Según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), el bono que perciben los jubilados con haberes mínimos reproduce las mismas fallas estructurales que las moratorias previsionales: alto costo fiscal, falta de focalización y efectos regresivos.
La discusión en el Congreso sobre el veto presidencial al proyecto que convierte en permanente el bono previsional volvió a poner en foco una de las políticas más sensibles del sistema jubilatorio. Mientras la oposición busca insistir con la ley que lo consagra, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) advirtió que esta medida repite los errores de las moratorias previsionales: es financieramente insostenible y socialmente injusta.
El informe recuerda que la primera moratoria fue implementada en 2005 por decreto durante el Gobierno de Néstor Kirchner. Aunque su objetivo era incluir a adultos mayores sin cobertura, los datos del INDEC mostraban que solo el 25% de quienes accedieron eran pobres. El resto, con ingresos suficientes, también obtuvo jubilaciones sin haber realizado aportes, lo que generó un fuerte desequilibrio en el sistema.
Para enfrentar ese desbalance, los gobiernos posteriores recurrieron a la licuación de haberes mediante inflación y cambios en la fórmula de movilidad. Como paliativo, en 2022 se estableció un bono para quienes cobran la jubilación mínima, sin discriminar si tienen otros ingresos. Ahora, el Congreso busca convertir ese bono en permanente, lo que para IDESA profundiza el problema.
Los datos oficiales son contundentes: de los 3,7 millones de jubilaciones mínimas que paga ANSES, el 94% fueron obtenidas mediante moratorias. Es decir, casi todos los beneficiarios del bono accedieron a la jubilación sin haber cumplido los 30 años de aportes. En cambio, quienes sí aportaron durante toda su vida laboral no reciben el bono y sufren de lleno la pérdida de poder adquisitivo.
IDESA señala que tanto las moratorias como el bono se otorgan sin evaluar la situación socioeconómica de los beneficiarios, lo que genera inequidades y desincentiva la formalidad laboral. Además, advierte que el bono, creado para mitigar los efectos de las moratorias, termina replicando su lógica: distribuir recursos de manera indiscriminada, incluso a quienes no están en situación de vulnerabilidad.
En ese contexto, el instituto considera que sostener el veto presidencial sería la “menos mala” de las alternativas, ya que evitaría agravar la crisis financiera del sistema previsional. Sin embargo, subraya que lo urgente es avanzar hacia una reforma integral que ordene el sistema y lo haga más justo y sostenible.