El proyecto de ley busca cerrar un vacío legal que impide sancionar con firmeza a quienes, por negligencia o impericia, comprometen la salud pública. La iniciativa se inspira en el caso de la droguería HLB Pharma, implicada en la distribución de fentanilo adulterado.
La diputada nacional Silvana Giudici presentó un proyecto de ley que apunta a reformar el Código Penal y la Ley de Farmacias para endurecer las sanciones contra quienes manipulen de forma negligente medicamentos de alto riesgo. La iniciativa surge como respuesta directa a la crisis sanitaria provocada por la distribución de fentanilo contaminado, que ya ha causado al menos 76 muertes en el país.
El proyecto, titulado “Ley de Responsabilidad Sanitaria en el Manejo de Medicamentos de Alto Riesgo”, propone incorporar un nuevo artículo al Código Penal —el 201 ter— que establece penas de prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial de hasta quince años para quienes, en violación de sus deberes legales, generen un “riesgo cierto para la salud pública” en el manejo de medicamentos incluidos en un listado especial elaborado por la autoridad sanitaria.
“Será de aplicación a estos supuestos el artículo 201 bis si de la conducta resultase la muerte de alguna persona, junto con la accesoria de inhabilitación para ejercer el comercio por el doble de tiempo de la condena”, señala el texto presentado por la diputada del Pro.
La propuesta también modifica la Ley 17.565 de Farmacias, incorporando un nuevo artículo 45 bis que agrava las sanciones administrativas cuando las infracciones se cometan con negligencia, imprudencia o impericia, especialmente si involucran medicamentos de alto riesgo.
“La multa podrá ser elevada hasta el doble del máximo previsto […] La inhabilitación profesional podrá extenderse hasta diez años, cuando la conducta comprometa la seguridad sanitaria o la integridad de pacientes o terceros”, detalla el proyecto.
Un caso testigo: HLB Pharma
En los fundamentos, Giudici hace referencia explícita al caso de la droguería HLB Pharma, autorizada por el Estado pero implicada en graves irregularidades en la manipulación y almacenamiento de opioides como el fentanilo. A pesar de la magnitud del daño, ningún responsable ha sido citado a declarar.
“Esta situación pone de manifiesto no solo la debilidad de los mecanismos de fiscalización, sino también la insuficiencia del marco penal actual para intervenir con firmeza frente a hechos de tamaña gravedad”, argumenta la diputada.
El proyecto busca llenar ese vacío legal, al permitir sancionar no solo conductas dolosas, sino también aquellas que, por su negligencia grave e inexcusable, generan un riesgo sanitario concreto.
“La legislación penal debe contar con herramientas que permitan una penalización con proporcionalidad a quienes incumplan sus deberes legales y generen un riesgo cierto para la salud pública”, sostiene Giudici.
La diputada aclara que la iniciativa no busca criminalizar errores menores ni obstaculizar la actividad farmacéutica, sino sancionar con firmeza los incumplimientos graves que comprometen la salud pública.
“Esta figura penal no busca criminalizar errores menores ni obstaculizar el legítimo ejercicio de la actividad farmacéutica, sino penalizar aquellas formas de incumplimiento profesional que, por su gravedad, ameritan una respuesta directa”, explica.
El proyecto fue acompañado por otros legisladores del Pro, entre ellos Martín Yeza, Cristian Ritondo, Sabrina Ajmechet y María Florencia De Sensi.
El texto establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo no mayor a 90 días desde su promulgación. En paralelo, el bloque del PRO impulsa otras iniciativas complementarias, como la creación de una comisión investigadora y un sistema nacional de trazabilidad y alerta temprana bajo la órbita de la ANMAT.
“La trazabilidad, la conservación y la guarda adecuada de medicamentos son pilares esenciales de toda política sanitaria moderna. Cuando estos pilares se vulneran, no solo se afecta a los pacientes directamente expuestos, sino que se debilita todo el entramado institucional destinado a proteger la salud pública”, concluye Giudici.