Las fisuras estructurales y los impactos ambientales reportados generaron preocupación en organizaciones y expertos. El pedido de informes encabezado por Maximiliano Ferraro busca ahondar en las acciones implementadas del Ejecutivo para mitigar daños.
El diputado nacional Maximiliano Ferraro presentó un proyecto de resolución en el que solicitó al Poder Ejecutivo información precisa sobre la obra del “Nuevo Canal de la Patria”, ubicada en la provincia de Santiago del Estero. El pedido apuntó a establecer el grado de participación estatal en la planificación, ejecución y control técnico de este canal de más de 180 kilómetros, construido para abastecer de agua a zonas productivas del norte provincial.
La iniciativa respondió a múltiples denuncias y estudios que advirtieron sobre deficiencias estructurales y severos impactos ambientales. Entre los puntos requeridos se incluyeron detalles contractuales con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) ejecutora de la obra, fallas detectadas en la estructura del canal y acciones de monitoreo de fauna y calidad del agua.
El proyecto fue acompañado por los diputados Esteban Paulón, Sabrina Selva, Margarita Stolbizer, Danya Tavela, Fernando Carbajal, Carla Carrizo, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade, en línea con el reclamo por mayor transparencia en obras que comprometieron ecosistemas frágiles.
En los fundamentos, Ferraro señaló que “diversos informes técnicos, denuncias públicas y una reciente demanda ambiental ante la Corte Suprema de Justicia pusieron en evidencia una serie de impactos ambientales de extrema gravedad y posibles deficiencias estructurales”. Además, mencionó los riesgos en especies en peligro como el oso hormiguero gigante y la tortuga terrestre argentina, provocada por el diseño del canal.
Los legisladores exigieron información sobre el Estudio de Impacto Ambiental previo a la obra, el cumplimiento de las garantías provinciales, las medidas de mitigación implementadas y los protocolos aplicados ante la mortandad de fauna. “Este Congreso debía asumir un rol activo en el control del cumplimiento de la legislación ambiental vigente”, remarcaron.
El proyecto también pidió conocer la ejecución presupuestaria discriminada por rubro y toda documentación intercambiada entre la Nación, la provincia y la Defensoría del Pueblo, especialmente en relación con la Resolución Nº 53/24. Se intentó determinar si se cumplió la Ley Provincial N.º 6.321 de Evaluación de Impacto Ambiental.
Finalmente, aclararon que el pedido “no busca obstaculizar la obra pública, ni menospreciar la necesidad de garantizar el derecho al agua”, sino promover obras que respetaran estándares de sostenibilidad y no comprometieran la biodiversidad ni los derechos de las generaciones futuras.
