El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley para establecer un marco regulatorio para la utilización de los términos “Nacional” y “Argentina” en la denominación y el objeto social de las asociaciones civiles.

La iniciativa tiene por objeto establecer una serie requisitos que deberán cumplir las organizaciones ante la Inspección General de Justicia, con el fin de asegurar que aquellas que utilicen esos términos -o similares- en su nombre "tengan un carácter representativo federal efectivo y no se limiten a una representación local o regional".

De acuerdo al texto, "la denominación social deberá reflejar de manera clara y precisa su carácter representativo nacional", mientras que "el objeto social deberá especificar de manera inequívoca su carácter representativo nacional".

Además, la entidad deberá demostrar que su estructura organizativa, membresía y actividades están distribuidas equitativamente en al menos tres regiones geográficas del país (por ejemplo, Norte, Centro y Sur), con representación activa en cada una de ellas.

El proyecto agrega que, independientemente de la ubicación de la sede social, la entidad deberá contar con filiales o representaciones operativas en al menos tres provincias y/o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La IGJ será responsable de verificar que las asociaciones civiles inscriptas cumplan con los requisitos establecidos, además podrá intimar a las organizaciones que incumplan a modificar su nombre y hasta sancionarlas si no lo hacen.

El texto contempla modificaciones en los artículos 168 y 174 del Código Civil y Comercial de la Nación.

"En Argentina existen casos donde asociaciones civiles que se presentan como representantes nacionales de ciertos sectores, actividades o intereses, en realidad sólo representan a actores locales o de una única región", señaló Agost Carreño en los fundamentos.

Para el diputado cordobés, esta propuesta "es crucial para evitar que entidades locales se beneficien de la connotación de ser representativas a nivel nacional, sin cumplir con la responsabilidad y compromiso que ello implica".

"En muchos países se han adoptado regulaciones similares para controlar las denominaciones y funciones de las organizaciones, buscando asegurar que las representaciones nacionales no se utilicen de manera inapropiada. En la legislación comparada, la regulación de la denominación y el objeto social de las organizaciones es una práctica común para evitar que una entidad limite su influencia geográfica, pero siga operando bajo una denominación que sugiera lo contrario", sostuvo.