno verde y derivados como amoníaco y metanol. Esto generaría:
📈 Miles de empleos directos e indirectos en la construcción y operación de plantas.
📦 Exportaciones anuales por más de US$ 5.000 millones hacia mercados europeos y asiáticos.
🌱 Reducción de emisiones y diversificación de la matriz energética local.
El proyecto también apuesta a fomentar el desarrollo tecnológico local, promoviendo la fabricación nacional de electrolizadores, celdas de combustible y sistemas de almacenamiento, lo que permitiría a Argentina insertarse en las cadenas de valor globales con mayor valor agregado.
Riesgos y desafíos
“El hidrógeno no es solo una opción energética: es una oportunidad para reconfigurar la matriz productiva del país y generar divisas genuinas”, sostienen los autores del proyecto. Pero advierten que la carrera es contra el reloj: si Argentina no consolida pronto un marco competitivo, el capital global buscará otras geografías más seguras.
El proyecto de ley impulsado por Maquieyra y Villaverde no solo busca establecer un marco regulatorio para el desarrollo del hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones, sino también dotar al sector de las condiciones económicas y fiscales necesarias para atraer inversiones de gran escala. Al declarar de interés nacional la producción, transporte, almacenamiento, exportación y uso del hidrógeno, la iniciativa reconoce explícitamente su rol estratégico en la transición energética global y en la diversificación de la matriz productiva argentina.
El corazón económico del texto está en la incorporación de incentivos concretos: estabilidad tributaria por 30 años, ampliación del plazo de adhesión al RIGI de 2 a 5 años, y flexibilización de los requisitos de inversión mínima para facilitar el ingreso de proyectos que requieren largos períodos de maduración tecnológica y financiera. Estas herramientas buscan mitigar el riesgo regulatorio, uno de los principales obstáculos identificados por inversores internacionales para apostar por Argentina.
Desde el punto de vista técnico, la ley prevé la creación de un sistema de certificación homologable a estándares internacionales, lo que permitiría garantizar la trazabilidad de las emisiones y abrir la puerta a los mercados más exigentes, como la Unión Europea y Asia. También faculta a la autoridad de aplicación a intervenir en la Estrategia Nacional del Hidrógeno, dictar normas de seguridad y articular con provincias y municipios, generando un ecosistema institucional robusto para un sector incipiente.
En términos económicos, el régimen propuesto podría catalizar inversiones por miles de millones de dólares en el mediano plazo, con efectos multiplicadores en la creación de empleo, el desarrollo de proveedores locales y la infraestructura energética asociada. El sector del hidrógeno de bajas emisiones exige grandes proyectos integrados (parques eólicos y solares, plantas de electrólisis, logística portuaria) cuya magnitud hace indispensable un marco legal de largo plazo y certidumbre.
Sin esa previsibilidad, advierten sus impulsores, Argentina corre el riesgo de volver a quedar al margen de una nueva ola de desarrollo tecnológico-industrial, como ocurrió en el pasado con otras industrias estratégicas. Con ella, en cambio, el país podría posicionarse como un proveedor competitivo de hidrógeno y sus derivados, capitalizando su abundancia de recursos renovables y su potencial geográfico para exportar a mercados deficitarios.