A nadie le queda ninguna duda al respecto, pero el jefe de Gabinete sintió la necesidad de reiterarlo este miércoles: ratificó que el presidente vetará todo lo que vaya contra sus intereses. Esto es, las tres leyes que ya salieron aprobadas del Senado y que en poco tiempo aparecerán en el Boletín Oficial consignando su rechazo, más los dos proyectos inspirados en los gobernadores. Todo será vetado.

Ante la consulta puntual, Guillermo Francos fue enfático en la materia: “Que le vayan a sacar a Milei 10 mil millones de dólares de las cuentas públicas, ni loco… ni loco. O sea que lo vetaremos, y si después lo confirman, intentaremos con alguna otra cosa, pero el Gobierno no va a ceder en lo que es la base de resultados que estamos teniendo en la macroeconomía argentina”.

Cuando el mismo día de la contundente derrota oficialista en el Senado el presidente Javier Milei minimizó el impacto de las leyes que acababan de ser sancionadas, el objetivo era dar calma en un ámbito que claramente podía alterarse ante semejante resultado. Estaba en la Bolsa de Comercio y detalló en ese contexto los pasos a seguir con esas normas que, estimó, más temprano que tarde van a caer.

Ese 10 de julio, cuando todavía no había concluido la sesión del Senado, el presidente dijo en la Bolsa: “Apuesto 100 mil a uno que todos saben lo que voy a hacer. ¿Saben qué? Vamos a vetar”. Pero a sabiendas de que está opinado que vaya a contar esta vez con la cantidad de “héroes” necesarios para mantener el veto, detalló su plan B: “Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y aun si sucediera el peor de los casos que, de repente, la Justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tarda en tratar muchísimos años y lo decidiera tratar en muy poco tiempo, aun así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería solamente una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir, en caso que tuviera éxito”

Milei concluyó ratificando que “la política del superávit fiscal es permanente”, pero la enumeración de hechos que garantizarían el final anunciado no sería tan lineal; al menos no tan sencillo.

El veto y después…

Este martes, en el “Derecha Fest”, el presidente ratificó que “el veto sale próximamente”, aunque es de manual que esperará hasta el último día que le permita la ley para publicarlo, cuestión de estirar los tiempos y restarle margen de acción a la oposición que quiera rechazar los vetos.

El presidente ya vetó tres leyes en lo que va de su gestión y por lo visto próximamente ese número se elevará a ocho. Nada que otros presidentes no hayan hecho, vale aclarar, aunque tal vez no en tan poco tiempo. Es legal que lo haga, aunque el exmiembro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda advirtió esta semana en una entrevista en TN que “el exceso de vetos puede llegar a erosionar la democracia y puede llegar a ser nocivo”.

Lo cierto es que el anticipo del veto confirma por lo pronto que el Ejecutivo dejó de lado ir a la justicia para invalidar la sesión del Senado, que objetaba por haber sido autoconvocada por los propios senadores. No lo hizo a sabiendas de que no había ninguna garantía de que los jueces le fueran a dar la razón. Es que la justicia prefiere no inmiscuirse en lo que corresponde a otro poder, y menos si ese otro poder ya ha resuelto la cuestión, como sucedió en la sesión del 10 de julio, cuando el propio Cuerpo habilitó el tratamiento de esos temas.

Pero por si quedara algún resquicio de duda, el citado Juan Carlos Maqueda recordó cuando en tiempos de pandemia la entonces titular de la Cámara alta, Cristina Kirchner, decidió consultar a la Corte antes de poner en marcha el sistema de sesiones por videoconferencia, ante lo cual el Tribunal Supremo no emitió un fallo específico sobre esa manera de sesionar, pero sí se pronunció sobre la capacidad del Senado para sesionar de manera remota, considerando que el Cuerpo posee las atribuciones constitucionales para hacerlo. En una resolución emitida el 24 de abril de 2020, rechazó la acción declarativa de certeza impulsada por la entonces vicepresidenta de la Nación, en su carácter de presidenta del Senado, a los efectos de que el Máximo Tribunal despejara el estado de incertidumbre respecto a la validez legal de sesionar mediante medios virtuales o remotos, resolviendo que “dicho cuerpo legislativo tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la manera virtual o remota de sesionar, sin recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Si es que el Congreso rechaza los vetos, el Gobierno irá a la justicia, invocando que esos proyectos violan la restricción financiera. Ya anticipó el presidente que invocará la norma según la cual los aumentos de gastos tienen que tener como contrapartida aumento de impuestos, y tienen que explicar de dónde van a sacar los impuestos, o tienen que explicar de dónde van a sacar los otros gastos, qué gastos van a quitar para poder financiar esto. “Si no, están violando la Ley de Administración Financiera”, planteó Milei.

Si la justicia falla en contra del Gobierno, es cuando Milei se agranda y anticipa que “el 11 de diciembre lo revierto”. No sería tan así.

En principio, porque necesitaría más votos en las dos cámaras para derogar las leyes que rechazará. Mientras que ahora le alcanzaría con un tercio de al menos una de las dos cámaras para sostener el veto, para derogar una ley necesita que presentar un proyecto que sea aprobado en las dos cámaras. Debería en ese caso el presidente impulsar una ley abrogatoria, que es una propuesta legislativa cuyo objetivo es la eliminación total de una ley existente. Necesitaría mayoría simple para su aprobación en ambas cámaras. Y ya está dicho y repetido que por mejor que le vaya a La Libertad Avanza en las próximas elecciones, por más que el presidente insista en anticipar hablar de “La Libertad arrasa”, no tendrá mayoría en ninguna de las dos cámaras. De hecho, no llegará al centenar en Diputados y todavía necesitaría contar con la anuencia de una buena parte de aliados para conseguir aprobar lo que quiera.

“Intentaremos con alguna otra cosa”, anticipó Guillermo Francos, refiriéndose a la alternativa que acabamos de citar. O a esta otra: no puede derogar leyes por decreto… Salvo casos muy específicos, mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU), que deben ser revisados y aprobados por el Congreso.

Algo que ya hizo esta misma administración. En los albores de esta gestión, con el mega decreto 70/23, con el que derogó o modificó más de 300 leyes con el objetivo anunciado de desregular la economía y simplificar el marco normativo del país.

Entre las leyes derogadas, estaban la de Alquileres, la de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, el Compre Nacional y la prohibición de privatizar empresas públicas, entre otras. Hubo amparos judiciales que frenaron parcial o totalmente algunas medidas, pero como todo DNU, su validez seguirá dependiendo de que las dos cámaras lo rechacen. Llegado el caso, se verá.