Un proyecto de ley busca que todos los conductores de motovehículos lleven un código QR y un número identificatorio visible en sus chalecos reflectivos. La medida apunta a facilitar controles de tránsito y prevenir delitos.
El sistema se usa ya en otros países de la región, por ejemplo en Perú.
En respuesta al creciente índice de inseguridad y siniestros viales en la Argentina, la diputada sanjuanina Nancy Picón Martínez presentó un proyecto de ley que propone una modificación significativa en la forma en que se identifican los conductores de motovehículos. La iniciativa establece la obligatoriedad de portar un código QR y un número visible en el chaleco reflectivo, como condición para la validez de la licencia de conducir.
Según el texto del proyecto, el código QR contendrá información clave del conductor, como nombre, DNI, vigencia de la licencia y antecedentes, entre otros datos que la autoridad de aplicación considere pertinentes. Esta información deberá estar siempre visible en el chaleco del conductor o su acompañante, con dimensiones que permitan su lectura inmediata, incluso a distancia.
La propuesta también contempla sanciones estrictas: la omisión del chaleco, el código QR o el número identificatorio invalidará automáticamente la licencia de conducir, y habilitará a las fuerzas de seguridad a radiar el motovehículo. La medida se aplicaría en todo el territorio nacional, tanto para licencias emitidas por organismos públicos como privados, y otorgaría un plazo de 90 días para su implementación desde la entrada en vigencia de la ley.
En los fundamentos del proyecto, Picón Martínez argumenta que esta herramienta permitirá a las autoridades actuar con mayor rapidez y eficacia ante situaciones delictivas o evasiones de controles. “La visibilidad del código QR y número permitirá identificar a distancia al conductor, facilitando la individualización de autores de hechos delictivos mediante cámaras de seguridad o testigos presenciales”, señala.
Además, la diputada subraya que esta medida no solo beneficiará a las fuerzas de seguridad, sino también a la ciudadanía en general, al contribuir a un entorno más seguro y controlado. “El presente proyecto implica un beneficio tanto para toda la población como para las autoridades que tienen a su cargo la seguridad en el territorio de la Nación”, concluye.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía o el organismo que lo reemplace en el futuro, y tendrá un plazo de 90 días para reglamentar la ley una vez sancionada.