En una reunión informativa de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por la diputada nacional Carolina Yutrovic (Unión por la Patria), se debatió el reciente DNU 493/2025, que modifica el marco regulatorio del servicio de provisión de agua y saneamiento en el área atendida por AySA, habilitando el corte del suministro por falta de pago. La medida generó un amplio rechazo por parte de asociaciones de consumidores, defensorías del pueblo y representantes municipales.

La presidenta de la comisión abrió el encuentro con un mensaje directo al Ejecutivo: “El agua es un derecho humano y no se puede tratar como una mercancía más”. En ese sentido, advirtió sobre la gravedad de permitir cortes en un contexto de crisis económica que afecta a millones de hogares argentinos.

Pedro Bussetti, de DEUCO, cuestionó el nuevo marco regulatorio por permitir el corte del servicio tras 60 días de mora. “Expresamos nuestra preocupación por este DNU, que debiera ser tratado por el Congreso”, señaló. Claudio Daniel Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, insistió en que el agua y las cloacas deben permanecer bajo gestión estatal, y advirtió que los cortes afectan directamente a sectores vulnerables, con consecuencias graves para la salud.

Desde el sector industrial, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinas, denunció abusos en los costos energéticos y alertó sobre el cierre de fábricas. “Nos están estafando, hay que intervenir y ponerle un freno”, reclamó, vinculando los aumentos al costo de producción más que al dólar.

Osvaldo Bassano, de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores, recordó que la Corte Suprema ya se pronunció contra los cortes de agua. “Cada vez que se altera la población, la calidad de vida baja y los seres humanos comienzan a ingresar en una psicosis general”, advirtió. También, Ricardo Nicolás Vago alertó sobre la eliminación del monitoreo de sustancias críticas como nitrito y cianuro, lo que podría derivar en una grave conflictividad social.

Del mismo modo, María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, defendió la necesidad de que AySA continúe realizando inversiones. “Una empresa privada no va a asumir esos costos, que terminarán recayendo sobre los usuarios más vulnerables”, afirmó. Y concluyó: “El agua no es una mercancía, desmercantilicemos la naturaleza”.

También participaron del debate representantes de diversas organizaciones y defensorías, quienes coincidieron en el rechazo al DNU y en la defensa del agua como "un derecho esencial que no puede estar sujeto a las reglas del mercado".