El proyecto de ley que prevé el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional hacia las provincias recibió dictamen este miércoles en la Cámara de Diputados. Pese a ser avalado en un principio por todos los gobernadores, hubo dos que dejaron plasmado su retiro con la firma de sus diputados en un dictamen de minoría impulsado por el oficialismo, que puso sobre la mesa su propia propuesta.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, se debatió en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el oficialista José Luis Espert, que se abrió tras ser emplazada en la última sesión. El libertario la había citado con anterioridad, pero en el emplazamiento se dispuso que durante la reunión se emita despacho.

El proyecto va de la mano con otro, reclamado también por los mandatarios provinciales, que tiene que ver con la distribución de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos, que se tratará en Presupuesto junto a la Comisión de Energía y Combustibles.

De los 46 presentes en la comisión, 27 diputados de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal e Innovación Federal (sus representantes de Salta y Misiones) suscribieron el despacho de mayoría, que ratifica la media sanción. Pero hubo además tres de minoría.

Por su parte, La Libertad Avanza junto a sus aliados del Pro, el radical mendocino Lisandro Nieri -que responde al gobernador Alfredo Cornejo, socio electoral del partido violeta- y la sanjuanina Nancy Picón Martínez -bajo las órdenes del gobernador Marcelo Orrego- presentaron un dictamen propio.

También fueron con sus respectivos despachos la Coalición Cívica, presentado por Juan Manuel López; y el Frente de Izquierda, suscripto por Christian Castillo.

El dictamen de mayoría prevé que estos recursos se repartan respetando los porcentajes de la Ley de Coparticipación e indica que "la redistribución procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6 de la Ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable".

En tanto, la propuesta del oficialismo, que no fue defendida por ningún diputado libertario, sino únicamente mencionada por la bullrichista Laura Rodríguez Machado, establece que la redistribución “procederá en forma mensual una vez cerrado el ejercicio fiscal anual en que se generaron”.

Durante la reunión, el diputado Ariel Rauschenberger (UP) señaló que los ATN se trata de “fondos que son de las provincias” y “no se están ejecutando”. “Los distintos gobiernos no han ejecutado la totalidad de estos recursos, pero en el caso del gobierno actual la no ejecución es la más baja de la historia y también lo que ha crecido es la discrecionalidad”, apuntó. En ese sentido, precisó que “hay ocho provincias que no han recibido ningún tipo de aporte durante 2024 y 2025” por este concepto, entre las cuales está La Pampa, de donde él proviene.

El opositor defendió que los gobernadores impulsan esta ley “ante el desfinanciamiento que están sufriendo y las necesidades que han tomado ante el retiro del Estado nacional de atender ciertas cuestiones”. Por eso, “es procedente que estos recursos se distribuyan”, dijo.

Además, el legislador aseguró que este proyecto “no afecta el equilibrio fiscal; son fondos que están retenidos para sostener un superávit ficticio”.

Tras una larga exposición, el vicepresidente de la comisión, Carlos Heller (UP), subrayó que “no es que no hay plata, el tema es que el Gobierno elige a quién se la da y a quién se la quita. Plata hay. Y tiene que quedar clarito. Se la niega a los jubilados, a las universidades, a las personas con discapacidad. Pero al mismo tiempo le baja las alícuotas a las retenciones de productos agropecuarios, establece la eliminación de retenciones de minería y bajó impuestos internos para autos de hasta 75 millones. También aumentó el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría mientras baja Bienes Personales”.

“Es mentira que no hay plata, hay que buscarla donde está y utilizarla para las cosas que hacen falta”, insistió el porteño, al advertir que “si no se cambia el rumbo, lo que viene es peor”, respecto a una eventual eliminación de ciertos impuestos. De acuerdo a la lógica del presidente Javier Milei, “si se bajan 7,6% los ingresos, hay que bajar 7,6% más los gastos; hay que seguir despidiendo, hay que seguir cerrando reparticiones y seguir en la misma línea que este Gobierno viene trabajando”, explicó.

Aliada de La Libertad Avanza, la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro) criticó los argumentos de la oposición y cargó: “Si hay un gobierno que en este país tuvo transferencias discrecionales de los ATN, que se utilizaron para disciplinar a las provincias, que se utilizaron para conseguir esos votos o apoyos políticos que necesitaban, y a las provincias que no eran del palo no se les transferían recursos, fue el kirchnerismo”.

“Utilizaron los fondos de los ATN para disciplinar a gobernadores, pero cuando no son gobierno quieren eliminar los fondos de ATN porque los tienen que utilizar los gobernadores o no”, insistió la bullrichista y expresó que con esta modificación “le estarían quitando una herramienta a un Gobierno que hasta ahora ha demostrado que (a estos fondos) los ha utilizado para las emergencias; probablemente por eso haya subejecución, porque no es para disciplinar”.

El jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López (CC), observó que “estamos ante un nuevo parche en esta estructura tributaria que hay que mejorar, y que provincia y Nación muestran distintas medidas de fuerza y ahora el Gobierno hace una propuesta”. “Da la sensación que este Gobierno utilizó los ATN para disciplinar, pero al mismo tiempo los tiene subejecutados, es decir, hay plata que hay que distribuir”, remarcó.

Y defendió el despacho de su espacio, que propone que “estos fondos se distribuyan como viene en la media sanción del Senado, pero que cuando haya situaciones como las que prevé la Ley de Coparticipación para los ATN las determine el Congreso, para que la discrecionalidad que ocurrió con todos los gobiernos deje de suceder”.

Al explicar el dictamen de la izquierda, el legislador Christian Castillo (FIT) indicó que la propuesta de su espacio consiste en que “la coparticipación de los fondos de los ATN tenga asignación específica tanto en lo que hace al Gobierno nacional como los provinciales”, de manera que los fondos “vayan para aumentar salario a los docentes, trabajadores de la salud, trabajadores de la administración pública, excepto las fuerzas de seguridad” y también para atender emergencias ígneas e hídricas.

El objetivo es que los gobernadores “no tengan esos fondos para hacer lo que quieran”. “¿Por qué darle un cheque en blanco a gobernadores que hacen lo que quieren?”, agregó.

Durante el debate, la diputada Danya Tavela (DpS) planteó: “La situación que nos lleva a esta discusión es muy sencilla. Primero, no hay ley de presupuesto por decisión del Gobierno nacional. Segundo, las transferencias de Nación a provincias han caído en el orden del 25% promedio, y cuando se han visto recuperadas ha sido porque algún diputado o senador de esa provincia votó tal o cual artículo o acompañó el veto de tal o cual ley que ayudaba a todos los argentinos; hay que hacerse cargo. Tercero, porque efectivamente ha habido cambios en los tributos nacionales. Y cuarto, porque la obra pública está paralizada”.

“Creo que este proyecto es un límite a la discrecionalidad, de la que han hecho uso y abuso todos los gobiernos en los últimos años”, manifestó la radical y afirmó que con esta ley se establecen “criterios que garanticen el federalismo, la equidad y la eficacia del gasto público”.