La Comisión de Derechos Humanos y Garantías, presidida por la diputada Sabrina Ajmechet (Pro), recibió este martes a activistas y familiares de detenidos políticos en Venezuela, en el marco de haberse cumplido recientemente un año de las elecciones del 28 de julio.

Según denunciaron dirigentes opositores y organismos internacionales en ese momento, y a lo largo de este tiempo, Nicolás Maduro cometió un fraude electoral, cuando en realidad quien resultó electo fue Edmundo González Urrutia.

Durante el encuentro se advirtió que en aquella elección “se desconoció la voluntad popular de millones de venezolanos, que vienen sufriendo una crisis humanitaria y migratoria sin precedentes a causa de la dictadura que hundió al país en la más profunda miseria”.

Una de las protagonistas de la jornada fue María Alexandra Gómez, pareja de Nahuel Agustín Gallo, gendarme argentino detenido ilegalmente en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024.

Ese día, Gallo fue arrestado en San Antonio de Táchira cuando intentaba ingresar desde Colombia. Las autoridades venezolanas nunca brindaron información precisa sobre su paradero. La OEA pidió su liberación y calificó su detención como un “crimen de lesa humanidad”, reclamo que también se reiteró en diversas oportunidades desde el Gobierno argentino.

La esposa del gendarme aseguró que existió "una violación de los derechos humanos desde el primer momento, falta del debido proceso e ilegalidad del procedimiento al que fue sometido".

"Durante cinco largos meses yo busqué a Nahuel en todas las cárceles y todos los organismos venezolanos y no tuvimos ninguna información: no encontramos ninguna orden de aprehensión, causa abierta, registro en tribunales, expediente del caso de Nahuel no existe. Nahuel sólo existe para esa justicia dentro de su propia injusticia", expresó.

Gómez remarcó que "desde el 2 de enero de 2025 Nahuel cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; también el caso está elevado en el grupo de desapariciones forzadas de la ONU, quienes todos estos meses han hecho reiteradas llamadas de atención a Venezuela, que han sido ignoradas".

“Denuncio nuevamente la desaparición forzada de Nahuel Agustín Gallo y el silencio y la complicidad de muchos personas en torno a la política aquí en Argentina, que ni siquiera repudian el acto”, enfatizó la mujer de Gallo y cerró: “Hay una persona inocente desaparecida y una familia que no aguanta más. Ustedes son una puerta de esperanza a esta terrible lucha, hasta que Nahuel sea libre”.

Por su parte, Elisa Trotta, activista de derechos humanos y fundadora del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, mencionó que el 28J es "una fecha que simboliza la valentía cívica del pueblo venezolano", cuando "Edmundo González Urrutia obtuvo más de 7 millones de votos frente a poco más de 3,5 millones de votos del régimen de Nicolás Maduro".

En Venezuela, "hoy hay más de 900 personas inocentes, entre ellas mujeres y adolescentes, que sufren torturas a manos de los grupos armados de la dictadura. Se registran más de 2.500 detenciones arbitrarias, centenares de casos documentados de tortura y decenas de asesinatos en protestas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado a esta situación como terrorismo de Estado", denunció.

También brindaron testimonio de sus vivencias, Carlos Brach, periodista y profesor universitario, quien se desempeñó como jefe de comunicaciones de la Plataforma de Unidad Democrática, sitio que tuvo un rol activo en la campaña unitaria para las elecciones del 28 de julio de 2024. Actualmente, trabaja desde el exilio en la denuncia de violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela.

Además estuvo Gabriela Hernández, hija de Nélida del Rosario Sánchez Oropeza, quien se desempeñó como Coordinadora Nacional de Contraloría Ciudadana Electoral y Coordinadora del Comité Nacional de Formación en la Asociación Civil Súmate. Fue funcionaria del Consejo Nacional Electoral por 27 años. Nélida fue detenida ilegalmente el 26 de agosto de 2024 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), siendo imputada sin pruebas por varios delitos (terrorismo, incitación al odio, conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir) y llevada, primero, a la Sede Regional del SEBIN en Los Teques, Estado Miranda, y luego a “El Helicoide”.

Elimar Díaz García, exdiputada de la Asamblea Nacional por el estado Zulia es actualmente vicepresidenta Política y Coordinadora Política Nacional del partido Primero Justicia. Es perseguida política. Desde diciembre de 2024 posee orden de captura por parte Venezuela. En su testimonio reclamó: “Vengo a pedir que eleven su voz para condenar la persecución y exigir la liberación de los presos políticos, y que sean articuladores en la comunidad internacional para que no se permita que esto se normalice”.

Por último, Andrés Guanipa, hermano de Juan Pablo y Pedro Guanipa, detenidos de forma ilegal en Venezuela, pidió “que se conozcan estos casos, que se denuncien y que se trabaje para que ninguna familia mas viva lo que estamos viviendo”.

Del encuentro participaron el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Fernando Iglesias (Pro); la presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con la República Bolivariana de Venezuela, Silvana Giudici (Pro); y legisladores que integran la comisión. Ajmechet resaltó la ausencia de los miembros de Unión por la Patria.