Le tocó a la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja reanudar este martes la actividad tras el receso invernal, y ni bien consiguieron el quórum, se votaron sus autoridades. ¿Por qué? Porque en la última reunión de la misma habían tenido que cambiar integrantes de la comisión que no llegaban a tiempo por la niebla, de lo contrario no reunían el quórum. Así las cosas, fueron restituidos en sus cargos Pablo Yedlin como presidente; Manuel Quintar como vice primero; Mónica Fein como secretaria primera y Luana Volnovich en la secretaría tercera.

Al reasumir en su cargo, el tucumano Yedlin hizo un llamado especial a sus pares para asistir este miércoles a la sesión convocada, que definió como “muy importante”, porque “tiene que ver con esta comisión, porque se van a tratar la emergencia en salud infantil y pediátrica, y de las residencias nacionales en salud, por lo cual insistió en remarcar “la importancia del quórum”.

También comentó que a continuación darían curso a una serie de proyectos de resolución sobre el Hospital Garrahan, “donde dicho sea de paso no se produjo ningún avance en el camino a la solución; todo lo contrario, todas las medidas han salido en contra”. Y al respecto destacó que acaba de conocerse el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo de ese proyecto. El mismo, resaltó, “no pone en riesgo el equilibrio fiscal de la Argentina, para nada”.

La comisión dividió su trabajo en dos partes. En primer lugar, se pasaron a la firma proyectos presentados sobre el Hospital Garrahan; otros vinculados a la situación del PAMI relacionados con la cobertura de medicamentos; dos proyectos sobre la realización de congresos médicos y farmacéuticos; otros sobre la situación de los residentes y dos más sobre la hemofilia, correspondientes en este caso a Daniel Gollán y Juan Manuel López, alertando sobre el desfinanciamiento de la Fundación de Lucha contra la Hemofilia.

A propósito de este tema habló en defensa de esa entidad Lucas Fígola, quien arrancó advirtiendo con ironía que “estamos en esta situación por 35 centavos al año… Eso es lo que impide que la Fundación pueda seguir. Ese es el impacto en el Presupuesto de la Nación: por esto se va a dejar a miles de familias sin el único centro federal especializado en hemofilia”.

Paciente de hemofilia, Fígola habló en primera persona al asegurar que “mi vida y la de miles de familias que están ahí dependen de eso. El impacto es menos de 0,002% en todo lo que implicaría el presupuesto. Les pedimos que nos acompañen, incluso la institución tiene más de 80 años en todo el sistema; se comparte con todo tipo de especialistas que se entrenan a nivel mundial”.

Destacó que se trata de un centro de referencia internacional que abastece además a todos los profesionales del país, y su cierre impactaría en que 38 centros de referencia en todo el país se queden sin asistencia técnica; perder a los especialistas únicos que se van a dispersar; a las decenas de servicios especializados, porque es una atención integral…. Los mejores y únicos del mundo en hemofilia”. Y concluyó reiterando su pedido de no dejarlos solos “por 35 centavos al año”.

A su turno, el diputado Juan Marino calificó de “gravísima la decisión de quitarle el subsidio” a la fundación, siendo el costo fiscal “absolutamente menor”, y atribuyó a la decisión una naturaleza política “que va en línea con el veto a la emergencia en discapacidad, al ataque al Garrahan y al sistema de residencias”.

Vinculó esta medida a la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que finalmente fue disuelta. “Esto va en línea con eso. Lo que están haciendo con la fundación va en esa misma línea de considerar que la salud no es un derecho que deba garantizar el Estado Nacional”.

Finalmente el diputado Daniel Gollan aclaró que este Gobierno había adelantado lo que haría y así y todo lo votaron. “Fue votado”, dijo, por lo que reconoció que “tiene legalidad” para hacer las cosas que hacen, pero advirtió que “no se rompe todo y se arma algo alternativo, eficiente, para que no sufran las personas que  hoy están sufriendo. Este desprecio permanente por la vida, tenemos que recapacitar, tenemos que parar con este diálogo de brutalidad todo el tiempo”. Y cerró diciendo que “uno puede decir que va a ajustar a los jubilados, a los residentes... Ahora, ¿festejarlo, reírse en un streaming? ¿En qué país estamos?”.

Emergencia en Salud Mental

A continuación, la comisión se abocó a la segunda parte de su tarea, que tenía que ver con los proyectos para declarar la emergencia en Salud Mental, para la cual había nueve invitados a exponer sobre el tema. En ese marco, distintos especialistas expusieron sobre la situación de la salud mental en todo el territorio nacional, la prevención en la infancia, adolescencia y el suicidio.

En primer lugar, Julieta Calmels, licenciada en Psicología y subsecretaria de Salud Mental y consumos problemáticos de la provincia de Buenos Aires, indicó que “el desafío es poder implementar la Ley Nacional de Salud Mental”, y en ese sentido, explicó: “Eso significa poner de pie un sistema de salud y que esté a la altura de las problemáticas”.

“La situación de la salud mental y consumos problemáticos es dramática en el mundo”, puntualizó.

Luego, Leonardo Gorbacz, gestor de la Ley Nacional de Salud Mental, señaló que “la política de salud mental se ha constituido en una política de Estado”. Cintya Castañeda, directora de Empesares, subrayó que “desde 2023, el suicidio en adolescentes es la primera causa de muerte violenta y la segunda causa de muerte”. En ese sentido, agregó algunos datos estadísticos: “De las 4249 personas que se murieron el 78% son hombres, el 49% tenía entre 5 y 35 años, y 11.5 personas por día se suicidan en la argentina”.

En tanto, Fernando Zingman, médico especialista en Pediatría y adolescencia, manifestó que “nuestra población a mediano plazo va a estar mucho más impactada por la salud mental que lo que está ahora”. “Es una urgencia demográfica abordar este tema”, remarcó.

Asimismo, Sandra Cislaghi, directora de la Agencia de Salud Mental de Entre Ríos, expresó que “la emergencia en salud mental atraviesa toda la argentina, siendo un problema estructural, social y urgente que no puede seguir siendo postergado, ya que no mide clases sociales, pero golpea con mayor crudeza a las infancias, juventudes y con más violencia a quienes menos tienen”.

Durante la reunión, también participaron, entre otros, Paula Kratje, especialista en Salud Mental por la RISAM; Humberto Persano, psicoanalista y psiquiatra de Niños y adolescentes, ex director de Salud Mental de CABA; Matías Kornetz, fundador de “Prevenir es Amar” y director de Adicciones en el Ministerio de Desarrollo Humano de CABA; Ariel Parajón, politólogo especializado en políticas de drogas; y Karina Domínguez, secretaria Adjunta de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Por otra parte, se analizaron distintos proyectos de resolución y declaración, así como también se presentaron proyectos de ley vinculados con la salud mental. En ese sentido, tanto la diputada María Eugenia Vidal (Pro) como su par Marcela Campagnoli (CC), se refirieron a las iniciativas destinadas a la emergencia en salud mental, y, a la problemática del suicidio en la niñez y adolescencia.