El senador nacional fueguino Pablo Daniel Blanco (UCR) presentó un proyecto de declaración para expresar su más enérgico repudio a la resolución del interventor del ENARGAS publicada en el Boletín Oficial el 2 de julio, que instruye a las distribuidoras a aplicar un nuevo recargo por metro cúbico de gas consumido.

“Esta medida fue tomada de manera inconsulta, sin diálogo y sin ningún tipo de contemplación sobre la realidad del sur argentino. En nuestras provincias, el gas no es un lujo: es una necesidad vital para atravesar el invierno. Aplicar un nuevo recargo en este contexto es, lisa y llanamente, un acto de crueldad institucional”, afirmó el senador.

Como fueguino, Blanco enfatizó: “Conozco de primera mano lo que significa depender del gas para vivir. En Tierra del Fuego no se trata de comodidad, sino de supervivencia. Por eso me resulta inaceptable que se impongan nuevos recargos sin ningún tipo de contemplación por la realidad climática de nuestra región y de tantas otras provincias del sur”.

La medida adoptada por ENARGAS establece recargos que oscilan entre el 6,43 % y el 6,72 %, y golpea directamente a quienes menos margen tienen para afrontarlos. En Tierra del Fuego, el recargo es del 6,43 %; en Santa Cruz Sur, del 6,45 %; en Chubut Sur, del 6,54 %; en el sistema Cordillerano de Río Negro y en Neuquén, del 6,47 %; en La Pampa, varía entre el 6,47 % y el 6,68 %; y en el sur de la provincia de Buenos Aires, incluyendo Bahía Blanca, llega al 6,72 %. Estos aumentos se aplican sobre tarifas ya elevadas y representan un nuevo golpe a las economías familiares en pleno invierno.

“El impacto sobre los hogares es brutal, y se suma a tarifas que ya se multiplicaron hasta cinco veces en el último año. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta cuándo se puede castigar a quienes viven en el sur por el solo hecho de necesitar calefacción?”, se preguntó.

Blanco también cuestionó el carácter regresivo de la disposición. “No hay distinción alguna: pagan lo mismo jubilados, trabajadores con ingresos bajos, familias con niños o comunidades rurales. No hay criterios de progresividad, proporcionalidad ni sensibilidad social. Es un atropello”.

Además, el senador expresó dudas sobre la transparencia del destino de los fondos: “El recargo se destina a un fondo fiduciario que no garantiza ni equidad en la redistribución ni trazabilidad en el uso de los recursos. No sabemos cómo ni dónde se usan esos fondos, pero sí sabemos quiénes los pagan: siempre los mismos”.

Finalmente, pidió el acompañamiento de sus pares al proyecto presentado. “No podemos quedarnos callados frente a decisiones que agravan las desigualdades y vulneran derechos esenciales. Desde el Congreso tenemos la responsabilidad de defender a quienes viven y trabajan en las regiones más postergadas y exigidas del país”.