La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que conduce la fueguina Carolina Yutrovic, interrumpió este martes el receso legislativo de invierno para abocarse a tratar la temática del “sobreendeudamiento” de los usuarios. Una situación que se ha profundizado en el actual contexto económico y que conduce a los sectores más vulnerables de la población a contraer nuevos créditos bajo condiciones abusivas, padeciendo más tarde el acoso por parte de agencias de recupero.

Así, la comisión recibió la visita de especialistas, funcionarios y referentes de asociaciones de consumidores, que a lo largo de dos horas expusieron sobre la temática.

En el inicio de la reunión, la diputada de Unión por la Patria Carolina Yutrovic alertó sobre datos del INDEC que están mostrando un nivel de endeudamiento de los hogares argentinos que “realmente es alarmante”, tales como que el 91% de los hogares argentinos tienen deudas; y de ese 91%, hay hogares que tienen más de dos o tres endeudamientos, que “hacen una realidad que preocupa, angustia. ¿Qué podemos decir de un jubilado que se tiene que endeudar para poder pagar sus medicamentos?”.

Aclaró también que no se pretende quitar la responsabilidad que les cabe a los consumidores deudores, sino que esas personas tengan un trato justo y humano.

El primer invitado en exponer fue Adrián Ganino, secretario especializado en Relaciones de Consumo de la Municipalidad de San Martín, quien arrancó poniendo énfasis en el acrecentamiento de los números de endeudamiento, como así también en la necesidad de detener el avance de las empresas en el momento de ejecutar las deudas. “Esos créditos tienen que otorgarse medianamente con alguna responsabilidad de los proveedores”, observó el funcionario, que destacó la necesidad de que los proveedores deban analizar la capacidad crediticia de ese adulto mayor, previo a otorgar los créditos.

“Hay muchos mecanismos para determinarlo”, destacó, alertando también sobre los límites de las tarjetas, que se elevaron exponencialmente, y la necesidad de educar a los consumidores. Pidió también tener en cuenta que “no estamos hablando de consumidores que se endeudan para viajar a ver el Mundial, sino para acceder a alimentos”.

“Cuando un consumidor no puede afrontar la totalidad de la deuda y paga el saldo mínimo, eso es lo peor, el consumidor se vuelve muy vulnerable”, destacó, añadiendo que un consumidor sobreendeudado tiene situaciones difíciles de enfrentar.

Ganino: “Estamos hablando de consumidores que se endeudan para adquirir bienes y servicios de todos los días”. (Foto HCDN)

Sobre la falta de información de los usuarios, a veces los mismos no advierten que el crédito no forma parte del salario. “Tenemos que entenderlo”, dijo Ganino, poniendo como ejemplo que si el consumidor interpreta que tiene la posibilidad de tener saldo de 12 millones de pesos con la tarjeta, como no está informado y la necesidad lo lleva, entiende que eso forma parte de su salario y termina sobreendeudándose.

Claudio Hugo Fede fue uno de los dos magistrados presentes durante esta reunión. Juez civil y comercial en el Juzgado N° 7 de San Martín, Fede comentó que no se cuenta con la herramienta para afrontar las situaciones que se plantean con el consumidor sobreendeudado, estimando que a los comerciantes se les puede aplicar la Ley de Quiebra, pero no al individuo, al trabajador, sostén de familia. “Los requisitos que hacen al patrimonio comercial de una persona que entra en cesación de pagos no son los mismos para quien tiene que bancar la realidad familiar todos los días”, dijo.

El juez pidió ver cuál es la mejor herramienta que se puede obtener para que las soluciones lleguen a tiempo.

Educación financiera

Representante de Consumidores Libres, Magdalena Puntas hizo hincapié en la falta de educación financiera que tienen las personas. Lamentó que cuando los usuarios llegan a la asociación “ya están al borde de los embargos y no podemos hacer nada, salvo decirles que vayan a Defensa del Consumidor, que no puede hacer mucho”.

“Cada vez que viene algún usuario con este tipo de problemas tratamos de buscarle la solución y recomendarle que traten de no tomar otro crédito para pagar esa deuda. Al querer pagar, a veces nos vamos metiendo más en la deuda y así no van a poder salir nunca”.

Magdalena Puntas dijo que las empresas encargadas de cobrar deudas empiezan a llamar a las casas de los deudores, y tienen casos de personas mayores que reciben amenazas tales como que irán a buscar sus muebles, o cartas documentos tiradas por debajo de la puerta. “Debería buscarse una educación financiera, para que la gente aprenda temprano lo que son los endeudamientos”, planteó y remarcó que “las tarjetas de crédito sirven si uno las sabe usar; si tomo ese beneficio, a fin de mes lo voy a tener que pagar, sino nunca más vas a poder hacerlo. Los intereses son una bola de nieve”, alertó la especialista.

A continuación habló Juan Ignacio Cruz Matteri, abogado especialista por la Universidad de Salamanca dijo que el consumidor “es vulnerable per se, por la sola situación de ser consumidor”. Sostuvo que eso “no tiene que ver con su patrimonio, no es la cuestión material; lo que hace la diferencia entre consumidor y proveedor es que el proveedor tiene más manejo de información, tiene el monopolio de la información. El consumidor no, por más títulos de grado, siempre va a estar en inferioridad de condiciones”.

Habló de los consumidores “hipervulnerables”, y como tales definió a las personas mayores, gente en situación de ruralidad, personas que “tienen otro tipo de padecimientos, y el deber de información es acrecentado: el proveedor debería informarles mejor. Merecen otro tipo de tutela o información”, estimó.

“Hay dos caminos: la acción individual, u otra forma de análisis, con acciones colectivas, que pueden nacer de una asociación de consumidores, o de una persona en particular”, señaló el abogado, advirtiendo que no hay una ley que regule lo que son las acciones colectivas, por lo cual pidió a los diputados ver la posibilidad de legislar en la materia. Porque de lo contrario deben manejarse con “precedentes de Corte” que mañana no se sabe si servirán. Además, “al proveedor le va también a marcar la cancha”, planteó.

Carolina Yutrovic convocó a esta reunión sobre un tema que preocupa sobremanera. (Foto HCDN)

Durante las exposiciones, el diputado de UP Daniel Arroyo habló de la necesidad de contar con una ley marco. “Este es el tema social más crítico, y lo masivo es el desendeudamiento de las familias”, señaló, pidiendo prestar especial atención a los que se endeudan para vivir. “En mi opinión, el concepto de sobreendeudamiento viene dado por el ‘recrédito’, (que es) cuando (el consumidor) toma otro crédito para pagar otra deuda. El concepto requiere un tratamiento legislativo específico. Dentro de esto, la oferta de crédito ha crecido brutalmente”, comentó.

En ese sentido puso un ejemplo de masividad como es el fútbol, sponsoreado antes por ejemplo por gaseosas. Hoy llevan como sponsor a financieras, dijo. “Lo masivo es el acceso al crédito”, deslizó. De cara a la legislación que se debe promover, Arroyo sugirió como instrumento “ponerle un tope a la tasa de interés”, porque “el 85% de la gente no sabe cuánta plata debe. Eso claramente es materia legislativa. Es muy necesario establecer una ley y dentro de esto hay un sector hipervulnerable que es la gente que se endeuda para vivir”.

El encuentro contó con la presencia de extranjeros, que aportaron la experiencia en sus propios países. Fue el caso de Ted Mermin, director del Centro de Derecho de Consumidores de la Universidad de California, en Berkley, quien dijo haber tenido la oportunidad de reflexionar mucho sobre cómo proteger los derechos de los consumidores. “La respuesta corta es mediante la aplicación de la ley -dijo-. Argentina está entre los pocos países que ya cuentan con el sistema de acciones colectivas. Pero no es suficiente depender de esas acciones”.

“También necesitamos asegurarnos de que las personas que tienen deudas, o que los cobradores dicen que tienen deudas estén protegidas contra abusos de los cobradores”, agregó, comentando que en California el 90% de los demandados por una deuda no se presentan para defenderse en la Corte. Ese es un problema de acceso a la justicia. Tenemos leyes que exigen que los cobradores deben presentar pruebas de que están demandando a la persona correcta y por el monto correcto, pero muchas veces esas leyes no se aplican porque los consumidores no las conocen y no tienen acceso a un abogado”.

También habló Julio Baltazar Durand Carrión, especializado en Protección al Consumidor, que detalló la experiencia peruana. “Tenemos varias regulaciones que nos pueden ayudar a encontrar una solución”, comentó y puso como ejemplo la existencia de una central de información de todos los consumidores. “Si uno quiere sacar un crédito de otra entidad financiera no puede, porque todo está interconectado. O sea, si estoy muy endeudado, ya no puedo contraer deuda con otra entidad”, ejemplificó. Precisó además que cuentan con un sistema de comunicaciones administrativas, que establece que cuando alguien tiene una deuda con un banco, solo pueden llamarlo en horario de oficina. Sábados y domingos no se permite. “Siempre las cobranzas se hacen en horario de oficina y solo al titular del crédito, no al vecino, o al papá o la mamá…”, explicó.

Al otorgarse un crédito el banco debe cumplir una norma de tres pasos, comenzando por comunicarse inmediatamente vía whatsapp para verificar si la persona ha contraído esa deuda. Luego el contrato debe ser aprobado por la autoridad administrativa. Hay además en Perú una ley especial de conductas financieras, según la cual los bancos que no respetan las normas y dan crédito a diestra y siniestra, son sancionados.

A su turno, Samanta Lagrutta, directora de la Oficina de Defensa del Consumidor de Hurlingham, alertó sobre la publicidad engañosa y se quejó de que las empresas que otorgan los créditos nunca cumplen el deber de información. Valoró el papel de las audiencias conciliatorias y se quejó de que “no sabemos cuánto debemos, desde cuándo se originó una deuda”, y puso como ejemplo casos en que al usuario nunca le llegó la tarjeta de crédito, o nunca la activó, y tiene deuda por gastos de mantenimiento.

Habló también de las ciberestafas y sostuvo que “la mayoría de las entidades bancarias y financieras no quieren reconocer el deber de seguridad que tienen ante esto. Y no nos dejan transferir más de 300 mil pesos por mes, pero sí permiten que en 5 minutos nos saquen 3 millones de una cuenta”.

El otro juez civil y comercial que participó de esta reunión fue Marcelo Quaglia, de Rosario, quien consideró que cuando el problema llega al Poder Judicial ya está “instaurado”, y  habló de dos grandes pilares que deberían considerar. “Primero, la generación de herramientas tendientes a la prevención del sobreendeudamiento; y segundo herramientas tendientes a sanear la situación de sobreendeudamiento”.

Como otros expositores habló de la necesidad de que haya educación para los consumidores. “Tendría que haber materias en las escuelas, en primaria y secundaria, educación financiera; control de proveedores formales e informales; analizar la refinanciación de las deudas”, dijo.

Expuso también sobre la cuestión de los débitos automáticos. No se refería a embargos, sino a cuando el consumidor abre la cuenta del banco y la encuentra en cero porque le han debitado gastos. Pidió revisión de las cláusulas abusivas, regular el pagaré de consumo y “considerar a los hipervulnerables: no solo adultos mayores, sino también niños, niñas y adolescentes, que con las nuevas tecnologías tienen acceso a sistemas que pueden generar deuda, como el juego”.

También, expuso Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores; y estuvo presente Maribel Díaz, representando a la Asociación Civil por los Consumidores y el Medio Ambiente (ACYMA).

Entre los pocos diputados presentes estuvo una oficialista: Lilia Lemoine, quien intervino sobre el final, manifestándose a favor de la necesidad de establecer educación financiera, razón por la cual el Ministerio de Capital Humano va a incluir esa materia dentro de la currícula de los estudiantes, anticipó. Se refirió también al tema las bases de datos ilegales, que también fue mencionado durante la jornada, señalando que “las entidades no te sacan del Veraz, y estamos trabajando en una modificación de la Ley de Datos Personales”.