Funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación defendieron este martes en el Senado los decretos por los cuales se modificaron las funciones de las fuerzas federales, y aseguraron que fueron en el marco de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo en la Ley de Bases.

Sin embargo, desde la oposición hicieron hincapié en que el Gobierno se "extralimitó" en dictar tales medidas y varios referentes de Unión por la Patria anticiparon que buscarán rechazar en los recintos de ambas cámaras el decreto delegado 383/25, por el cual se creó el nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina.

En su exposición ante la Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior, el director de Transformación Institucional, Diego Fleitas Ortiz de Rozas, señaló que "estas reformas se hicieron en el marco de la Ley de Bases", en alusión a los decretos 383, 454, 455, 456 y 457 de este año. "Se buscó fortalecer un proceso de modernización, profesionalización, actualización de los textos normativos y resolver cuestiones de personal, estructura y carrera", indicó.

A su vez, admitió que la reforma de la PFA fue "un poquito más en profundidad", teniendo como eje "darle una nueva misión y darle potestades nuevas", orientadas hacia la investigación. "Es un primer paso normativo. La Ley Orgánica no es un protocolo", explicó y apuntó que se buscó darle a la PFA "la misión de enfocarse en delitos federales y complejos", aunque "sigue teniendo residualmente otras misiones vinculadas a seguridad del Estado y orden público".

"Lo que hicimos fue reproducir textos existentes en la ley vigente de la PFA, en el Código Procesal o potestades comunes a todas las policías", argumentó.

Sobre la PFA, Fleitas Ortiz de Rozas mencionó que "sólo el 19% del personal de la fuerza estaba en área de investigación, drogas o inteligencia; y nosotros consideramos que ese porcentaje tiene que ser más alto". Por eso, los nuevos agentes están yendo "casi 100% hacia áreas de investigaciones" y "se redujo a la mitad la cantidad de integrantes suboficiales". "Una nueva policía con una estructura más horizontal y un personal más profesionalizado", destacó.

El funcionario agregó que "en el caso de Prefectura y Gendarmería lo que se hizo principalmente fue modernizar su texto normativo, se eliminaron referencias a cualquier dependencia a las Fuerzas Armadas"; mientras que "en la PSA se hicieron cambios mayores", entre los que "se incluyó la posibilidad que tuviera un subjefe, que no estaba en la estructura" y que "los cadetes sean formalmente parte de la fuerza".

Al abrirse el tramo de preguntas, el diputado José Glinski (UP) planteó que "los cambios no fueron lo suficientemente difundidos, porque no fueron lo suficientemente trabajados". En ese sentido, consideró que podía existir un "consenso" en que eran necesarias reformas en las fuerzas, pero en lo que "no hay consenso" es en "si estas reformas se pueden hacer o no por decreto".

"Todas estas series de reformas se hacen amparadas en la Ley de Bases y facultades delegadas, sin embargo hubo una acción expresa de los diputados de quitar la emergencia en seguridad", recordó y cuestionó "la legalidad y legitimidad de estas normas". "Nosotros sostenemos que son ilegales porque están hechas bajo una extralimitación del Poder Ejecutivo", afirmó el exdirector de la PSA.

A su turno, el senador Oscar Parrilli (UP) consultó cuántos son todos los efectivos de las cuatro fuerzas; cuántos eran a diciembre de 2023 y cuánto se han incrementado desde esa fecha hasta ahora. Fleitas Ortiz de Rozas respondió que aproximadamente hay 31 mil en la PFA, 40 mil Gendarmería, 5.500 en la PSA y 25 mil de Prefectura Naval. "No hubo un incremento significativo de las fuerzas, incluso en la PFA se redujo un poco. El año pasado ingresaron 450 y antes ingresaban 900 por año", indicó el funcionario.

Luego, el diputado Juan Marino (UP) preguntó "por qué decidieron hacer esto por decreto y no mandar proyectos al Congreso" y qué "análisis jurídico" realizaron para interpretar que la Ley de Bases les permitía avanzar de esta manera. Sobre lo primero, el director de Transformación Institucional respondió que eso fue por "una decisión política que me excede" y, respecto a lo segundo, insistió en argumentar: "Las fuerzas federales se encuentran dentro de la administración y, dentro de las potestades, la Ley de Bases le daba al Ejecutivo potestades para reformar la administración pública".

Más adelante, el legislador opositor indagó sobre la facultad que se le da a la PFA en "el acceso a bases de datos privadas sin orden de un juez". El representante del Ministerio de Seguridad señaló que "hay normas existentes vigentes referidas a la Ley de Protección de Datos Personales" y "el derecho de habeas data va a existir. El espíritu es que se hace dentro del marco de la ley". Aunque, reconoció, en este y otros puntos, que todavía hay facultades no reglamentadas por protocolo.

En cuanto al ciberpatrullaje, Marino cuestionó cómo se hará para impedir que "la prevención del delito en espacios digitales sin autorización judicial" sea una facultad que "se use para vigilar a opositores, periodistas y activistas". "La realización de tareas de prevención en espacios abiertos digitales en un estándar en todos los lugares del mundo", contestó Fleitas Ortiz de Rozas y afirmó que "esto fue adoptado por distintas administraciones de distintos colores políticos".

"Obviamente se tiene que hacer respetando los derechos y garantías, no tiene que ser motivo de persecución política, estamos completamente de acuerdo", dijo el funcionario, para indicar luego que se utiliza en la prevención de delitos como pedofilia, abuso sexual, trata de personas y que existen "decenas de fallos sobre la legalidad de estas actividades de prevención".

Diego Fleitas Ortiz de Rozas

Sin embargo, el diputado de UP advirtió que "estamos frente a un Gobierno donde el presidente dijo públicamente que él taclea las opiniones de los críticos en las redes sociales y los medios de comunicación para después denunciarlos judicialmente. El ciberpatrullaje efectivamente sí viene siendo utilizado para persecución y todo esto va a agravar el asunto".

Otra de las voces desde el kirchnerismo fue la del diputado Leopoldo Moreau (UP), quien resaltó: "Estos decretos pasan por encima de normas constitucionales, legales y en algunos casos hasta convencionales". Y lamentó que "después de 40 años de democracia hayan dejado de lado el control ciudadano que se ejerce a través del Parlamento". "La seguridad sin control no es seguridad, sino que es poder sin ley, y nosotros no estamos dispuestos a otorgar un poder sin ley y menos en estas características", agregó.

Para el radical K, esto no se trata "simplemente de una reforma administrativa" y trajo a colación la requisa que hubo por parte de las fuerzas a militantes que se movilizaron el pasado 18 de junio en apoyo a Cristina Kirchner. "Ni el Ministerio de Seguridad ni las fuerzas federales podemos, ni debemos, llevar adelante tareas de inteligencia política o tener base de datos vinculados a la política", aseveró el representante de la cartera que conduce Patricia Bullrich. "Las fuerzas federales en el orden público deben limitarse a la prevención del delito", sumó.

Avanzada la reunión, la diputada Carolina Gaillard (UP) cuestionó el decreto 383/25 -de reforma de la PFA- y advirtió que desde este martes "estamos en condiciones de tratarlo en el recinto para su rechazo" porque "está viciado de inconstitucionalidad" y "no cumple con las delegaciones de la Ley de Bases".

La entrerriana explicó que ese decreto delegado "versa sobre una materia que no fue declarada la emergencia; y aún si hubiera una emergencia en seguridad también sería inconstitucional porque hay una vaguedad en las tareas". Por eso, reclamó que se lo rechace en el Congreso "y que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley como corresponde".

"No vamos a estar a favor nunca de la restricción de derechos individuales y más cuando estamos ante un Gobierno nacional que está de manera permanente violentando el sistema institucional y avanzando en las libertades individuales de las personas", subrayó Gaillard, a lo que el funcionario negó: "Nosotros creemos que no avanzamos sobre ellos".

El único legislador en hablar por el oficialismo fue el diputado Santiago Pauli (LLA), quien criticó las opiniones de organismos internacionales sobre este tema, cuando "el ejemplo más reciente de avasallamiento a los derechos humanos no fue la última dictadura militar sino la cuarentena". "Se reprimió, hubo gente desaparecida, gente que ha sido encontrada muerta en dudosas circunstancias", remarcó sobre la época de pandemia.

Además, el libertario ponderó: "¿Qué mayor política de seguridad ciudadana hay que haya menos inseguridad, menos delitos, menos homicidios? Cosa que actualmente estamos viendo. Sobre todo en provincias en donde se ha logrado trabajar en conjunto". Y, respecto a que las reformas salieron por decreto, el fueguino manifestó: "Me atrevo a dudar que ese consenso hubiera existido si se hubieran enviado proyectos".

En el cierre, el jefe de UP en Diputados, Germán Martínez, preguntó: "¿No creen que a partir de estos decretos delegados están dejando a las fuerzas de seguridad en una situación de debilidad jurídica-institucional?". "Esto queda a tiro de otro acto jurídico de la misma envergadura. Es una involución en términos de funcionamiento jurídico-institucional", consideró.

"Ustedes dicen que las vienen a fortalecer (a las fuerzas). Mentira. Las debilitan. De hecho están a tiro del rechazo por mayoría simple en cada una de las cámaras para que esto vuelva a la situación anterior", insistió el santafesino, a lo que Fleitas Ortiz de Rozas cerró: "Creemos que esto las fortalece porque trata de resolver problemas muy graves. No es el escenario ideal, pero creemos que está hecho dentro del marco legal de la República Argentina. Muchas de las cuestiones que se están resolviendo están dentro del Poder Ejecutivo".