En un contexto donde el Poder Ejecutivo Nacional ha prorrogado por segundo año consecutivo el Presupuesto 2023, el diputado nacional Roberto Mirabella presentó un proyecto de ley que apunta a poner fin al uso sistemático de este mecanismo de excepción. Se trata de una reforma profunda al artículo 27 de la Ley de Administración Financiera (24.156), que regula el procedimiento para reconducir el presupuesto cuando el Congreso no aprueba uno nuevo antes del inicio del ejercicio fiscal.

La iniciativa busca limitar las potestades del Ejecutivo durante la prórroga presupuestaria, introduciendo ajustes obligatorios y condiciones más estrictas. Entre otras medidas, se impide una segunda prórroga consecutiva y se restringe el uso discrecional de partidas, permitiendo solo ampliaciones presupuestarias por situaciones excepcionales o de emergencia debidamente fundadas.

“Lo que comenzó como una solución extraordinaria se convirtió en una práctica ordinaria y peligrosa para el equilibrio de poderes y el federalismo”, advirtió Mirabella en los fundamentos del proyecto. Su iniciativa intenta evitar que el Ejecutivo utilice la prórroga presupuestaria como vía para gobernar sin consensos parlamentarios, en desmedro del rol constitucional del Congreso y de la equidad en la distribución de recursos.

Ajustes obligatorios y control técnico

El proyecto establece un detalle preciso de cómo debe modificarse el presupuesto prorrogado: se eliminarán recursos no repetibles, ingresos por deuda ya utilizada y gastos sin continuidad, al tiempo que se incorporarán créditos esenciales para salud, educación, ciencia, universidades, obras públicas en curso y transferencias a provincias y municipios.

Además, se incorpora el rol de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que deberá emitir un dictamen técnico no vinculante sobre la razonabilidad de los ajustes aplicados por el Ejecutivo. Ese dictamen se publicará antes del inicio del nuevo ejercicio fiscal, aportando mayor transparencia y control legislativo.

Para evitar la parálisis institucional, la propuesta estipula que si no se aprueba el presupuesto antes del cierre de sesiones ordinarias, se activarán automáticamente sesiones extraordinarias hasta que se sancione o inicie un nuevo período ordinario. También se adelanta al 15 de agosto la fecha límite para la presentación del proyecto de presupuesto del año siguiente, en los casos en que rija una prórroga.

Cierre parcial del Estado y sanciones a funcionarios

Inspirado en el modelo del “shutdown” estadounidense, el texto prevé que si se cumple un segundo año sin ley de presupuesto, se procederá al cierre de todas las actividades estatales no esenciales —con excepción de servicios sociales, seguridad, deuda y salarios— hasta que el Congreso sancione una nueva ley.

Además, propone una medida drástica: la suspensión del cobro de salarios y retribuciones para legisladores y autoridades superiores del Ejecutivo si no se aprueba el presupuesto tras dos años de reconducción. “La responsabilidad debe tener consecuencias concretas”, argumentó el legislador santafesino.

Para el legislador santafesino, el uso reiterado de la prórroga presupuestaria “alimenta un modus operandi que atenta contra el federalismo”. A su entender, gobernar sin presupuesto aprobado debilita la posición de las provincias y somete su financiamiento al arbitrio del Gobierno Nacional.

“La prórroga presupuestaria debe ser una red de contención institucional, no una estrategia de gestión permanente. Si no defendemos el presupuesto como ley madre de la administración pública, el Congreso queda reducido a una mera escribanía”, concluyó.

Con este proyecto, Mirabella intenta devolverle centralidad al debate parlamentario y recuperar la naturaleza excepcional del mecanismo de prórroga, en una coyuntura política donde el Ejecutivo ha hecho del presupuesto una herramienta de gobierno unilateral.