Un legislador oficialista presentó un proyecto para eliminar los beneficios previsionales especiales de jueces, expresidentes, jerarcas eclesiásticos y diplomáticos. Busca incorporar a todos los exfuncionarios al régimen general de la ANSeS y alinea su iniciativa con el discurso de Javier Milei contra “la casta”.
En sintonía con la prédica del presidente Javier Milei en favor de la reducción del gasto público y contra los “privilegios de la casta”, el diputado nacional de La Libertad Avanza Julio Moreno Ovalle presentó un proyecto de ley que propone la derogación de cuatro regímenes jubilatorios especiales que actualmente benefician a expresidentes y vicepresidentes, jueces de la Corte Suprema, altos funcionarios del Poder Judicial, miembros del servicio exterior y jerarcas de la Iglesia Católica.
La iniciativa —que busca derogar las leyes 21.540, 22.430, 22.731 y 24.018, que instituyen privilegios previsionales para funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos— plantea que esas personas pasen a regirse por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), como el resto de los trabajadores y trabajadoras del país.
“Resulta indignante observar que una minoría goza de privilegios injustificados mientras millones de jubilados sobreviven con haberes mínimos”, argumenta Moreno Ovalle en los fundamentos del proyecto.
Cuatro leyes en la mira
Las leyes que el diputado propone derogar son:
✔ Ley 24.018: instituye asignaciones mensuales vitalicias para expresidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema. Fue sancionada en 1991 durante el gobierno de Carlos Menem.
✔ Ley 22.731: establece un régimen especial para los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación.
✔ Ley 22.430: otorga una renta vitalicia a sacerdotes seculares del culto católico mayores de 65 años o incapacitados, que hayan ejercido por al menos cinco años.
✔ Ley 21.540: concede beneficios previsionales a obispos, arzobispos y al Vicariato Castrense.
Según detalla Moreno Ovalle, estas normas configuran un “plexo normativo de privilegios”, que permite, por ejemplo, que un expresidente acceda a una jubilación vitalicia sin límite de edad ni cantidad de años aportados, o que un juez de la Corte Suprema cobre el equivalente al 100% de su último salario.
Derogación sin efecto retroactivo
El proyecto estipula que la derogación no será retroactiva, conforme al principio de irretroactividad de las leyes. Sin embargo, el Poder Ejecutivo podrá exhortar a los beneficiarios actuales a renunciar voluntariamente a esos beneficios.
Además, la ley invita a provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al mismo principio de supresión de privilegios previsionales.
El legislador justifica su iniciativa en la necesidad de contribuir a la racionalización del gasto público, uno de los pilares del actual gobierno nacional. Según sostiene, mantener regímenes especiales de jubilación no solo es “injusto”, sino también “inviable” en el contexto de un sistema previsional deficitario y con gran parte de sus beneficiarios cobrando el haber mínimo.
“No hay verdadera justicia social ni equidad previsional mientras existan rentas vitalicias asignadas por ocupar durante pocos años un cargo público”, advierte el proyecto.
El texto cita, además, intentos anteriores de eliminar estos beneficios —como la ley 25.668 sancionada en 2002 y vetada casi en su totalidad por el entonces presidente Eduardo Duhalde— y repasa las sucesivas reformas previsionales que no lograron modificar el núcleo duro de los privilegios más evidentes.
Apuntes sobre los regímenes especiales
En un anexo extenso, Moreno Ovalle distingue entre regímenes especiales y regímenes diferenciales: los primeros, ligados a funciones jerárquicas o institucionales (como jueces, diplomáticos, religiosos o legisladores), y los segundos, relacionados con tareas insalubres o de alto desgaste físico (como mineros, ferroviarios, docentes o personal hospitalario en zonas críticas).
Para el legislador, algunos regímenes especiales pueden ser considerados válidos si están justificados por condiciones laborales exigentes o aportes más elevados. Sin embargo, insiste en que las jubilaciones de privilegio ligadas al paso ocasional por la función pública deben suprimirse por completo.
Repercusiones y resistencias
Aunque el proyecto no lo menciona directamente, su presentación se da en medio de reacciones del Poder Judicial frente a propuestas similares. El Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Río Negro, por ejemplo, manifestó su preocupación ante la posible derogación de la Ley 24.018, que afecta directamente a jueces y fiscales.
También hay antecedentes de amparos judiciales colectivos —impulsados por asociaciones de magistrados y funcionarios— que han intentado frenar reformas previsionales bajo el argumento de afectación de derechos adquiridos.
El proyecto de Moreno Ovalle no oculta su carácter político y simbólico: sugiere un recorte concreto a los beneficios de quienes han ocupado lugares de poder, alineándose con el discurso libertario que denuncia a la “casta” y sus prebendas.
“Eliminar estos regímenes sería un gesto claro hacia una república más justa, donde los beneficios previsionales no dependan del cargo sino del esfuerzo y los aportes de cada ciudadano”, concluye el legislador.
El texto aún debe ser tratado en comisiones, pero ya marca una posición fuerte de La Libertad Avanza sobre un tema que combina ética pública, justicia social y racionalidad fiscal. En medio del ajuste y el debate por el equilibrio presupuestario, prevé poner nuevamente a las jubilaciones de privilegio en la mira.