El puntano Fernando Salino busca acotar plazos, evitar sanciones tácitas y garantizar un control más efectivo sobre el Poder Ejecutivo.
En un contexto de creciente debate sobre los límites del Poder Ejecutivo y el rol del Congreso en la validación de decretos, el senador Fernando Salino (Unión por la Patria - San Luis) presentó un proyecto de ley que propone modificar tres artículos clave de la Ley 26.122, que regula el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), la delegación legislativa y la promulgación parcial de leyes.
La iniciativa, acompañada por los senadores Jesús Rejal y Guillermo Andrada, busca establecer plazos concretos y perentorios para el tratamiento legislativo de los DNU, reforzando el mandato constitucional y evitando que el silencio parlamentario se traduzca en una vigencia indefinida de normas dictadas por el Ejecutivo.
Entre los principales cambios propuestos se destacan:
♦ Plazo de vigencia limitado: Los decretos perderán vigencia si no son aprobados por ambas Cámaras en un plazo máximo de 90 días corridos desde su publicación.
♦ Tratamiento expreso y urgente: Una vez emitido el dictamen por la Comisión Bicameral Permanente, ambas Cámaras deberán tratarlo en un plazo de 20 días corridos, incluso durante el receso parlamentario.
♦ Rechazo por una sola Cámara: Se establece que el rechazo por parte de una sola Cámara será suficiente para derogar el decreto, corrigiendo el criterio vigente que exige el rechazo por ambas.
En los fundamentos del proyecto, Salino argumenta que, a 19 años de la sanción de la ley, la experiencia parlamentaria acumulada demuestra la necesidad de ajustar su funcionamiento para evitar distorsiones institucionales. “No resulta conveniente que el mero silencio de las Cámaras implique una vigencia sin límite de la norma”, advierte el texto, señalando que esta situación puede derivar en conflictos judiciales y vulnerar el equilibrio entre poderes.
Además, se destaca que el proyecto busca una interpretación armónica de la Constitución Nacional, especialmente del artículo 82, que excluye la sanción tácita de leyes, y que debería aplicarse también al tratamiento de decretos.
La propuesta se suma a otras iniciativas en tratamiento en ambas Cámaras que apuntan en la misma dirección: fortalecer el control legislativo sobre los DNU y garantizar mayor transparencia y seguridad jurídica en su aplicación.