El director regional de G-CERTI Global Certification explica que "los ataques cibernéticos al Hospital Garrahan y al PAMI evidencian la falta de sistemas certificados bajo ISO 27001 e ISO 22301, lo que ha derivado en interrupciones prolongadas de servicios esenciales y, en algunos casos, en el regreso forzado a procesos manuales".
El sector público argentino atraviesa un punto de inflexión que no admite demoras. La inminente actualización de la norma ISO 9001, prevista para septiembre de 2026, marcará un antes y un después en la forma en que las instituciones deberán demostrar su capacidad de gestión, su transparencia y su resiliencia. Ya no bastarán declaraciones bien intencionadas ni marcos legales que permanecen en la teoría: se exigirá evidencia verificable, procesos documentados y resultados capaces de sostenerse frente a una auditoría independiente y bajo criterios globales más estrictos.
En este contexto, la International Accreditation Center (IAC), en colaboración con G-CERTI, está llevando adelante un relevamiento técnico sin precedentes a través del Informe Nacional de Calidad y Gestión Pública. El estudio, que ya abarca organismos de todo el país, aplica estándares internacionales para medir la madurez institucional y el nivel de preparación ante el nuevo escenario normativo. La metodología combina entrevistas técnicas en profundidad, revisión documental y comparativas con prácticas nacionales e internacionales de referencia.
Los primeros resultados son claros: aunque existen avances emblemáticos, como la certificación antisoborno de la Municipalidad de Escobar o la implementación de ISO 37001 y 37301 en la Casa de Moneda Argentina, la adopción sistemática de estos estándares sigue siendo limitada. La integridad en las compras públicas continúa siendo un punto débil y la ausencia de certificaciones independientes erosiona la confianza ciudadana, limitando el impacto real de programas de integridad exigidos por la Ley 27.401.
En seguridad de la información y continuidad operativa, los ataques cibernéticos al Hospital Garrahan y al PAMI evidencian la falta de sistemas certificados bajo ISO 27001 e ISO 22301, lo que ha derivado en interrupciones prolongadas de servicios esenciales y, en algunos casos, en el regreso forzado a procesos manuales. La recuperación improvisada y la dependencia de infraestructuras obsoletas ponen en riesgo la atención y la seguridad de millones de personas, subrayando la urgencia de institucionalizar protocolos de prevención, pruebas de recuperación y controles de acceso robustos.
La gestión ambiental y la seguridad laboral enfrentan déficits estructurales de magnitud: el país produce alrededor de 45.000 toneladas de residuos urbanos al día, mantiene miles de basurales a cielo abierto y expone a más de 150.000 recuperadores urbanos a condiciones precarias. La aplicación de ISO 14001 permitiría ordenar y optimizar la gestión de residuos con impacto positivo en el ambiente y la salud pública, mientras que ISO 45001 establecería un marco para proteger la seguridad y salud de quienes realizan tareas críticas en condiciones de riesgo.
En el plano digital, aunque el Estado ha logrado avances en trámites en línea y plataformas de atención ciudadana, la falta de interoperabilidad entre sistemas, la fragmentación de datos y la ausencia de una gobernanza digital integral amenazan la eficiencia y la seguridad. Sin marcos normativos claros y estándares unificados, las inversiones en tecnología corren el riesgo de convertirse en soluciones parciales que no resuelven el problema de fondo.
La llegada de la nueva ISO 9001 en 2026, con un enfoque reforzado en resultados, gestión de riesgos, sostenibilidad, digitalización y resiliencia, exigirá a las instituciones públicas revisar sus procesos, capacitar equipos y asumir la calidad como política de Estado. Las organizaciones que se anticipen a este cambio no solo mantendrán su competitividad institucional, sino que ganarán en legitimidad, eficiencia y capacidad de respuesta frente a crisis.
El Informe Nacional de Calidad y Gestión Pública será presentado ante autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como a organismos multilaterales y actores estratégicos. Se espera que sus conclusiones sirvan como base para decisiones políticas, priorización de inversiones y planes de modernización del aparato estatal. El tiempo para actuar es ahora: en 2026, la diferencia entre llegar preparados o improvisar se medirá en reputación, financiamiento y capacidad de cumplir con las demandas de una sociedad que ya no tolera fallas en la gestión pública.