Las diputadas nacionales Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva (Unión por la Patria) encabezaron un proyecto de declaración, firmado por varios compañeros de su bloque, en relación a la privatización de AySA y advirtieron sobre la validez de los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo para avanzar en la venta de la empresa.

"Un negociado más claro que el agua", advirtieron las legisladoras, impulsoras de una declaración que expresa el "rechazo y profunda preocupación por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 493/2025 y el Decreto N° 494/2025, mediante los cuales se modifica de forma unilateral el marco legal vigente en materia de provisión del servicio público de agua potable y saneamiento, y se autoriza la privatización total de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A., a través de la venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado Nacional".

Sobre esto, señalaron que "ambas medidas se dictan en contravención del Convenio Tripartito aprobado por la Ley 26.221 y en perjuicio de las disposiciones del Decreto 304/2006, ratificado por la Ley 26.100".

En tanto, en los fundamentos, las legisladoras indicaron que el DNU 493/25 "lejos de reunir los presupuestos constitucionales que habilitan el dictado de normas por fuera del trámite legislativo ordinario, constituye un fraude a la ley suprema".

"Se trata de una modificación estructural del régimen vigente, orientada a desguazar las condiciones de control público sobre un servicio esencial como el agua potable y saneamiento, sin habilitación del Parlamento y sin participación democrática alguna", enfatizaron.

También cuestionaron que "la medida resulta profundamente regresiva para los usuarios del servicio público, al habilitar un régimen que autoriza cortes por falta de pago y elimina toda previsibilidad tarifaria".

A través de su cuenta de la red social X, Tolosa Paz sostuvo: "AySA no es un botín para los socios extranjeros de (Javier) Milei. Es una empresa clave para el desarrollo de nuestro pueblo. Cumple una función esencial para la salud de las familias que viven en CABA y en 26 municipios del AMBA, casi 15 millones de personas".

"En el período 2020-2023, AySA sumó a más de 1.7 millones de habitantes al servicio de agua potable y cloacas, extendió 4 mil kilómetros las redes instaladas, terminó el Sistema Riachuelo y proyectó obras para seguir avanzando hacia la cobertura total. Logró récords históricos de inversión y de eficiencia, certificando normas ISO y alcanzando el 1° puesto en el índice de transparencia CIPPEC", destacó la exfuncionaria del Frente de Todos.

En esta línea, comparó que "en un año y medio, el gobierno de Milei redujo al mínimo el funcionamiento de la empresa, paralizó las obras y eliminó los controles de calidad, para que el servicio sea malo y así poder venderla más barata a sus amigos".

"¿Cuáles son los argumentos del gobierno para privatizar AySA? El pueblo exige una explicación. Hace algunas décadas pasamos exactamente por la misma situación: el resultado fue nefasto. AySA debe seguir con su planificación para que cada día más argentinos puedan acceder a estos servicios básicos. El acceso al agua potable y a las cloacas son derechos", concluyó Tolosa Paz.

En tanto, Selva denunció que "detrás de la privatización de AySA hay una cosa clara: UN NEGOCIO. AySA no puede pasar a ser botín en manos extranjeras, tiene que seguir siendo una empresa estratégica para el desarrollo".

"Es indispensable para 16 millones de personas en el AMBA y en Capital Federal. Y es urgente continuar con las obras pendientes que este gobierno frenó. El gobierno de Milei vació la empresa, paralizó obras y eliminó controles de calidad para poder rifarla a sus amigos, siempre foráneos", coincidió con su compañera de bloque.