La senadora de UP cuestionó al gobernador mendocino luego que la Justicia Federal desestime una denuncia que presentó en su contra.
La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) tildó de "delincuente" al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, luego que la Justicia Federal desestime una denuncia penal que presentó en su contra por la firma de un convenio con Vialidad Nacional para el mantenimiento de rutas.
Irónica, la camporista dijo que coincidía con la ministra de Seguridad y Justicia provincial, Mercedes Rus, respecto de que "la Justicia es demasiado rápida para exculpar delincuentes" y "este caso no es la excepción".
"El delincuente del gobernador está usando dinero de los mendocinos para su festín electoral violeta, haciéndonos pagar tres veces las rutas nacionales, y la Justicia lo protege. ¿Todo muy normal en la Mendoza feudal, no?", expresó la mendocina a través de la red social X.
Y resaltó: "De todas maneras, no se hagan los rulos... La Justicia Federal no dijo que no hay delito, solo dijo que lo resuelva su exministro de Gobierno, Dalmiro Garay", presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
Al cruce de Fernández Sagasti salió la diputada nacional Pamela Verasay, quien responde a Cornejo. "La Justicia tiene una gran deuda con las víctimas y es bueno que lo reconozcas @anabelfsagasti. Pero entendé, aunque te pese, que es posible gestionar en beneficio de todos los mendocinos, sin recurrir a la corrupción sistemática por la que fue presa tu jefa @CFKArgentina", lanzó la radical.
Fernández Sagasti denunció a Cornejo por la firma de un convenio con Vialidad Nacional, a través del cual la provincia asumió la responsabilidad de ejecutar obras y sostener el mantenimiento de tramos de rutas nacionales. La senadora lo acusó por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación resolvió que la denuncia debe ser tratada por la Justicia mendocina, al considerarse que, en caso de existir delito, el patrimonio que se vería afectado sería el provincial y no el nacional.