Tras el cierre de la Dirección de Vialidad Nacional, anunciado por el Gobierno, el diputado Eduardo Toniolli (UP) presentó un proyecto de ley que propone declarar “la emergencia pública en materia vial, para todo el trazado de la Red Vial Nacional correspondiente a la provincia de Santa Fe” por el plazo de dos años, prorrogable por igual término a decisión del Poder Ejecutivo.

En la iniciativa se consideran los tramos de las rutas 2, 7, 8, 9, 11, 19, 33, 34, 95, 98, 168, 173, 175, 177, 178, A007, A008 y A012.

De acuerdo al texto, la autoridad de aplicación deberá adoptar “todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad de todas las obras públicas” que “se encontraban en estado de ejecución durante el año 2023”.

El proyecto, acompañado por legisladores de UP como Germán Martínez, Florencia Carignano y Diego Giuliano -también santafesinos-, entre otros, establece que durante el plazo de la emergencia el Estado Nacional deberá relevar el estado de las rutas nacionales de Santa Fe; e implementar obras de rehabilitación y mantenimiento en tramos de rutas cuya evaluación de estado sea malo a muy malo.

Además, ejecutar obras de mantenimiento por administración, por contratos o por convenios para casos puntuales; ejecutar obras de conversión a rutas de terceros carriles para vías de tránsito mediano; y garantizar el cumplimiento efectivo de todas las obligaciones asumidas por los concesionarios viales.

Otro artículo indica que deberán priorizarse los tramos de alta transitabilidad vehicular y de acceso a localidades; los tramos nodales para el tránsito productivo, comercial y turístico; y los tramos nodales de interconexión provincial y regional.

Asimismo, se busca prohibir durante el período de emergencia “los despidos, las suspensiones o cesantías del personal de la Dirección Nacional de Vialidad, cualquiera fuera su modalidad de contratación”.

“Para el financiamiento de la emergencia vial se utilizarán los recursos disponibles no ejecutados a la fecha y los que se recauden a futuro con destino al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte”, en virtud de que el 50% de dichos recursos se deben destinar al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), de acuerdo al marco normativo vigente”, reza el texto y faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las modificaciones presupuestarias que correspondan”.

En los argumentos, Toniolli señaló que “el Gobierno nacional ha producido desde su asunción un enorme, inequitativo e innecesario ajuste del gasto público” y “ha paralizado casi todas las obras en curso sobre la red vial nacional”. “Se trata de una situación grave que afecta a todas las provincias del país. Esto acarrea serios problemas de seguridad vial de los ciudadanos y afecta la conectividad y logística de toda la extensa geografía nacional”, advirtió.

Y agregó que, en el caso de su provincia, “las rutas 11, 33 y 34 por mencionar las más significativas, sufren un deterioro ostensible debido a la falta de inversión en obras y de mantenimiento adecuado”.