Ya habían sido rechazados en Diputados y este jueves la oposición en la Cámara alta los terminó de sepultar. Las medidas habían sido tomadas en el marco de las facultades delegadas en la Ley Bases.
Foto: Comunicación Senado
Una durísima derrota parlamentaria sufrió el Poder Ejecutivo este jueves en el Senado, con el rechazo al hilo de cinco decretos desregulatorios, cuatro de ellos delegados y uno de necesidad y urgencia, que, de esta manera, se cayeron.
Se trata de medidas detrás de las que estuvo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y que se tomaron en el marco de las facultades delegadas que le fueron otorgadas al presidente Javier Milei a través de la Ley de Bases -y que vencieron en julio pasado-.
Los decretos, que no fueron tratados en la Bicameral de Trámite Legislativo, pasaron el filtro más complicado para la oposición, cuando lograron que se rechacen en el recinto de Diputados. Pues se sabe que en la Cámara alta el oficialismo cuenta con las de perder, por tener números más complicados. Y, efectivamente, así sucedió este jueves, cuando para el rechazo bastaba con el voto de la mayoría simple.
De esta manera, en lo que va de su gestión, el Congreso ya le volteó seis decretos a Milei. El año pasado, por primera vez en la historia el Parlamento rechazó un DNU, fue el 656/24, por el cual se le habían otorgado cien mil millones de pesos a la SIDE.
El primer decreto en rechazarse fue el 462/25, el más extenso con 80 artículos, publicado en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio. La votación resultó con 10 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención.
En las cinco votaciones, además de los 6 miembros de La Libertad Avanza, estuvieron a favor de mantener los decretos la santafesina Carolina Losada, el misionero Enrique Goërling Lara, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero y el formoseño Francisco Paoltroni.
Por medio de este decreto, el PEN había dispuesto la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), de Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y del Instituto Nacional de Semillas y la Comisión Nacional de Semillas; al mismo tiempo que una "transformación" del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) y el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).
El segundo decreto, el 345/25, publicado en el Boletín Oficial el 22 de mayo, fue rechazado por 13 votos positivos, 57 en contra y 1 abstención. Mediante esta medida, se había ordenado la disolución del Instituto Nacional del Teatro, sobre el que se cuestionó una "gestión deficiente en la administración y control de los recursos públicos".
Asimismo, el decreto estableció la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas en una única unidad organizativa para "optimizar la administración".
Otros cambios tuvieron que ver con quitar autarquía o bajar la jerarquía a instituciones emblemáticas como el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, y la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares.
Por 12 votos afirmativos, 58 negativos y 1 abstención, también fue rechazado el decreto 351/25, oficializado el 23 de mayo pasado, por el cual se dispuso la "transformación" del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo clave para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y la restitución de identidad de hijos de desaparecidos.
"Resulta necesario proceder a su transformación en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como a la adecuación de su organización, con el propósito de que responda a parámetros de eficiencia en el marco del reordenamiento administrativo a cargo del Poder Ejecutivo Nacional", se fundamentó.
En tanto, por 13 votos a favor, 55 en contra y 3 abstenciones fue rechazado el DNU 340/25, oficializado el 21 de mayo.
A través de esta medida se dispuso una profunda desregulación del sector de la Marina Mercante Nacional, estableciendo un nuevo régimen para la actividad. Sin embargo, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3, "en cuanto impone restricciones al derecho de huelga en numerosas actividades a las que considera como servicios esenciales".
A su vez, desde los gremios del sector habían denunciado que el DNU "implica una entrega de soberanía al habilitar banderas extranjeras en el cabotaje nacional, destruye condiciones laborales, habilita la competencia desleal sin convenios colectivos y pone en riesgo la seguridad en la navegación".
El último decreto delegado en ser rechazado, por 10 votos positivos, 60 negativos y 1 abstención, fue el 461/25, por el cual se modificaron organismos de la Secretaría de Transporte.
El decreto que ordenaba el cierre de la Dirección de Vialidad Nacional fue el que generó mayor rechazo.
En la medida, publicada en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio, se estableció la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), de la la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV); y una "reorganización" de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Junta de Seguridad en el Transporte.
Diez días después, la jueza en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín Martina Forns, suspendió el decreto, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central de la provincia de Buenos Aires (SEVINA).
Un extenso debate contra las medidas del Gobierno
La senadora nacional Silvina García Larraburu advirtió que el Decreto 462/2025 degrada organismos estratégicos de ciencia y tecnología, pilares de la soberanía productiva y tecnológica de la Argentina. “No podemos permitir que, por un acto administrativo, se desarticulen instituciones con décadas de historia y prestigio”, subrayó.
Recordó que durante las reuniones de la Comisión de Ciencia y Tecnología, participaron cerca de 40 expositores entre trabajadores, investigadores, productores y autoridades, que expusieron los riesgos que enfrenta el INTA y el INTI, entre otros organismos.
Sobre el INTA manifestó que está en riesgo el funcionamiento de 15 Centros Regionales, 52 Estaciones Experimentales, 299 Agencias de Extensión Rural y 6 Centros de Investigación con 22 Institutos. Además, se ven comprometidos programas fundamentales para el sector agropecuario.
En su intervención, el radical Pablo Blanco sostuvo que “el Estado debe ser lo necesario, lo que necesite la gente y no lo menor posible”. Habló del presidente de la Nación, de quien dijo que respecto de las bases de la Constitución, “solo respeta lo que es el Poder Ejecutivo, en tanto y en cuanto ese Poder Ejecutivo esté ejercido por él”.
Para el fueguino, “la arquitectura institucional del Estado no se destruye solo con la derogación de sus leyes; a veces basta con vaciar de contenido los organismos que le dan vida, subordinándolos a estructuras menores, eliminando su condición técnica, retirando la autonomía presupuestaria y resignando las funciones hasta volverlos inexistentes”. A su juicio, “esto es lo que sucede con los decretos 461, 462 y 351". "Al amparo de la Ley Bases, bajo el argumento que utilizan de 'modernizar', están avanzando sobre organismos que la Constitución protege”, advirtió.
Al comenzar, la vicejefa de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, dijo que iba a rendir homenaje en su discurso a Ernesto Carreras, quien tenía 62 años y 37 de servicio en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y tras una reunión con las autoridades sobre su futuro laboral, se descompensó y falleció.
Al cuestionar el decreto 462, la mendocina señaló que con esta medida "lo que se hace no es atacar un instituto técnico de trascendencia internacional, sino a la industria vitivinícola, se la centraliza, se ataca el federalismo, se ataca la producción, se ataca a la economía nacional, a las exportaciones, pero también a la salud pública".
La legisladora explicó que con los cambios dispuestos al INV, "están como opcionales los controles y sólo se va a controlar en la góndola", lo cual pone en riesgo el prestigio del vino argentino. "Hay algunos bodegueros pícaros que van a estar contentos con esto, porque van a poder adulterar los vinos", denunció y subrayó que otros países como Estados Unidos, Francia, Italia, "tienen institutos muchos más rigurosos y los refuerzan y protegen. Nosotros, al contrario, vamos descartando lo que nos ha hecho grandes".
"El INV no es un gasto, se autofinancia y hace trabajos para terceros con su laboratorio, que es el mejor de la República Argentina. Es más, hubo años donde el INV financió al Tesoro Nacional", sumó.
A su turno, la senadora de UP Nora del Valle Giménez se refirió al decreto sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos, el cual consideró: "Una vez más se pone de manifiesto esta intención del Gobierno y del presidente de que va a destruir al Estado, 'como un topo y desde adentro'". Al destacar la función de este organismo, recordó que "ha permitido la identificación y recuperación de cientos de nietos" cuyos padres fueron desaparecidos de la última dictadura.
La salteña explicó que con esta medida "se limitó la autarquía y autonomía financiera" del BNDG y "se degradó su jerarquía y se lo transformó en un organismo desconcentrado". "Esta decisión comprometió su independencia y le quitó la efectividad que ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria", agregó.
En tanto, su par Eduardo "Wado" de Pedro, hijo de desaparecidos, remarcó que en el BNDG trabajan 37 personas y asoció la decisión del PEN a "volver a una Argentina de la impunidad". Este banco, que "es ejemplo a nivel internacional", destacó, fue el que "recopiló los datos genéticos de las más de 500 familias que buscamos a un familiar y lo administra", manifestó. En esa línea, opinó que "interrumpir, entorpecer, la búsqueda de 300 niños y niñas que todavía faltan encontrar no es más que la complicidad plena con la dictadura militar".
Durante el debate, la senadora de Juntos Somos Río Negro Mónica Silva aseguró que "estos decretos afectan fuertemente la vida de todos los argentinos". Precisamente sobre el referido a Vialidad Nacional, sostuvo: " Mi provincia es una provincia sumamente afectada por el desguace y por la política pública de no hacer obras. Esta política afecta 43 mil kilómetros de rutas en todo el país, afecta vidas humanas en rutas que están intransitables por su deterioro".
"Este miércoles se dio a conocer un decreto que deja en disponibilidad a los trabajadores de la Dirección de Seguridad Vial. No vamos a tener seguridad vial, no importa, la gente se muere y de esto no se hace cargo nadie", lamentó.
Avanzado el debate, el radical Martín Lousteau observó que "la motosierra no transforma el Estado, la motosierra corta. La motosierra tala un árbol, pero después no planta nada". Y criticó "esta concepción ideológica de que el Estado siempre es malo y toda regulación es mala" que tiene el presidente.
Sobre los cambios en el INTI e INTA, señaló: "¿Se los puede mejorar? Claro que se los puede mejorar, pero hay que trabajar con los que están dentro y saben". En cuanto a Vialidad Nacional, admitió que "obvio que tiene problemas, sobrepoblación, falta de especialidades que se necesitan, anomia en la planificación, y tiene corrupción en diferentes niveles", pero "el problema es que el Gobierno no quiere gestionar. Lo que no le gusta cómo está y no sabe cómo gestionar, lo rompe".
En el final del tratamiento, la senadora bonaerense Juliana di Tullio destacó que la sesión ordinaria reunió el consenso de varios bloques a través de la expresión de la “voluntad popular”. En defensa de las instituciones “aniquiladas” en los decretos, consideró que “son muchas instituciones que han hecho que este país crezca, sea cada vez mejor y dé cada vez más seguridad en términos como rutas, alimentarios, vitivinícolas y de tecnología”.
Contra Javier Milei, cargó que el Congreso de la Nación “todos estos años lo que ha hecho es construir y mejorarles la vida a los argentinos”. “El que sí quiere destruir este país, lo han dicho senadores cuando tomaron la palabra, es el ‘topo que estpa dentro del Estado para destruirlo’”.
“El único fin de Milei es suprimir el funcionamiento del Congreso de la Nación”, reiteró Di Tullio, quien también le endilgó al presidente de la Nación que “si el esfuerzo de rascar diputados con anuencia de los gobernadores para resistir un veto, lo pusiera para buscar el aumento a los jubilados creo que este sería un país infinitamente mejor”.
En el último tramo de su discurso, consignó que Milei gobierna con “a puro veto, DNU y decreto delegado”. Destacó la labor del Congreso por ser “el único Poder que resiste al Ejecutivo y le pone límites a Javier Milei”, sumó una serie de acusaciones: “Este Gobierno está más sucio que una papa” y habló de los audios de Diego Spagnuolo: “¿Por qué no pone la motosierra en el bolsillo de Lule Menem, Martín Menem y Karina Milei?”.
El presidente del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, remarcó que “es cierto lo que dijo Juliana, el presidente busca el desprestigio del Poder Legislativo”. Luego, se defendió de los dichos del presidente: “Ganamos menos que un juez de primera instancia y el presidente, que es un mentiroso, dice que ganamos diez millones”.
Aseveró, además, que “no hay plata para el jubilado y el pensionado, pero hay plata para los servicios de inteligencia, para los trolls y periodistas”, agregó en tono irónico que “la casta son los jubilados, los pensionados, los docentes, los médicos. Esos son la casta que están pagando los platos rotos”, y concluyó: “Milei es la entrega de la patria”.
