Una diputada muy cercana a la ministra de Seguridad de la Nación presentó un proyecto que endurece las sanciones del Código Penal para quienes denuncien delitos inexistentes o declaren falsamente ante la Justicia. La iniciativa contempla penas agravadas en casos de violencia de género, abuso sexual y litigios laborales.
La diputada nacional Patricia Vásquez (Pro) presentó un proyecto de ley que propone endurecer de manera significativa las penas por la comisión de falsas denuncias y falsos testimonios, con especial énfasis en casos sensibles como violencia de género, abuso sexual y conflictos laborales. La iniciativa apunta a frenar lo que califica como una “industria del juicio” y a recuperar la confianza pública en la administración de justicia.
La propuesta modifica el artículo 245 del Código Penal para castigar con prisión de tres a seis años a quien denuncie un delito inexistente ante la autoridad. En casos agravados, las penas escalarían: de cuatro a siete años si se trata de denuncias en contexto de violencia de género, y de seis a diez años si la acusación falsa involucra delitos de abuso sexual o afecta a menores de edad.
Por otro lado, el proyecto también reforma el delito de falso testimonio. La pena base prevista sería de tres a seis años de prisión para quienes mientan deliberadamente en su declaración. Si la falsedad se produce en causas penales o laborales, se elevaría a cuatro a siete años. En causas criminales que perjudiquen al acusado, el castigo alcanzaría hasta diez años de reclusión o prisión, junto con inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de condena.
En un artículo adicional, se incorpora la figura del profesional que instiga o asesora a un testigo para mentir en juicio, castigándolo con prisión de tres a seis años e inhabilitación.
La legisladora fundamentó la iniciativa en el “grave daño personal y social” que provocan estas prácticas: “No podemos seguir consintiendo que estas conductas tengan consecuencias menores. Mentir tiene graves consecuencias y por lo tanto debe tener mayores responsabilidades”, sostiene el proyecto. Según datos citados en los fundamentos, el 71% de los casos reportados por falsas denuncias afectan directamente a la persona imputada, con secuelas emocionales y familiares que a veces resultan irreparables.
La propuesta también alerta sobre el crecimiento del uso de testigos falsos en el fuero laboral. Vásquez aseguró que este fenómeno genera desconfianza, incrementa el trabajo informal y distorsiona el sistema de seguridad social.
Desde el oficialismo y la oposición, la iniciativa ya despertó debate: mientras algunos sectores destacan la necesidad de desalentar las denuncias espurias y el falso testimonio, otros advierten sobre el riesgo de inhibir denuncias genuinas, en particular en situaciones de violencia de género. El proyecto fue girado a comisiones, donde comenzará su tratamiento parlamentario en las próximas semanas.