El Congreso avanza con un proyecto de ley que busca declarar la emergencia pediátrica a nivel nacional. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo ya se anticipó la posibilidad de un veto, en línea con la postura oficial de evitar iniciativas que aumenten el gasto público sin financiamiento. En ese marco, el presidente anunció que enviará una ley para penalizar este tipo de sanciones legislativas, aunque el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) recuerda que “el artículo 7º de la Ley de Administración Financiera del Estado ya prohíbe al Congreso aprobar leyes que impliquen aumento de gasto sin financiamiento”.

Pero más allá del debate fiscal, el informe de IDESA —titulado “La salud pública pediátrica es responsabilidad de las provincias”— señala que el principal defecto del proyecto es conceptual: “No tiene ninguna posibilidad de mejorar la pediatría ya que la salud pública es responsabilidad de las provincias”.

Un proyecto con foco en el Garrahan

Aunque el texto legislativo plantea objetivos generales como garantizar el acceso equitativo y de calidad a la atención médica infantil, IDESA advierte que “en la práctica, el proyecto está pensado para el Hospital Garrahan”. Esto genera dudas sobre su alcance real, dado que el Garrahan es un hospital nacional, mientras que la mayoría de los servicios de salud pediátrica dependen de los ministerios provinciales.

Según datos del Ministerio de Economía citados por IDESA:

✔ El Ministerio de Salud nacional maneja un presupuesto equivalente al 0,3% del PBI.

✔ El Hospital Garrahan recibe apenas el 0,03% del PBI.

✔ Los ministerios de Salud provinciales suman un 1,8% del PBI.

Estos números reflejan que “la salud pública pediátrica está financiada casi enteramente por las provincias, a quienes, tal como está redactado el proyecto, la emergencia pediátrica no les aplica”, sostiene el informe.

Críticas al enfoque institucional

IDESA considera que el proyecto es “una grosera falla que puede explicarse desde la ignorancia o la demagogia electoral” 1. Y agrega: “La manera en que se ha planteado la discusión por la emergencia pediátrica testimonia un profundo deterioro institucional. El gobierno se crispa argumentando motivos equivocados, mientras los legisladores pretenden mostrarse sensibles con los niños, ignorando que la atención pública pediátrica es responsabilidad de los gobiernos provinciales”.

El informe concluye que este tipo de iniciativas reflejan una “desconfiguración del régimen federal” y propone avanzar en un acuerdo de coordinación tributaria y funcional que delimite claramente las competencias de cada nivel de gobierno. En ese marco, IDESA plantea que “el Estado nacional no debe superponerse con las provincias ayudando con financiamiento o asumiendo la gestión de algunos hospitales”, y que su rol debería limitarse a “medir rigurosamente los resultados sanitarios de cada provincia para transparentarlos a la población”.

Incluso, el documento sugiere que “para esto no hace falta siquiera un Ministerio de Salud nacional. Alcanza con una agencia profesional de medición de resultados sanitarios”.