El oficialismo presentó un dictamen de minoría con el Pro y los legisladores que responden a San Juan y Mendoza. El proyecto plantea modificaciones en los porcentajes de distribución, aumentando el monto destinado a las arcas provinciales del 10,40% al 57,02%.
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El último tema de la jornada se trató en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda junto a Energía y Combustibles, donde este miércoles avanzó el dictamen del proyecto que dispone la eliminación de diversos fideicomisos y la modificación a la Ley 23.966 sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos y Gas Natural. El despacho de mayoría alcanzó 46 firmas.
El dictamen de mayoría que avala la media sanción aprobada en el Senado el pasado 10 de julio, lleva las rúbricas de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal e Innovación Federal, bancada provincial que tiene a la salteña Pamela Calletti -jefa de bloque- que responde a Gustavo Sáenz, y a los misioneros Daniel Vancsik y Carlos Fernández alineados a Hugo Passalacqua.
En el inicio de la reunión, la diputada oficialista Lorena Villaverde, en su rol de titular de la Comisión de Energía y Combustibles, mencionó que La Libertad Avanza va con su propio dictamen de minoría. “Esto se trata de plata fácil para los gobernadores sin control y nos quieren vender que eliminar fideicomisos es un avance, pero esto no representa una Argentina libre”, señaló la rionegrina.
Al término de la reunión, la diputada santafesina Germana Figueroa Casas confirmó que el despacho del oficialismo y los aliados fue rubricado por La Libertad Avanza, el Pro, la sanjuanina Nancy Picón Martínez -alineada con el gobernador Marcelo Orrego- y los mendocinos que responden a Alfredo Cornejo, Pamela Verasay y Lisandro Nieri. Dentro de esas firmas, está también la de la chubutense Ana Clara Romero que responde a Ignacio Torres.
Cabe recordar que este proyecto junto al de nueva distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) contempló el consenso unánime de los 24 mandatarios distritales. Sin embargo, de cara al tratamiento en el recinto de la Cámara baja, al menos cuatro gobernadores (CABA, Chubut, Mendoza y San Juan) avalaron el despacho de La Libertad Avanza.
Por otro lado, el diputado nacional Christian Castillo del Frente de Izquierda, al igual que en la emergencia en el SNCTI, presentó otro dictamen de minoría con única firma: “Los fondos fiduciarios que existían, para realizarse las obras en cada uno de los casos, la plata que tenía que ir no iba o el Gobierno se afanaba una parte de ese fondo”. Propuso que “una parte de lo que acá se saca, irá a parar a Vialidad provincial”.
Brevemente, el diputado santafesino Esteban Paulon manifestó que “este proyecto expresa el federalismo fiscal”. Luego, planteó que el Impuesto a los Combustibles Líquidos “surge de cada litro de nafta que es esfuerzo de cada una de las provincias, tributado al Tesoro Nacional”. En el cierre, pidió por la incorporación de proyectos de financiamiento de obras viales.
El diputado chaqueño Juan Manuel Pedrini cargó contra el Gobierno nacional y la propuesta de iniciar un proceso de obras privadas: “No hay nadie en las condiciones que ustedes plantean que se quiera hacer cargo de las rutas”. También, cargó que “ustedes le sacan los recursos a la gente que vive bajo un gobierno provincial o local”.
Decidido a criticar al presidente Javier Milei, el diputado chaqueño señaló que “quieren hacer el ajuste con la plata de las provincias”. Luego, consideró que “estos fideicomisos dejan más dinero al Gobierno nacional, pero le corresponden a las provincias”. Antes de terminar, dilucidó una ironía contra José Luis Espert, titular de Presupuesto y Hacienda: “Esperemos que la próxima sea sin emplazamiento y tratando la Ley de Presupuesto”.
En una breve intervención, el diputado chubutense José Glinski destacó el nivel de consenso avalado por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño cuando este proyecto (junto al de ATN) fue presentado en mesa de entrada. Sin embargo, aseveró que el propósito de la iniciativa busca “una vida digna y que nuestras rutas sean transitables”.
En un extenso discurso, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz reiteró que “en Argentina se sigue recaudando el Impuesto al Combustible que tenía una razón de ser del 28,58% a la creación del fideicomiso de la infraestructura del transporte y todo eso se desplomó a la vista de los gobernadores que se han unido en una causa común que es evitar el deterioro que sufren las rutas nacionales en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
“Cuando uno mira el mapa de la red vial Argentina, puede comprender la importancia de sostener las rutas del país”, remarcó Tolosa Paz, quien además le endilgó una serie de críticas al Gobierno nacional: “El problema es que no tenemos Presupuesto, que se sigue asfixiando a las provincias y el presidente de la Nación ha desertado de las obligaciones constitucionales del mantenimiento de las rutas nacionales”.
Tolosa Paz señaló que el Gobierno "desertó de las obligaciones constitucionales del mantenimiento de las rutas".
El último expositor del plenario fue el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien se tomó unos minutos para reivindicar los proyectos dictaminados por la vía del emplazamiento. Luego, anunció que “seguramente más adelante tengamos que hacer modificaciones sobre este texto del impuesto a los Combustibles Líquidos".
Recordó, además, que “la propuesta de modificar el Impuesto a los Combustibles Líquidos no nace con los gobernadores, si no con los intendentes de capitales de provincias que pidieron cambios en el ICL del transporte urbano de pasajeros”, en el marco del tratamiento de la Ley de Bases. Además, sumó que “durante el fallido debate del presupuesto, nosotros trajimos un dictamen que modificaba el ICL”.
“Siempre bancamos a los gobernadores peronistas, ahora bien, yo soy opositor a (Maximiliano) Pullaro en mi provincia, pero cuando venimos a tratar un tema de estas características, tenemos que tener cierta capacidad de abstraernos un ‘cachito’ de la situación puntual del debate político territorial de cada provincia”, explicó Martínez.
En esa línea, agregó: "Acá estamos tratando de resolver un problema que no es solo del gobernador, es un problema del pueblo de las provincias”, y cargó que "estamos tratando de dar una respuesta a los pueblos de nuestras provincias que necesitan estos recursos porque si no estos recursos se los queda Milei y no se ejecutan en ningún lado”.
El proyecto de ley impulsado por los gobernadores propone la eliminación de varios fideicomisos y fondos nacionales, entre ellos los de infraestructura hídrica, transporte y vivienda. Estos recursos, anteriormente administrados por el Gobierno Nacional, se redistribuirán entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según los criterios establecidos en la Ley 23.548. La iniciativa busca una asignación “más equitativa y directa de los fondos”, respetando los porcentajes de coparticipación ya vigentes.
Además, se modifica la Ley 23.966 en lo referente al Impuesto a los Combustibles Líquidos, estableciendo nuevos porcentajes de distribución: 14,29% para el Tesoro Nacional, 57,02% para las provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social. También se redefine cómo se reparten estos fondos entre las jurisdicciones, asignando un 25% en partes iguales y el 75% restante según los índices de coparticipación. Según el texto, "esto busca fortalecer el federalismo y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos".
Los fundamentos del proyecto indican que la propuesta surge de un acuerdo entre los gobernadores provinciales y el jefe de gobierno porteño. Señalaron, además, que los fondos eliminados “no afectan las finanzas nacionales”, ya que se trata de recursos con afectación específica que deben ser redistribuidos según las necesidades locales.
Finalmente, mencionaron que la eliminación de estos fideicomisos responde a la necesidad de simplificar el sistema financiero nacional y mejorar el control sobre los recursos públicos. La propuesta busca que tanto Nación como provincias puedan definir sus prioridades de gasto, especialmente en un contexto de crisis económica. Consideraron que esta redistribución permitirá “una mayor capacidad de respuesta ante las demandas sociales, sin comprometer la sustentabilidad fiscal del país”.