Fue en el marco de la Comisión bicameral del defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que preside la diputada Natalia Sarapura.
La Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se reunió este jueves en el Anexo de la Cámara de Diputados para continuar con el concurso público de antecedentes y oposición que definirá al próximo titular del organismo.
Durante la reunión, y por resolución de la Bicameral, se aprobaron por unanimidad informes del Jurado Evaluador y de distribución y metodología respecto a las Audiencias Públicas que se realizarán los días 28, 29 de agosto y 1 de septiembre del 2025, con el fin de escuchar a los postulantes.
Luego, la titular de la Bicameral, la radical Natalia Sarapura, informó que el Consejo Asesor elevó una propuesta para realizar un informe, no vinculante, sobre los criterios de evaluación respecto al plan de trabajo y antecedentes. Se autorizó en ese sentido a la secretaría a convocar a los postulantes siguiendo dichos lineamientos. También se acordó elevar los currículums al Consejo Asesor, para que este evalúe antecedentes y planes de trabajo y brinde su valorización mediante un informe no vinculante, que servirá como insumo para los equipos de la comisión.
En otro orden, además, se analizó una propuesta federal promovida por una Organización, respecto a la realización de una reunión Informativa para niños, niñas y adolescentes, y al respecto, la senadora libertaria Vilma Bedia consideró que “si lo tomamos como un insumo de reflexión está bueno”, pero -aclaró- “no es necesario exponerlos”. “Estoy a favor de escuchar su voz, pero en una sala privada. No estoy de acuerdo con la presencia de niños menores de edad acá en la Comisión”, argumentó.
En tanto, la diputada Sarapura consideró: “Me parece fundamental el derecho de ser oído, y más en el marco de tener esta propuesta como un insumo a la hora de elegir un Defensor”.
La figura del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes fue creada por la Ley 26.061, que establecía que su designación debía concretarse en un plazo de 90 días desde su entrada en vigencia, hace ya doce años.