Mediante un único decreto, el Gobierno rechazó la actualización jubilatoria, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, alegando impacto fiscal y vicios legislativos. La decisión, publicada este lunes en el Boletín Oficial, abre un nuevo frente con el Parlamento, que deberá resolver cómo proceder ante un veto conjunto a proyectos distintos.
A través de un solo decreto, el presidente Javier Milei veto de manera total las leyes de actualización de haberes jubilatorios, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad aprobadas en el Senado el pasado 10 de julio. La novedad es que la medida se aplicó a través de un único decreto que lleva el número 534/2025, por el cual se “observa en su totalidad los proyectos de ley registrados bajo los números 27.791, 27,792 y 28.793.
La decisión presidencial había sido anticipada aun antes de que se produjera la aprobación de esas leyes, y durante este fin de semana se anunció que Milei había suscripto ya el decreto correspondiente.
El decreto admite la sensibilidad que reviste la temática en cuestión, pero advierte que “resulta imprescindible que toda ampliación de prestaciones se diseñe con criterios de viabilidad financiera, responsabilidad institucional y sustentabilidad en el tiempo”.
“Cuando tales recaudos no son debidamente considerados, se pone en riesgo la sostenibilidad integral del régimen de atención perjudicando a las personas a quienes se pretende proteger”, señala el Gobierno, que remarca en el caso de la emergencia en discapacidad “el profundo estado de deterioro en el que actualmente se encuentra el sistema de atención a personas con discapacidad es, en buena medida, consecuencia de prácticas legislativas como la que aquí se pretende imponer, adoptadas sin previsión presupuestaria, cuyas consecuencias han recaído sistemáticamente sobre los sectores más vulnerables, y que esta administración se encuentra decididamente comprometida a revertir mediante políticas públicas responsables”.
Para el Poder Ejecutivo los referidos proyectos de ley implicarían, en conjunto, para el Estado Nacional un gasto adicional al previsto de más de siete billones de pesos para el año 2025; y de cerca de 17 billones de pesos para el año 2026. Esos importes, se aclara, equivalen al 0,90% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y del 1,78% de aquel estimado para el año entrante.
Asimismo, las medidas sancionadas por el Congreso “conllevarían un aumento de aproximadamente el 6 % del gasto primario de la Administración Nacional previsto en el presupuesto vigente en términos anuales”.
Por otra parte las cifras mencionadas “dificultarían el cumplimiento de las metas fiscales fijadas por el Gobierno nacional para el actual ejercicio fiscal y los siguientes”. Además, “lejos de contribuir a un efectivo logro de las supuestas finalidades que orientan la sanción de los proyectos de ley bajo examen, su promulgación afectaría profundamente la sostenibilidad del sistema de previsión social; sistema que, tras 19 meses de mandato, ha iniciado una senda de recuperación gracias al compromiso inclaudicable de este Gobierno por sanearlo”.
Tiene en cuenta el Poder Ejecutivo que, “además de tener un gran impacto negativo en la actualidad, la promulgación de los proyectos de ley remitidos afectaría los derechos y oportunidades de las próximas generaciones, dado que aumentaría en forma significativa e irresponsable el gasto del Estado Nacional, sin la correspondiente generación de recursos”.
Para el Gobierno, se trata de un incremento en el gasto que, “por su efecto acumulativo, aumentaría año tras año, condenando a nuestros jóvenes a más emisión, inflación y pobreza”.
Tras recordar que el estado de crisis del sistema previsional no es un fenómeno reciente, sino que lleva décadas sin ser resuelto, “a fin de garantizar que el sistema sea justo y equitativo, resulta fundamental continuar por la senda propiciada por la actual gestión, toda vez que por ella se garantiza, por primera vez en décadas, que los jubilados nunca más pierdan contra la inflación”.
“El equilibrio fiscal constituye una de los principales compromisos asumidos por el actual presidente durante la campaña electoral, respaldado por la mayoría del pueblo argentino a través de su voto, de modo que su firme resguardo por parte del Poder Ejecutivo constituye un imperativo que nace del más profundo respeto del sistema democrático”, plantea el decreto.
El texto recuerda también el pacto firmado por 17 gobernadores en Tucumán el 9 de julio del año pasado, donde se estableció como segundo principio el equilibrio fiscal innegociable. Ante ello, la decisión del Congreso de sancionar estos proyectos de ley vetados “implica hacer caso omiso de lo pactado y, si no fuere contrarrestada por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de sus facultades constitucionales, conduciría al país a una senda que ya ha sido probada inconducente”.
Sostiene el decreto que el Congreso “pretende incrementar significativamente el gasto previsional, sin haber realizado los adecuados cálculos actuariales ni haber contemplado los recursos necesarios para afrontarlo, atentando en forma manifiesta contra la sustentabilidad”.
Reivindica la decisión del PEN de lograr el equilibro fiscal y tras citar el cuidado de “los escasos recursos con los que cuenta el Estado Nacional”, destaca que “la estabilidad económica es fundamental para el bienestar y el progreso del país y es responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional implementar políticas que no sólo fomenten el crecimiento económico, sino que también aseguren el equilibrio fiscal para mantener una estabilidad proyectada a largo plazo”.
Comenta en otro pasaje que así como el Ejecutivo viene llevando adelante medidas para asegurar el equilibrio fiscal, el Congreso Nacional tiene el deber de “no tomar decisiones que lo pongan en riesgo y comprometan el futuro de todos los argentinos, máxime cuando, con acuerdos políticos relevantes como el expresado en el Pacto de Mayo, fue anunciada la revisión profunda del sistema en el cual tales decisiones se enmarcan”.
“La sanción de los proyectos de ley en examen implica la aprobación de gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que conllevaría que, para su eventual cumplimiento, el Gobierno caiga en las viejas prácticas de la emisión monetaria sin respaldo, el aumento de impuestos o el endeudamiento, recetas que, luego de más de 100 años de historia, ya han sido probadas inconducentes”, señala otro pasaje del decreto.
Le recuerda también al Congreso el mandato constitucional de proveer “a la defensa del valor de la moneda”, e indica que “independientemente de lo que pudiere pretender algún sector de la política, este Gobierno Nacional no realizará ninguna acción que comprometa el equilibrio fiscal”.
Dudas sobre la sesión del Senado
Por otra parte, el extenso decreto que veta las tres leyes sancionadas el 10 de julio pasado reitera las dudas que tiene el Ejecutivo sobre la legalidad de esa sesión.
“No puede dejar de advertirse que el proceso legislativo seguido para la aprobación de estos proyectos se encuentra viciado por graves nulidades que impiden al Poder Ejecutivo Nacional proceder a su promulgación”, expresa el decreto, que considera que la sesión del 10 de julio de 2025 “fue llevada adelante sin que se haya citado de forma previa a los integrantes del Honorable Senado de la Nación”.
Según el Gobierno, “el tratamiento de los proyectos bajo análisis fue habilitado por medio de una votación que, conforme al Reglamento de la Cámara alta, debió ser computada sobre una mayoría de dos tercios de los votos, y no una simple mayoría”, votación que para el PEN “fue consecuencia de una ilegitima interpretación” del Reglamento del Senado realizada durante la sesión, mediante la cual “se otorgó carácter de dictamen a documentos que carecían de los requisitos esenciales establecidos por las disposiciones reglamentarias pertinentes”, en referencia a que los mismos se consiguieron en el marco de plenarios que no constaron con la convocatoria de todas las comisiones correspondientes.
“A pesar de las expresas advertencias realizadas por el secretario Parlamentario, el Honorable Senado de la Nación dio tratamiento a los proyectos mencionados, otorgando valor de dictamen a documentos cuya nulidad había sido previamente constatada”, agrega el texto, que recuerda que las advertencias de varios legisladores no fueron tenidas en cuenta, sino desechadas en votación por mayoría simple, todo lo cual lo lleva a verificar “una falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley”.
El decreto concluye reseñando que “por todo lo expuesto y a los fines de que el país continúe en la senda de la estabilidad y el crecimiento, corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional recurra a la herramienta constitucional del veto”.
La duda que surge ahora es la manera que deberá proceder el Poder Legislativo ante este veto, tratándose de uno solo para las tres leyes. ¿Será necesaria una sola votación de cada cámara? Lo más probable es que en el paso previo al recinto, que será en un plenario de comisiones donde se elaborará el dictamen a votar luego, se deje claro la manera por la que los legisladores podrán separar los temas a la hora de la votación.
